Canadá impone nuevas sanciones a 14 funcionarios del régimen de Maduro

La Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, participa en un evento en la Universidad de Ottawa en Ottawa, Ontario, Canadá, el 14 de agosto de 2017. REUTERS / Chris Wattie
La Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, participa en un evento en la Universidad de Ottawa en Ottawa, Ontario, Canadá, el 14 de agosto de 2017. REUTERS / Chris Wattie

 

La Oficina de Política Exterior de Canadá confirmó que 14 miembros del gobierno bolivariano han sido sancionados “en respuesta a las elecciones presidenciales ilegítimas y antidemocráticas celebradas en Venezuela el 20 de mayo”.

Traducción libre de LaPatilla.com
Los 14 individuos señalados por las nuevas sanciones canadienses son:

Tania Valentina Díaz González, vicepresidenta de la constituyente cubana.

Fidel Ernesto Vásquez Iriarte, secretario de la Asamblea Nacional Constituyente cubana.

Carolys Helena Pérez González, subsecretaria de la constituyente cubana.

Cilia Adela Flores de Maduro, esposa de Nicolás Maduro.

Erika del Valle Farías Peña, alcaldesa del municipio Libertador de Caracas.

Ramón Darío Vivas Velasco, diputado de la constituyente cubana.

Christian Tyrone Zerpa, magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

Fanny Beatriz Márquez Cordero, magistrada de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

Malaquías Gil Rodríguez, vicepresidente de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

Indira Maira Alfonzo Izaguirre, magistrada de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

Jhannett María Madriz Sotillo, magistrada de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

Carlos Enrique Quintero Cuevas, rector suplente del Consejo Nacional Electoral y miembro de la Junta Nacional Electoral.

Xavier Antonio Moreno Reyes, secretario general del Consejo Nacional Electoral.

Carlos Alberto Rotondaro Cova, expresidente de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS).

“Estas sanciones envían un mensaje claro de que el comportamiento antidemocrático del régimen de Maduro tiene consecuencias. El anuncio de hoy es una prueba de nuestro compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo y nuestro rechazo a las elecciones presidenciales fraudulentas de Venezuela. Canadá está tan decidido como siempre a apoyar al pueblo de Venezuela en su búsqueda de un futuro más pacífico, democrático y próspero “, dijo Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores.

“Canadá anuncia hoy nuevas sanciones contra figuras clave del régimen de Maduro. En virtud de la Ley de Medidas Económicas Especiales, la Honorable Chrystia Freeland, Ministra de Relaciones Exteriores, anuncia hoy sanciones específicas contra otras 14 personas responsables del deterioro de la democracia en Venezuela. Las medidas son consistentes con los principios y valores canadienses y apuntan a mantener la presión sobre el gobierno venezolano para restaurar la democracia constitucional y el respeto por los derechos humanos y democráticos”, se puede leer en el comunicado publicado en la página del gobierno canadiense. 

Según lo publicado en dicha página web, las sanciones de Canadá traen como consecuencia: la congelación de activos, en caso de que los haya, en su territorio o sistema financiero y la prohibición para cualquier canadiense a tener transacciones o proveer servicios a los sancionados.

“Las sanciones relacionadas con Venezuela se han promulgado en virtud de la Ley de Medidas Económicas Especiales para implementar la decisión de la Asociación formada entre Canadá y los Estados Unidos de América el 5 de septiembre de 2017”, reza el comunicado.

El pasado 29 de mayo, un grupo de expertos designado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que existe “fundamento razonable” para considerar que Venezuela ha cometido crímenes de lesa humanidad e identificó a 11 posibles responsables, encabezados por el presidente, Nicolás Maduro.

El informe, presentado en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, concluye que hay base legal para denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI).