Vivimos la peor crisis de nuestra historia. Los desequilibrios macroeconómicos hacen inviable cualquier maniobrabilidad fiscal, monetaria y cambiaria. El colapso es sistémico. En veinte años se redujo la producción petrolera a menos de la mitad. El financiamiento monetario del déficit fiscal acentúa la inflación, la escasez y aleja la posible solución al default. No hay soporte financiero para acometer un plan de reformas. El saqueo persiste. No es sostenible esta situación en el tiempo. La presión internacional avanza.
El consenso general nacional e internacional es que Venezuela pasa por la peor crisis de su historia contemporánea en materia política, económica y social.
No hay duda de que los desequilibrios macroeconómicos marcados por las inestabilidades en el sector externo de la economía evidenciados en la caída sostenida de las reservas internacionales, flujos de capitales mínimos históricos, situación de aislamiento financiero, desbalance fiscal estructurado persistente, reducción de patrimonio público con elevados niveles de deuda, caída en las importaciones, crecimiento exponencial en los agregados monetarios y la reducción de la actividad económica en general hacen completamente inconsistentes e inviables cualquier ejercicio de maniobrabilidad en política fiscal, monetaria y cambiaria en el contexto de la coyuntura política actual.
El colapso sistémico con un tipo de cambio en caída libre es la acepción económica oportuna para determinar lo que se vive actualmente.
La reducción de la producción petrolera ha pasado de 3.5mill barriles día en 1998 a 1.65 mill b/día en 2017, evidenciando el colapso de la industria, ha reducido el flujo de caja real efectivo de PDVSA. Esto acentúa su merma al descontar lo destinado al mercado interno y para pagos de deuda con China y Rusia, así como los utilizados en las donaciones a Petrocaribe y Cuba.
La caída vislumbra el continuo deterioro inercial de la economía venezolana y una política de control de daños signada por el financiamiento monetario del déficit, el descontrol en la inflación, la reducción en la oferta de bienes y servicios y el impago de la deuda externa como realidades que de facto no podrán ser superadas en el corto plazo.
Frente a este contexto existe una conclusión absoluta: el soporte financiero requerido para acometer un programa de reformas será cada vez más elevado en función del deterioro progresivo que genere un tiempo mayor para su ejecución.
Hay posturas de pensamiento que sugieren que este tipo de regímenes se alimenta de la pobreza de sus habitantes, y que en la medida que se produzca el éxodo masivo se afianza la fuerza de una dictadura a pesar de los bajos niveles de renta per cápita, pues la indefensión de sus habitantes genera dependencia en su pobreza crítica y depauperación moral.
Además, la poca renta de origen petrolero en el marco de un control de cambio aún produce una distribución de riqueza entre grupos de interés y poder especialmente posicionados para tener acceso a las pocas divisas para importar y que luego al marcar sus productos con el nivel del paralelo generan una renta ilícita pero estable y recurrente.
Entendiendo que para el resto de la población que no goza de estos privilegios seguirán siendo víctimas directas de la hiperinflación, la escasez y el deterioro en su nivel de vida, en una situación que luce cada vez más inviable.
¿Frente a esta postura nos preguntamos cuán insostenible es esta situación en el tiempo?
Para contestar esta pregunta habrá que analizar los siguientes tópicos:
1- ¿Por cuánto tiempo se pueden sostener un mínimo de ingresos de origen petrolero recurrentes para “controlar” los daños y perpetuar la distribución de la renta entre los círculos de poder que orbitan alrededor del régimen actual?
¿La reducción de la renta per cápita de ese núcleo de poder que distribuye y redistribuye esa renta cautiva atomizándola cada vez más generará fricciones entre sus actores?
¿Si no hay solidez política en medio de tanta fricción latente, cuánto se debilitará su escenario progresivamente?
2- ¿Se podrán viabilizar los mecanismos de derecho internacional para materializar la justicia y emitir una alerta roja para el arresto de Maduro en el juicio que se le sigue?
3-¿Otro elemento que aún no es descartable es que pese a los altos niveles represivos a las que ha estado sometida la población, se puede producir una implosión social que alerte una transformación imprevista frente al descontrol de los actores políticos al agudizarse la escasez y la pobreza crítica?
4- ¿Seguiremos contando con el necesario apoyo internacional en nuestra lucha por la defensa de los derechos fundamentales?
Venezuela sigue teniendo una importancia geopolítica estratégica y su situación actual ha perjudicado las naciones cercanas frente al éxodo masivo de sus habitantes.
Los derechos democráticos fundamentales están siendo lesionados y la globalización permite la debida injerencia para luchar contra el crimen organizado y los crímenes de lesa humanidad.
Hechos relevantes recientes:
Se ha creado un grupo de trabajo estratégico entre la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia -UIAF- y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con miras a obtener resultados inmediatos en contra de los actos de corrupción protagonizados por funcionarios venezolanos; en especial, aquellos que afectan la situación humanitaria de ese país.
Su primera reunión se produjo en mayo.
“El 13 de octubre del 2017 el TSJ legítimo se instaló en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en donde se juramentó e inició su año judicial. Recientemente decidió establecer un proceso legal para enjuiciar al presidente de la República Nicolás Maduro por corrupción, debido a sus vínculos con el caso Odebrecht.”
“En la audiencia de antejuicio de mérito, celebrada el 9 de abril del 2018, se determinó que hay suficientes pruebas para procesar al Jefe de Estado y pedir la autorización correspondiente a la Asamblea Nacional, tal y como lo indica el artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para continuar con el procedimiento.”
“El derecho internacional impide a Interpol emitir una alerta roja para concretar el arresto de cualquier Jefe de Estado. La única manera es que la orden de captura sea emitida por un tribunal internacional como la Corte Penal Internacional”.
En función de lo señalado, las actuaciones del TSJ no son en vano, ya que podrían generar un mayor apoyo de la comunidad internacional, ya que este tribunal exiliado es el que se reconoce como legítimo.
La corte penal internacional puede jugar un papel trascendente y legítimo en salvaguardar la protección y ayuda humanitaria de Venezuela en un ejemplo inequívoco de buena praxis del derecho internacional.
Evaluar los intereses de las empresas operadoras que aún producen petróleo en el marco de convenios frente a la posibilidad de un bloqueo y paralización en las compras será determinante.
Cada día cuenta para cada venezolano que implora a la luz del mundo no ser olvidado.
La moral de sus habitantes es tan digna como de los verdaderos herederos de la patria de Bolívar.
Aún falta historia por contar.
Rosana Sosa García es PhD en Economía