La compañía de inteligencia geopolítica Strategic Forecasting Inc (Stratfor) ha publicado hoy su más reciente trabajo sobre Venezuela [ A $2 Billion Ruling Adds to Venezuela’s Woes ] donde analiza el impacto de la sentencia del la Cámara de Comercio Internacional donde obliga a pagar al gobierno de Venezuela 2,04 MMMUSD a la empresa petrolera ConocoPhillips por la confiscación activos en Venezuela.
Por lapatilla.com
En resumen, Stratfor analiza que:
* Los acreedores y las empresas extranjeras intentarán apoderarse de los activos petroleros venezolanos, incluidas las terminales de exportación y las refinerías, como compensación por los reclamos de arbitraje y los pagos pendientes no recibidos.
* La incautación de ciertos activos venezolanos de exportación de energía provocará que la producción de petróleo en Venezuela y los ingresos de exportación del país se desplomen rápidamente.
* La débil posición política de Venezuela empeorará, y algunos funcionarios del partido gobernante podrían considerar una mayor purga anticorrupción en la compañía petrolera estatal o una negociación con Estados Unidos para una transición del poder como formas de salir de la creciente inestabilidad.
Las viejas disputas sobre la estatización de empresas petroleras hace 11 años están volviendo a perseguir a Venezuela y amenazar aún más su estabilidad política. En abril, un panel de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional dictaminó que la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) debía a ConocoPhillips $ 2 mil millones por incautar los activos de la compañía estadounidense en 2007. Los acreedores y compañías privadas también buscando compensación, incluido el contratista de energía canadiense SNC-Lavalin, que demandó a PDVSA por no realizar un pago de $ 25 millones.
Para impulsar a PDVSA a pagar los $ 2 mil millones que le debe, ConocoPhillips solicitó órdenes judiciales de las autoridades holandesas para congelar activos, incluido el crudo, en las instalaciones de exportación del Caribe operadas o de propiedad de PDVSA. Los tribunales con jurisdicción sobre Bonaire y San Eustaquio aplicaron dos de las órdenes; un tribunal de Curazao autorizó una tercera orden, de acuerdo con informes del 12 de mayo. La medida perturbó la actividad venezolana en las tres islas caribeñas administradas por los Países Bajos, y PDVSA redirigió los buques tanque a Venezuela, alejándolos de ellas, por temor a que las autoridades holandesas confiscaran sus cargas.
Las órdenes judiciales eventualmente pueden permitir que ConocoPhillips tome el control de los principales activos de PDVSA en el Caribe. Las instalaciones incluyen la refinería Isla en Curazao y las instalaciones de almacenamiento en San Eustaquio y Bonaire. En conjunto, la refinería y las terminales representan alrededor del 25 por ciento de las exportaciones venezolanas de petróleo crudo y productos refinados.
Según cálculos de Reuters, Pdvsa exportó por medio de sus instalaciones en El Caribe, un promedio de 409.820 bpd durante el año 2017.
ConocoPhillips no necesariamente tiene la intención de hacerse de la refinería y las terminales. Lo que la compañía con sede en EE. UU. probablemente esté ejerciendo presión legal para obtener una compensación de parte de PDVSA lo más pronto posible. A PDVSA le cuesta dinero y su producción de petróleo ha disminuido en casi 500,000 bpd a 1,4 millones bpd durante el último año. Las exportaciones de petróleo, que representan casi todos los ingresos de exportación del país, seguirán disminuyendo. Como resultado, ConocoPhillips pretende ser el primero en obtener lo que PDVSA le debe antes que otros acreedores y compañías que buscan compensación por los bonos incumplidos o pagos otorgados por paneles de arbitraje se acumulen.
Pero el enfoque agresivo de ConocoPhillips puede tener repercusiones domésticas en Venezuela. Si los tribunales permiten que ConocoPhillips se haga cargo de esos activos en el Caribe, PDVSA y los políticos que dependen de la disminución de sus ingresos para mantener estable a Venezuela estarán en un aprieto. La producción de PDVSA ya está disminuyendo debido a la escasez de mano de obra (causada por una fuga de talentos y la inflación galopante), los niveles extremos de injertos operacionales, la baja inversión extranjera y la escasez de financiamiento externo. La pérdida de activos en cualquiera de las tres instalaciones en El Caribe empujaría aún más abajo las exportaciones de PDVSA.
Tal pérdida se convertiría rápidamente en un problema político importante para Venezuela. El gobierno del presidente Nicolás Maduro es una confederación de funcionarios interesados en una sola cosa: permanecer en el poder. Hasta ahora, la disminución ha sido manejable para ellos. Pero una toma de activos agravaría la crisis económica del país. En tal caso, la presión más importante sobre Caracas sería desde sus élites, no de los votantes. Los líderes venezolanos no son particularmente receptivos al impacto de la crisis en los votantes. Las elecciones han sido manipuladas y miles de potenciales votantes abandonan el país cada mes a medida que el colapso económico empeora. Pero la posibilidad de disturbios crecientes y violentos entre los ciudadanos que pierden el acceso a alimentos y servicios básicos será una preocupación creciente. Perder el acceso a los ingresos petroleros, tanto para llenar sus propios bolsillos como para mantener contentos a los aliados políticos, también será un riesgo que algunos funcionarios consideran inaceptable.
Si ConocoPhillips tiene éxito en el embargo de los activos venezolanos de exportación de petróleo, las confrontaciones entre las élites en el país probablemente crecerán. La corrupción a través de importaciones fraudulentas y el robo total han debilitado a PDVSA, en miles de millones de dólares de sus ingresos desde que el Partido Socialista Unido de Venezuela comenzó a gobernar. La perspectiva de gobernar sobre un país cada vez más inestable con una producción de petróleo que cae rápidamente puede llevar al gobierno a tratar de purgar a PDVSA de funcionarios notoriamente corruptos. A menos que tal purga sea cuidadosamente coordinada y respaldada por la amenaza de encarcelamiento o incluso violencia, generará un conflicto político interno importante.
El apoyo también puede crecer entre algunos funcionarios del partido gobernante para un acuerdo negociado con los Estados Unidos para una transición de poder. Este enfoque permitiría a los funcionarios venezolanos evitar sanciones más severas que dificultarían la recuperación del sector petrolero en el futuro. Algunas figuras del partido gobernante también pueden sentir que se beneficiarían de una transición, ya que sería preferible llegar a un acuerdo con Washington que gobernar un estado inestable y ruinoso. Pero tales conversaciones serían complicadas e involucrarían a docenas de funcionarios venezolanos clave. Y una vez que comienzan, no hay garantía de que sean fructíferas.
Caracas enfrenta un camino difícil por delante. En lugar de intentar purgas anticorrupción políticamente peligrosas o una negociación compleja, el gobierno puede optar por seguir gobernando sobre un país en declive de una manera cada vez más autoritaria. Difícilmente es la opción más favorable: la crisis solo empeorará antes de que mejore. Pero también es el camino de menor resistencia para el gobierno de Maduro, y pudiera optar por luchar contra las élites que aún apoyan su gobierno.