Los sobrevivientes y familiares de la masacre de El Mozote en El Salvador, en la que el Ejército ejecutó a unos 1.000 campesinos en 1981, “robustecen” las pruebas contra los 18 mandos militares procesados mediante una serie de inspecciones en el lugar del crimen, informó hoy un abogado acusador.
“Para robustecer más las declaraciones de los testigos de cargo, el juez ha ordenado que se hagan las inspecciones para verificar los sitios donde se cometió la masacre y la destrucción de las viviendas”, dijo a periodistas Wilfredo Medrano, abogado de la organización de derechos humanos Tutela Legal “María Julia Hernández”.
Medrano acompañó a un juez de Paz de la localidad de Meanguera, a delegados de la Policía y Fiscalía, y a los abogados de los militares procesados “para verificar la coherencia” de la declaración de Dorila Márquez, sobreviviente y activista de derechos humanos.
“Los testigos han declarado todo lo que saben sobre la masacre, la verdad de las atrocidades, dando fechas, lugares y momentos” y “aquí no se puede desmentir esa masacre, al contrario, se están confirmando plenamente los hechos”, apuntó el letrado.
Márquez es parte de los 39 testigos que han declarado en el proceso contra el alto mando del Ejército que comandó buena parte de la guerra civil (1980-1992) y al que se le atribuyen diferentes casos de crímenes de lesa humanidad.
“Ese dolor lo ando como si la masacre hubiese sido ayer y me lo voy a llevar a la tumba”, dijo la sobreviviente, quien apuntó que vuelve a “revivir el dolor” cada vez que repite su testimonio “punto por punto”.
Según la organización Cristosal, que acompaña a Tutela Legal como parte acusadora, las inspecciones comenzaron el pasado 4 de junio y se prolongarán hasta el próximo 19 en El Mozote y otras localidades rurales cercanas.
El Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera comenzó el proceso, actualmente en etapa de instrucción, a finales de marzo de 2017 con la notificación de los cargos a los militares retirados, mientras que la presentación de testimonios empezó en junio.
“El proceso penal continúa, dentro de las próximas semanas vamos a ofrecer más testimonios y peritajes psicosociales, para ver el daño psicológico que les han ocasionado estás atrocidades” a sobrevivientes y familiares de las víctimas, acotó Medrano.
Un censo del Gobierno dado a conocer a finales de 2017 da cuenta de que en El Mozote fueron ejecutadas 986 personas, de las que 552 fueron niños y 434 adultos.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron “deliberada y sistemáticamente” a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros aledaños. EFE