La conducta asumida por Nicolás Maduro y el chavismo, desde los resultados electorales que les fueron adversos el 6 de diciembre de 2015, fecha en la cual se celebraron las últimas elecciones medianamente competitivas en Venezuela, dejaron absolutamente claro que estamos en presencia de un régimen claramente contrario a los principios y valores que identifican a un sistema democrático. Desconocieron y pisotearon la soberanía popular, cuando tuvieron el descaro de nombrar a sus activistas y dirigentes como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, para que estos a su vez cumpliendo la línea del partido de gobierno, declararan en supuesto desacato a los recién elegidos Diputados de la Asamblea Nacional, órgano que tiene la potestad constitucional de nombrarlos por mayoría calificada de sus dos terceras partes y para continuar el ardid, convocaron unas elecciones internas entre ellos y sus partidos aliados, para según sus propias palabras, designar una supuesta Asamblea Nacional Constituyente, que desde hace once meses, ha venido sirviendo de mampara oficial e instrumento ejecutor de toda clase de tropelías y abusos contra el estado de derecho y la constitución nacional.
Desde diciembre de 2015 la mafia enquistada en el poder, ha cometido los más escandalosos actos contra la institucionalidad, los derechos humanos, la legalidad y la constitucionalidad y ha incurrido en los más dantescos hechos de corrupción, abuso de poder, totalitarismo y segregación política y todos esos eventos han estado dirigidos a mantener secuestrada por la fuerza a Venezuela, lo que los ha hecho acreedores de un conjunto de medidas, restricciones y sanciones, que van desde las individuales del presidente y los altos funcionarios del régimen, hasta las que han afectado a PDVSA, el estado y empresas vinculadas a los turbios manejos que han hecho de la cosa pública todos estos años, pero para completar el compendio de arbitrariedades, decidieron montar un simulacro presidencial extemporáneo, ventajista, ilegítimo y con “candidatos” a su medida, pensando que con ello alargarán por seis años a Maduro y la tragedia que el significa en el poder, pero les está saliendo el tiro por la culata, porque esa burla electoral sólo es reconocida por 9 de los 194 países que conforman naciones unidas y cada día se oyen más voces en los 5 continentes que rechazan el affaire perpetrado, especialmente en América, donde el cerco a la tiranía se hace más evidente y definitivo.
De allí que Maduro, la “ANC”, el “TSJ”, el “FGR”, el “CNE”, el “defensor del régimen” y los ministros pueden cacarear, montar nuevos shows, excarcelar a sus rehenes que ellos injusta e ilegalmente apresaron, habilitar los partidos y los líderes que ellos eliminaron de un plumazo, retornar a los exiliados con todos sus derechos, pedir nuevos “diálogos” caza bobos, llamar al alcahuete y corrupto Rodríguez Zapatero, confesarse y pedir perdón de rodillas ante la iglesia y jurar hasta el cansancio que rectificarán por el bien del país, pero ni los venezolanos ni los países democráticos reconoceremos el viciado e inconstitucional simulacro electoral del 20 de mayo, ni los estados ni los organismos internacionales y multilaterales quitarán las sanciones de las cuales se han hecho acreedores los responsables de la devastación del país con las reservas de hidrocarburos más grande del universo. La única forma de reencontrar la convivencia democrática en Venezuela, es sobre la base del reconocimiento del poder legislativo, como única expresión de la soberanía popular y el nombramiento de un PODER ELECTORAL autónomo como lo establece la Constitución, que es como puede garantizarse en un plazo perentorio, la restitución del derecho al voto universal, directo y secreto y la convocatoria a unas elecciones democráticas, transparentes y libres.
“Quienes defienden el derecho a la vida de asesinos, avalan la pena de muerte de ciudadanos inocentes”
Por. Lic. Pedro segundo Blanco ex parlamentario del estado Sucre
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