El resultado del 20 de mayo está cantado, es un fraude anunciado. Hoy a escasos 15 días de ese evento, pareciera que el país se encuentra en un callejón sin salida; devastado por la peor crisis económica de la historia y en medio de un absoluto vacío de conducción política para enfrentarlo. El gobierno lo sabe y se aprovecha de ello.
Después del anuncio de la “tendencia irreversible” que hará Tibisay Lucena, al borde de la medianoche, Nicolás Maduro consciente de su muy precaria legitimidad, tendrá irremediablemente que procurar una vía que le permita crear un ambiente de gobernabilidad en el que pueda tomar las impostergables decisiones de carácter macroeconómico y financiero, indispensables para superar una coyuntura en la que sabe no podría resistir mucho tiempo más.
La implementación de medidas económicas como las que necesita Venezuela para superar esta espantosa crisis económica y social, implicaría un alto costo político; pero teniendo en cuenta los ínfimos niveles de agrado y aprobación que tiene el régimen, no podrá correr el riesgo de asumir solo este costo, ni aun haciendo uso de la fuerza. Es por ello que se vería obligado a construir un acuerdo en el que sectores de la oposición respalden sus decisiones y contribuyan a mantener la gobernabilidad.
El expresidente español Felipe González, expresaba este fin de semana en rueda de prensa ofrecida desde Colombia, su preocupación por la posible existencia de un pacto con Maduro, en un intento por lavar su imagen. Y señaló que Henry Falcon —en virtud del incumplimiento de condiciones que el mismo había tachado de inexcusables- ha explicado ante embajadores de la Unión Europea que habría “un acuerdo poselectoral”.
Esta declaración debe encender todas las alarmas a los venezolanos; y debe obligar a los líderes de la oposición verdaderamente alineada con los intereses del país, a un inmediato pronunciamiento conjunto comprometiéndose a no prestarse para tan peligroso juego.
Demasiadas coincidencias hacen obligatorio que revisemos el “Gran Acuerdo Político Nacional”, firmado en 2008 por el dictador de Zimbawe Robert Mugabe y Morgan Tsvangirai, líder de la oposición en ese país, tras meses de violentos enfrentamientos que originaron una inmensa ola de desplazados, que huían del conflicto después de un proceso electoral no reconocido por la Unión Africana de Naciones, la Comunidad para el Desarrollo de África del Sur, ni por gran parte de la comunidad internacional.
Ese Gran Acuerdo Político Nacional comienza reconociendo a Mugabe como Presidente. Designa a Tsvangirai como Primer Ministro y al líder del tercer partido del país se le nombra Primer Vicepresidente Ministro, cargo creado especialmente para la firma de este acuerdo, en el que fue mediador el presidente de Sudáfrica para el momento Thabo Mbeki. En la negociación para el reparto del poder entre el gobierno y la oposición de Zimbawe, se decidió que 15 de los ministros serían designados por el oficialismo y 16 por los partidos opositores.
El nombramiento de Tsvangirai y de la mayoría de los ministros (cargos que fueron ocupados por relevantes figuras de la oposición), ingenuamente fue considerado un triunfo de los líderes opositores al pensar que garantizaría un gobierno compartido. En consecuencia se abandonaron las protestas de calle y la confrontación con el gobierno. Al ser parte del gobierno, perdieron su capacidad de hacer oposición. Pero la realidad era que el control verdadero del gobierno y su burocracia, lo seguía manteniendo Mugabe, solo que desde entonces, compartía y diluía los costos políticos que antes le eran exclusivos con los principales líderes de la oposición, que se debilitaron totalmente al absorber dichos costos.
Muchos de los compromisos que se incluyeron en ese gran acuerdo nacional nunca fueron cumplidos, y así, en un gobierno donde nada se consultaba pero donde todos eran corresponsables, transcurrieron 4 años desde su implementación. Llegada la oportunidad, se convocó a unas nuevas elecciones nacionales, regionales y municipales de manera conjunta, en las que arrasaron Robert Mugabe y su partido en todos los cargos. Dada la aplastante derrota, Mugabe da por concluido el gran acuerdo nacional y acusa a los opositores de incompetentes y de ser los causantes de la debacle económica que hizo que Zimbawe ocupara el último puesto en el ranking de desarrollo humano mundial.
Permitir la firma de un acuerdo poselectoral con el gobierno y el chavismo, sería aún peor que haber asistido al proceso fraudulento del 20 de mayo. Esto le daría a Maduro y su régimen la posibilidad de sortear su falta de legitimidad, neutralizar a la oposición y endurecer el control.
Los ciudadanos tenemos que ser vigilantes de que el afán por un par de cargos no nos haga repetir la dantesca historia de 37 años de opresión que vivió Zimbawe.
@judithsukerman / [email protected]