Día que transcurre, día en el que se registren múltiples formas en las que se agrede el derecho de propiedad de los venezolanos. De esto pueden dar testimonios los productores agropecuarios, los empresarios sin importar el tamaño de su empresa, los comerciantes y cada uno de los ciudadanos que son cobijados bajo el cielo venezolano.
Por Ana María Carrasquero en Cedice
El resultado de todas estas tropelías es pagado por los consumidores, quienes deben estar conscientes de que estas acciones desincentivan a los pocos que aún producen algo en el país y hacen que la ya diezmada oferta de productos, disminuya y por consiguiente se encarezcan aún más.
La hiperinflación y la aniquilación del poder adquisitivo del venezolano son consecuencia directa de las políticas gubernamentales. Aplicar rebajas forzadas de precios a productos, decomisar alimentos y expropiar a comerciantes sólo agudiza más la emergencia humanitaria causada por el régimen. Casi 20 años de este tipo de medidas son la prueba fehaciente de que este es el camino errado. Examinemos lo que ha ocurrido en la segunda quincena de abril.
El pasado 17 de abril la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) acusó de “especulación, condicionamiento de venta y desestabilización económica” a la empresa Acumuladores Duncan y ordenó la disminución de sus precios entre un 48% y 51%. Antes de esta medida una batería de 600 amperios costaba un poco más de 10 millones de bolívares, después de la medida el precio disminuyó a la mitad. La experiencia acumulada en casi dos décadas de controles permite prever que, gracias a la intervención de la Sundde, las baterías desaparecerán.
Para desgracia del país, entre las formas en las que se vulnera los derechos de propiedad de los productores del campo, no solo se cuenta la actuación de los delincuentes a través del abigeato, sino que se deben enumerar los saqueos de los que son víctimas a manos de las autoridades, quienes sustraen un porcentaje de la producción que intentan comercializar, bien sea de las reses (en pie o canales), queso u hortalizas. En los estados de vocación agrícola, funcionarios gubernamentales continúan con el decomiso a los productores de carne, queso, verduras y hortalizas que son trasladados por tierra para su venta en las ferias y mercados populares que tienen lugar en las ciudades. Entre los casos destaca el pronunciamiento del director de Asuntos Agropecuarios de Fedecámaras Táchira, el Sr. Óscar García, quien denunció el 21 de abril el decomiso del que han sido víctima productores tachirenses a manos de efectivos militares adscritos a la Zona Operativa de Defensa Integral del Estado Apure.
Una vez que los productos llegan a los sitios en los que son comercializados, han superado un sinfín de obstáculos, impuestos por los entes que están llamados a incentivar y proteger la producción para satisfacer las necesidades de los ciudadanos venezolanos. Dicho en buen criollo, la matraca sólo perjudica a los consumidores.
El 23 de abril trascendió que la Alcaldía de Caracas publicó en la gaceta Municipal N°4303-1 el decreto de expropiación de 7 locales situados en torno a la Plaza El Venezolano en los que estaban ubicados desde hace más de 50 años, piñaterías, artesanos y un restaurante. La razón que se argumenta es el inicio del “proceso de recuperación integral de cada una de las manzanas fundacionales que forman parte del casco histórico de Caracas” como se lee textualmente en el cartel de notificación. Los comerciantes indignados por esta medida no tuvieron más remedio que rematar la mercancía antes de ser desalojados. Llaman la atención las declaraciones recogidas por un portal de noticias, en las que uno de los afectados aseguraba estar sorprendido por la medida, ya que nunca había dejado de votar por la revolución, con lo cual se evidencia que los derechos de todos los venezolanos están en riesgo, sin importar su lealtad política. Después de todos estos años de vulneraciones, debería estar claro que el respeto a la libertad y los DDHH está reñido con el socialismo del siglo XXI.
Estos sucesos son la prueba de que el régimen insiste en el ataque al derecho de propiedad como parte de una política para destruir lo poco que queda en pie del aparato productivo nacional, para así profundizar la dependencia de la ciudadanía y por tanto la capacidad gubernamental para dominar a cada uno de los venezolanos.
