Aunque dejó a Venezuela regada de obras inconclusas, pese a los importantes anticipos que cobró, el Estado está en deuda con la constructora Norberto Odebrecht. Así lo revela una investigación realizada por la organización Transparencia Venezuela, la cual calculó que las facturas de la Nación con la empresa brasileña pueden ascender a los 16 millardos de dólares.
Por: Juan Francisco Alonso / Crónica Uno
La cifra comprometida supera con creces a las reservas internacionales que tiene el país en la actualidad, las cuales el 10 de mayo se encontraban en 10.215 millones, de acuerdo con la información disponible en el sitio web del Banco Central de Venezuela (BCV).
“La empresa brasileña está exigiendo los pagos pendientes y procura quedarse con la maquinaria y los equipos. A su vez, no menciona el pago de las indemnizaciones por los retrasos en las obras”, denunció Transparencia, la cual obtuvo el monto tras identificar las 33 obras que los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, le otorgaron la compañía, el cual en la actualidad se encuentra investigada por la mitad de los países latinoamericanos debido a la red de sobornos que levantó en la última década para hacerse con millonarios contratos públicos en la región.
La organización en un extenso informe, publicado este domingo y el cual le tomó cinco años de investigación, halló que desde 1999 los sucesivos Ejecutivos chavistas firmaron con la empresa 40 contratos, número que “no tiene comparación” en la región y que solo fue superado por el propio gobierno de Brasilia. La mitad de esos acuerdos tendrían un coste para las arcas públicas de 30 millardos de dólares, según se lee en el reporte, aunque hasta el momento el Estado habría desembolsado 13,2 millardos por 18 de ellos.
Algunos de los montos concuerdan con los primeros cálculos realizados por el Ministerio Público durante la gestión de la destituida y ahora en el exilio fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien en entrevista concedida al Estado de Sao Paulo en julio del año pasado aseveró: “Investigamos 20 grandes obras de infraestructura, de las cuales nueve fueron ejecutadas y once están paralizadas, entre las cuales está por ejemplo el tercer puente sobre el río Orinoco. En las obras paralizadas el Estado canceló un monto aproximado de 30 mil millones de dólares. Pese a que el Estado pagó los 30 mil millones esas obras no se terminaron. Esa es una cifra de dinero importante que indudablemente ha afectado el patrimonio nacional y la prestación de distintos servicios a los ciudadanos”.
Unos elefantes blancos muy caros
De las 33 obras que los gobiernos de Chávez y Maduro adjudicaron a Odebrecht, la empresa solamente terminó nueve, de acuerdo al reporte de la organización, la cual se quejó que no solo de la falta de información oficial respecto al estado de las obras sino de que ni siquiera le permitieron a sus colaboradores acercarse para tomar fotos en algunas de ellas y así constatar su avance.
De los proyectos adjudicados la central de Tocoma, en el estado Bolívar, es la que presenta el mayor grado de avance, más del 80%; mientras que la segunda fase de la línea 5 del Metro de Caracas y los metrocables de Antímano y de Petare Sur apenas presentan un avance en su ejecución del 6,20 y 6%, respectivamente. En el caso de los sistemas de transporte masivo antes mencionados la lentitud con la que Odebrecht desarrolló sus obras contrasta con el hecho de que las autoridades le entregaron anticipos de hasta el 60%.
Entre marzo y julio de 2017 el Poder Judicial determinó, mediante en unas inspecciones solicitadas por la Procuraduría General de la República, que la mayoría de las obras adjudicadas a la empresa brasileña estaban paralizadas y que en algunas de ellas apenas si se había realizado algún trabajo.
Esta situación ocurrió a pesar de que a lo largo de los años los contratos fueron modificados y los montos originalmente presupuestados fueron modificados al alza sustancialmente, así como las fechas de entrega fueron extendidas también.
¿Por qué Odebrecht recibió tantos contratos? La investigación no pudo despejar esto, pues “no tenemos acceso a ningún informe de licitación, ni consulta de precios o adjudicación directa. No hay informes técnicos de la propuesta de ingeniería, diseño, arquitectura o materiales”, señaló Transparencia, quien dejó entrever que esto pudo deberse a la estrecha relación entre los gobiernos de Chávez y del expresidente brasileño Luis Inacio Lula Da Silva, también procesado por sus nexos contra esta empresa.
Aló, Contraloría; aló, Fiscalía
La organización especializada en combatir la corrupción, en su informe, criticó que la decisión del Ejecutivo de Maduro de rescindir los contratos con Odebrecht no se haya traducido en la reactivación de las obras y en su culminación. Asimismo fustigó el silencio que la Contraloría General de la República y la Fiscalía ahora dirigida por Tarek William Saab han guardado sobre este asunto.
Tras recordar que exdirectivos de la empresa declararon a las autoridades judiciales estadounidenses que pagaron 98 millones de dólares a funcionarios venezolanos a cambio de contratos, la organización se mostró sorprendida porque eso no haya motivado al despacho dirigido por Manuel Galindo a iniciar una averiguación.
“La Contraloría no ha publicado nada, inexplicablemente tampoco abrió investigaciones, ni las solicitó al Ministerio Público”, se lee en el reporte, en el cual se agrega: “La Fiscalía General de la República bajo la dirección de Tarek William Saab, por demás activa en el caso contra la Pdvsa de (el exministro Rafael) Ramírez, guarda silencio sobre Odebrecht”.
A las semanas de ser designado por la Constituyente, Saab anunció la reapertura del caso Odebrecht, alegando que su antecesora no había hecho nada, pero porque acusó a los fiscales que originalmente tuvieron el asunto en sus manos (Pedro Lupera y Luis Sánchez) de estar vinculados a una red de extorsión que habría operado en la Fiscalía.
“El caso aquí estaba engavetado. No hubo impulso de acción penal sobre el caso de Odebrecht aquí. Ya comenzamos a hacer indagaciones, porque el caso está reabierto con nuevos fiscales”, soltó en septiembre y en octubre anunció que había solicitado nuevamente capturar al expresidente de la filial venezolana de la empresa, Euzenando Prazeres, quien admitió haber entregado dinero a la campaña electoral de Maduro, así como de algunos candidatos opositores a gobernadores.
El Fiscal designado por la Constituyente no ha dicho nada de este último asunto ni de los señalamientos que realizó Mónica Moura, la esposa del publicista brasileño que realizó la última campaña presidencial del fallecido Hugo Chávez, quien dijo que el actual mandatario le entregó, en 2012, 11 millones de dólares en efectivo para pagarle los servicios a su cónyuge. Moura aseguró a la justicia de su país que los fondos habrían salido de Odebrecht y de otras empresas brasileñas que tenían contratos con el Gobierno venezolano.
Por último, Transparencia en su informe dejó entrever que el constituyente Diosdado Cabello y su hermano, el superintendente del Servicio de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), José David; o el diputado Haiman El Troudi son algunos de los más de 20 jerarcas del chavismo, entre civiles y militares, que deberían dar explicaciones ante la justicia, pues ellos suscribieron algunos de los contratos en cuestión o tuvieron la responsabilidad de supervisarlos.