¿Necesitamos un CNE en el exilio?, por Gustavo Azócar Alcalá

Gustavo Azócar Alcalá @gustavoazocara
Gustavo Azócar Alcalá @gustavoazocara

La Asamblea Nacional de mayoría opositora aprobó el pasado martes 22 un acuerdo para reiterar el rechazo a las fraudulentas “elecciones” presidenciales del domingo 20 de mayo. Los diputados opositores señalaron que se declaraba inexistente la farsa electoral debido a que se realizó al margen de la Constitución.

Una semana antes, la misma Asamblea Nacional difundió un acuerdo en el que se señalaba que el evento del 20 de mayo de 2018 no era más que un simulacro electoral y que el mismo no tenía la legalidad necesaria para ser considerado como una elección presidencial.

En los dos pronunciamientos emitidos por la AN, antes y después del show electoral montado por Nicolás Maduro, me ha llamado poderosamente la atención el hecho de que no se dice nada acerca de la flagrante violación en la que han incurrido las cuatro reptoras del CNE. Tal parece que a los diputados de la Asamblea Nacional les tiene sin cuidado lo que vienen haciendo estas cuatro señoras que, nadie lo duda, son las principales responsables del gran fraude continuado que se viene cometiendo en Venezuela desde el pasado 30 de julio de 2017, cuando avalaron, promocionaron y organizaron la espuria elección de la supuesta Asamblea Nacional Constituyente.

Tengo muchos amigos dentro de la AN. No exagero al decir, que conozco a más de la mitad de los 109 diputados opositores que hacen vida en la Asamblea Nacional. Voté por 7 de ellos en las elecciones de diciembre de 2015. Pero eso no me impide ser crítico con todo lo que hacen. He dicho, y lo sostengo, que la actual Asamblea Nacional sigue en deuda con el país. La gestión de Henry Ramos Allup, entre enero de 2016 y enero de 2017 fue puro show. La gestión de Julio Borges, entre enero de 2017 y enero de 2018 fue puro bla, bla, bla. Y en la actualidad, la gestión de mi buen amigo Omar Barboza Gutiérrez parece ir por el mismo camino.

La Asamblea Nacional que elegimos por mayoría aplastante en diciembre de 2015, ha demostrado ser muy rápida para redactar proclamas y comunicados, pero muy lenta a la hora de tomar decisiones trascendentales para el futuro inmediato del país. Desde el año 2016 los venezolanos hemos estado esperando que la AN designe nuevos rectores en el Consejo Nacional Electoral. Esa debió haber sido una de las primeras tareas del poder legislativo en manos de las fuerzas opositoras. Pero tras dos años y medio, nuestros diputados parecen estar ocupados en otras tareas.

La directiva del CNE no ha sufrido cambios desde el 27 de diciembre de 2014, cuando el TSJ dominado por el oficialismo ratificó en sus cargos a las cuatro reptoras chavistas y designó, producto de un acuerdo secreto con la MUD, a Luis Emilio Rondón. La oposición venezolana rechazó el nombramiento de las rectoras por parte del TSJ, pero se hizo de la vista gorda frente a la designación de Rondón. El 15 de agosto de 2017, Rondón fue ratificado en su cargo por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente luego que éste se subordinara a ese órgano de origen cubano.

Una de las pocas cosas que hay que reconocer a la Asamblea Nacional, fue la designación del denominado Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio. Frente al reclamo del país nacional, los diputados opositores juramentaron el 21 de julio de 2017 un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente desde 1999.

Pese a la persecución desatada por el gobierno de Nicolás Maduro contra sus familias, los magistrados que integran el TSJ designado por la AN, se encuentran exiliados en cuatro países: Panamá, Chile, Colombia y Estados Unidos, y se reúnen cada semana a través de internet, mientras que las diferentes Salas trabajan a diario en las solicitudes que reciben a través del correo electrónico y de su página web. Ese TSJ en el exilio, hay que admitirlo, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la dictadura porque sus decisiones y sentencias, tienen el reconocimiento de la Secretaría General de la OEA, del Grupo de Lima y de muchas otras instancias internacionales.

Hubo muchas presiones contra la Asamblea Nacional y las directivas de varios partidos políticos de oposición para que no se procediera al nombramiento de un nuevo TSJ. Pero a pesar de ello, el 21 de julio de 2017 la Asamblea Nacional designó a 13 magistrados principales y 21 suplentes. Tres días después, el 24 de julio, tres magistrados habían sido detenidos y los otros 30 ya se encontraban en la clandestinidad.

Hay quienes consideran que las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio no tienen validez alguna, pero no es así. Todas esas sentencias tienen valor probatorio y serán utilizadas en su debido momento, no solamente contra Nicolás Maduro Moros, sino también contra todos los funcionarios que forman parte de la dictadura y que se han encargado de violar la Constitución y las leyes venezolanas desde hace casi 20 años.

Ahora bien: ¿Por qué la Asamblea Nacional designó un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, pero no ha designado un nuevo directorio en el Consejo Nacional Electoral? Esa parece ser la pregunta de las 64 mil lochas. Nadie en su sano juicio puede entender las razones por las cuales la Asamblea Nacional sigue en deuda en torno al nombramiento de nuevos rectores del máximo organismo comicial del país.

Alguien debe recordar a nuestros honorables diputados, algo que ellos ya saben: la Asamblea Nacional tiene la potestad exclusiva y excluyente de designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, de conformidad con el artículo 296 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En mi modesta opinión, todos los fraudes que se han cometido, electoralmente hablando, entre 2017 y 2018, han sido posible por la sencilla razón de que se permitió, desde enero de 2016 hasta nuestros días, que Tibisay Lucena haya continuado al frente de sus funciones como Presidenta del CNE.

No habría existido el fraude electoral del 30 de julio de 2017, durante la supuesta elección de la Asamblea Nacional Constituyente, si los diputados hubiesen destituido y solicitado un juicio penal contra las rectoras del CNE; tampoco se habrían concretado los fraudes electorales de octubre y diciembre de 2017 (elecciones de gobernadores y alcaldes) si los diputados hubiesen cumplido su misión de acabar con ese CNE rojo rojito. Y por supuesto, no se habría podido concretar el más reciente fraude del 20 de mayo de 2018 si nuestros aguerridos y valientes diputados hubiesen hecho la tarea de designar nuevos rectores en el CNE, tal como designaron nuevos magistrados en el TSJ.

Algo extraño y misterioso ha impedido que la Asamblea Nacional cumpla con su obligación constitucional. Recodemos que el 15 de diciembre del 2016, la Asamblea Nacional no logró designar a dos nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y sus suplentes, por falta de quórum, al estar ausente tres diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Los diputados William Barrientos y Adolfo Superlano (UNT) junto a Ricardo Fernández, representante indígena, nunca pudieron explicar de manera satisfactoria las razones por las cuales faltaron a esa sesión. Pero lo cierto es que gracias a su ausencia no se pudo concretar el nombramiento de los nuevos rectores del CNE.

El 25 de agosto de 2017, el diputado a la Asamblea Nacional y secretario general nacional de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, anunció que la MUD había desistido de nombrar a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). Allup argumentó que buscaban evitar que se repitiera el episodio que se vivió con la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que actualmente son perseguidos políticos, algunos están encarcelados y otros en el exilio debido a que se les acusa de usurpación de funciones.

“Nosotros no andamos tratando de constituir ningún gobierno paralelo, lo que queremos es elecciones de gobernadores, alcaldes y presidenciales para sustituir por vía del sufragio a los actuales gobernantes”, dijo Ramos Allup en aquella oportunidad. Sería bueno saber qué piensa ahora, luego de los 4 fraudes electorales que hemos tenido entre julio de 2017 y mayo de 2018 gracias a ese CNE que él no quiso cambiar.

El 19 de octubre de 2017, la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, aprobó por unanimidad la apertura de un procedimiento para la designación de cinco nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). Se suponía que antes de concluir el año2017 debíamos tener nuevos rectores en el CNE. Pero se fue el año 2017, ya estamos casi a mediados de 2018, y el CNE sigue igualito, como si aquí no hubiese pasado absolutamente nada.

Muchos venezolanos no saben, por ejemplo, que Tibisay Lucena Ramírez, forma parte del CNE desde diciembre de 1999, cuando La Asamblea Nacional Constituyente, que inauguró un régimen de transición del Poder Público, la designó como rectora suplente del CNE. Eso quiere decir que Lucena está a punto de cumplir 20 años dentro de ese organismo, primero como suplente, luego como principal posteriormente como presidenta de ese organismo electoral, cargo que ejerce desde el 30 de abril de 2006.

Mi opinión es que necesitamos urgentemente un nuevo CNE. Y esa decisión sólo la puede adoptar un solo organismo en Venezuela: la Asamblea Nacional. Nuestros diputados no pueden seguir evadiendo su responsabilidad. Los discursos, las proclamas, los considerandos y todo lo que sirva para ser impreso en papel es muy bueno, pero ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos. Ya tenemos un TSJ en el exilio. Pues bien, llegó la hora de tener también un CNE en el exilio, porque con toda seguridad los nuevos rectores serán perseguidos, encarcelados y obligados a abandonar el país como ya ocurrió con los magistrados del TSJ designado por la AN.

La primera tarea del CNE en el exilio debe ser la convocatoria de elecciones parlamentarias en el estado Amazonas. Es urgente recuperar esas 4 curules, con las cuales, las fuerzas democráticas tendrán 113 diputados, es decir, mayoría absoluta para destituir inmediatamente a Nicolás Maduro de la Presidencia de la República y convocar nuevas y verdaderas elecciones presidenciales, limpias, cristalinas, transparentes y con suficiente aval y reconocimiento internacional.

No basta con cantar fraude. Hay que actuar. A la dictadura no sólo se le deslegitima con la abstención activa y militante, como ocurrió el pasado domingo 20 de mayo. También se le deslegitima con actos de ley, consagrados en la Constitución, como la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, que desde el exilio está haciendo su trabajo, y el nombramiento urgente de un nuevo directorio en el CNE, que haga lo que Tibisay Lucena y las demás reptoras se han negado a hacer. Usted tiene la palabra, diputado Omar Barboza Gutiérrez.