Escuchar los discursos destemplados y fuera de tono de funcionarios del actual gobierno en distintas palestras internacionales, negando lo que está a la vista de todo el mundo, que es la violación flagrante de los derechos más fundamentales como el de la vida, la salud, la alimentación, la seguridad ciudadana y hasta la libertad de expresión y de pensamiento, genera en cualquier venezolano el más primitivo estado de animadversión contra quienes dicen gobernarnos.
Ni que intenten edulcorar la realidad anunciando logros que sólo se ven en los canales del partido de gobierno – hace mucho dejaron ser del Estado venezolano –, los funcionarios encargados de brindar protección social y salud a los venezolanos podrán ocultar lo que aquí se vive a diario: casos desgarradores de seres humanos que se aferran a la vida, que se niegan a morir y que deben exponer ante los medios de comunicación sus crudas patologías para intentar llamar la atención de unos burócratas por cuyas mentes retorcidas pasa quién sabe qué.
Parte el alma ver a niños con cáncer y a sus familiares, trancando las calles de acceso al Hospital J.M. de Los Ríos de Caracas, para reclamar las condiciones mínimas para recibir los tratamientos que les permitan garantizar una vida saludable. No hay medicinas ni equipos para hacer diálisis, quimioterapias o radioterapias, no están funcionando los quirófanos porque están prácticamente desmantelados, equipos dañados por falta de mantenimiento y un sinfín de problemas que ya se ha cobrado la vida de decenas de inocentes en el principal hospital de referencia para la atención de niños con cáncer del país.
Lo peor de todo es que el gobierno venezolano se hace los oídos sordos ante la exigencia nacional e internacional. El pasado mes de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó a los niños del hospital J.M. de Los Ríos medidas cautelares para que el Estado garantice sus tratamientos y hasta la fecha no ha cumplido.
Más furia genera escuchar las declaraciones de los directores de los hospitales públicos adscritos tanto al Ministerio de Salud como al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales – todos militantes del partido de gobierno –, negar la realidad alegando guerras imaginarias y, peor aún, tomando represalias contra quienes deciden denunciar públicamente la barbarie que se está viviendo en los centros asistenciales del país.
Vimos cómo el Ministro de Salud ordenó desalojar de los hoteles y pensiones a las madres del interior del país que no tienen dónde quedarse en Caracas mientras sus hijos reciben la escasa atención en el J.M. de Los Ríos. En ese ministro no hay humanidad.
Vemos cómo la directora del Hospital Universitario de Caracas invoca a los colectivos armados cada vez que hay una protesta de médicos, enfermeras, empleados y obreros para que “apacigüen” a quienes osan hacer la denuncia. El resultado: trabajadores heridos con armas de fuego, armas blancas y objetos contundentes, otros secuestrados y los menos apresados. En esa funcionaria que emite esas órdenes, no hay humanidad.
Vemos cómo médicos, enfermeras y trabajadores de cada hospital público de Caracas, que se han atrevido a denunciar ante los medios el caos que se vive en sus instalaciones puertas adentro, terminan despedidos o agredidos. No olvidemos los recientes casos en los hospitales Vargas, Los Magallanes de Catia y Miguel Pérez Carreño y en la Maternidad Concepción Palacios y lo que ha ocurrido con muchos de sus trabajadores. En esos funcionarios que toman esas decisiones, no hay humanidad.
Cuando el Ministro de Salud de un país, dice públicamente que no va a permitir que se abra un canal humanitario para que ingresen al país los medicamentos, equipos médicos y alimentos necesarios para atender a la población venezolana prácticamente agonizante, alegando “intervención extranjera” o quién sabe qué otra aberración, en ese funcionario no hay humanidad.
Vemos a diario a decenas de pacientes con enfermedades crónicas protagonizando protestas ante el Ministerio de Salud o el Seguro Social, exigiendo sus medicamentos, tratamientos o materiales médicos que escasean, para garantizar su vida. La respuesta siempre es la misma: los ignoran.
¿Cuántos niños han muerto en el J.M. de Los Ríos por contaminación, escasez de medicamentos, insumos o reactivos clínicos o agravamiento de sus patologías? ¿Cuántos neonatos han fallecido en los hospitales públicos del país por contaminación de las salas de parto y de retenes, por falta de antibióticos u otras medicinas necesarias para atacar infecciones o para ayudar a madurar sus débiles pulmones? ¿Cuántas mujeres han muerto ya en las salas de partos por complicaciones derivadas del parto o una cesárea? ¿Cuántos pacientes renales han perdido la vida por no conseguir a tiempo los inmunosupresores? ¿Cuántos pacientes con VIH han muerto porque el gobierno dejó de suministrar los antirretrovirales? ¿Qué cantidad de pacientes con cáncer, diabetes, hipertensión arterial han perdido la vida esperando, esperando, esperando?
Desde el Presidente de la República como cabeza del poder Ejecutivo, hasta las autoridades del Ministerio de Salud y el Seguro Social, son responsables directos de cada una de estas muertes, pues a ellos compete garantizar el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a la seguridad social, establecidos en la propia Constitución Nacional vigente. En todos estos funcionarios, no hay humanidad.
La mayoría de esas muertes eran prevenibles, pero es nuestro deber recordarle a los tomadores de decisiones que se peca no solamente por acción sino por omisión. ¿Cuántos venezolanos más tienen que morir para que finalmente accedan a abrir el canal humanitario?
Los venezolanos no tenemos idea de la magnitud de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Las redes sociales se han convertido en multiplicadoras de mensajes desesperados solicitando ayuda de cualquier tipo para atender patologías diversas.
Esta misma semana, vimos una protesta convocada por la ONG Codevida, a la cual asistieron madres de niños con enfermedades renales, pacientes trasplantados, con cáncer, VIH y personas con discapacidad que demandan pañales y sondas.
Horror me produjo ver a Elizabeth Salazar, una mujer de 60 años, mostrando su seno izquierdo prácticamente carcomido por un cáncer no tratado. Y saber que en el Ministerio de Salud ni siquiera la recibieron, me provocó una náusea que aún me golpea el estómago. No hay humanidad en esos funcionarios indolentes.
No hay medicamentos antirretrovirales desde octubre pasado; al menos 5 mil venezolanos se encuentran a la espera de un trasplante de órganos desde hace un año, porque el 1 de junio del año pasado fue paralizado el programa nacional de trasplantes en el país; más de 17 mil pacientes renales están en riesgo de morir porque no el gobierno dejó de importar los kits y equipos necesarios para garantizar las diálisis.
¿Hasta cuándo los venezolanos tienen que mendigar la salud? En quienes tienen la responsabilidad de garantizar la salud de cada venezolano, definitivamente no hay humanidad.
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