La Organización de Estados Americanos endureció el tono hacia el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, al aprobar una resolución que podría iniciar el proceso para suspender al país del organismo por ruptura del orden democrático.
AFP
La resolución, adoptada al cierre de la 48ª asamblea anual de la OEA, declara ilegítima la reelección de Maduro y llama a aplicar los mecanismos de la Carta Democrática Interamericana por “alteración del orden constitucional”.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, que desde 2016 cuestiona fuertemente a Maduro, celebró la votación como “un paso clave en la lucha por la democracia”.
Es “un primer paso”, dijo este miércoles desde Bruselas la vicepresidente y canciller panameña, Isabel de Saint Malo, cuyo país apoyó la resolución tras imponer sanciones financieras que afectan al gobierno de Venezuela, como también lo hicieron Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
Esta es la medida más dura que toma la OEA con relación a Venezuela. El consejo permanente declaró en abril de 2017 que en el país se había producido un quiebre constitucional, pero no consiguió los votos para pasar una resolución al respecto en la asamblea de Cancún.
La medida, que Caracas considera “desestabilizadora e injerencista” y enmarcada en una “campaña criminal” del gobierno de Donald Trump, fue impulsada por el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, que esta semana llamó a una veintena de países “de ideas afines” a expulsar la “dictadura de Maduro de la OEA”.
“La democracia importa, los derechos humanos importan”, dijo el embajador estadounidense, Carlos Trujillo, sonriente el martes al agradecer a los “amigos” por votar para defender esos principios.
“La emboscada planificada con la resolución Pence fue derrotada”, tuiteó el canciller venezolano, Jorge Arreaza, para quien la misma “da carta blanca” a una “intervención”, “inclusive militar”.
“Es un orgullo para el pueblo bolivariano salirse de la OEA”, dijo este miércoles en rueda de prensa.
Maduro solicitó el año pasado la salida de Venezuela de la OEA, un trámite que debe finalizar en abril de 2019. Según Almagro, ese pedido “está pendiente” porque fue denunciado por inconstitucional por “órganos legítimos” venezolanos.
“Tenemos el derecho así como de ingresar, de retirarnos. Todo lo demás son argucias jurídicas del sicario general”, insistió Arreaza, en alusión a Almagro, y prometiendo que Caracas saldará sus deudas con la OEA si el sistema financiero internacional se lo permite.
19 votos
La medida se aprobó por 19 votos a favor, cuatro en contra y 11 abstenciones.
Tras febriles negociaciones, los diez países que la patrocinaban -Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México, Perú, Costa Rica, Guatemala y Paraguay- lograron el apoyo de la mayoría simple de los 35 miembros del organismo.
Además de Venezuela que se pronunció “rotundamente en contra”, se opusieron Bolivia, San Vicente y las Granadinas y Dominica.
La mayoría de los países caribeños, tradicionales aliados de Caracas, que les vende su petróleo en condiciones muy favorables, se abstuvieron, así como Ecuador, Nicaragua, El Salvador y Uruguay.
“Esta resolución es importante. Muestra que un número creciente de países en el hemisferio creen que Venezuela está descendiendo hacia el autoritarismo”, señaló a AFP Geoff Ramsey, del centro de investigación y defensa de los derechos humanos Washington Office on Latin America (WOLA).
“La solución de la crisis en Venezuela, que se ha extendido más allá de sus fronteras, no vendrá solo con la suspensión de la OEA, pero es fundamental ejercer una presión internacional continua para el cambio”, opinó Jason Marczak, del centro de estudios latinoamericanos del Atlantic Council.
Pero la suspensión de Venezuela del principal foro político del continente no sería automática. Para concretarla, se requieren 24 votos en dos ocasiones: primero para convocar a una asamblea general extraordinaria que debe tratarla, y luego, para aprobar la medida.
“Visibilización” de Nicaragua
La OEA condenó además la violencia que sacude a Nicaragua desde hace casi dos meses y que deja 127 muertos en medio de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Pero no dijo nada sobre el papel del Estado en la represión de los manifestantes.
La “Declaración de apoyo al pueblo de Nicaragua” fue presentada por Estados Unidos y por el propio gobierno nicaragüense, con respaldo de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú.
Llama a “negociaciones pacíficas para fortalecer las instituciones democráticas” y a celebrar “elecciones libres, justas y oportunas”.
El documento fue aprobado sin oposición y señalado por Estados Unidos, principal socio comercial de Nicaragua, como una muestra de la voluntad de “realizar reformas democráticas y cumplir con los pedidos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, que visitó el país en mayo.
La relatora de la CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola, evitó pronunciarse sobre la declaración, pero saludó la “visibilización” de lo que ocurre en Nicaragua, a pesar de que el tema no estaba en la agenda de la cita.