Los partidos opositores de Turquía y varias ONG que temen que se produzcan irregularidades en las elecciones presidenciales y legislativas de mañana y en el recuento de los votos se han organizado para vigilar las urnas.
EFE
La Plataforma de Justicia Electoral, una organización de formaciones opositoras, sindicatos y ONG, presentó esta semana un plan para distribuir observadores electorales en las 81 provincias del país.
“Claro que hay peligro de fraude, pero si se hace un seguimiento estrecho a pie de urna, documentando todos los recuentos y centralizando los datos para poder impugnar, se puede prevenir”, comenta a Efe Onursal Adigüzel, diputado del partido socialdemócrata CHP y uno de los impulsores de la plataforma.
El movimiento cuenta con 415.000 miembros de mesa y 195.000 observadores en toda Turquía y ha desarrollado una aplicación móvil para actualizar el recuento de votos a pie de urna y compararlo con las cifras de las autoridades electorales.
Incluso la agencia de noticias Dokuz8Haber ha lanzado una iniciativa por la que periodistas investigarán posibles noticias falsas que surjan durante la jornada electoral
Los ciudadanos también podrán alertar a Dokuz8Haber de la aparición de ese tipo de noticias a través de una etiqueta en la red social Twitter.
Los activistas han advertido sobre dos decisiones de la Junta Electoral (YSK) que podrían facilitar las irregularidades durante los comicios.
Una es la de admitir como válidos votos que no estén debidamente sellados por las mesas electorales.
Esta decisión desató ya una gran controversia en el referéndum constitucional de abril de 2017, cuando la Junta Electoral validó 2,5 millones de papeletas sin sello.
Problemática es asimismo la decisión de la YSK de reubicar algunos centros electorales del sureste del país, de mayoría kurda, aduciendo “motivos de seguridad”.
A Ayhan Bilgen, portavoz del opositor HDP, partido izquierdista y prokurdo que es la fuerza más votada en el sureste de Turquía, le preocupa que algunos ciudadanos tengan que desplazarse más de cinco kilómetros para poder votar.
“Unos 144.000 votantes se verán afectados por esta medida. Es una cantidad numérica que podría influir en el resultado de las elecciones”, señaló recientemente Bilgen a la prensa en Estambul.
Son muchos también los que creen que ayuntamientos y empresas cercanas al partido gobernante AKP, en el poder desde 2002, ejercen presión sobre sus trabajadores para que lo voten y asistan a sus mítines electorales, aunque hasta el momento nadie se ha atrevido a denunciarlo públicamente.
“Se nota que los ciudadanos reciben presiones. Tienen miedo. En las encuestas no se atreven a hablar de su intención de voto”, comenta Onursal Adigüzel.
Oy ve Ötesi (“Voto y más allá”), una organización no vinculada a ningún partido que se dedica desde 2013 a observar jornadas electorales, también desplegará 50.000 voluntarios a lo largo del país.
En esta ocasión, ha desarrollado también una aplicación móvil para que observadores y ciudadanos puedan denunciar en tiempo real posibles irregularidades.
“Oy ve Ötesi no forma parte de la Plataforma de Justicia Electoral, pero nos apoyamos mutuamente. Contrastaremos los resultados de las elecciones”, comenta Adigüzel.
Además del despliegue de voluntarios y observadores nacionales, los comicios serán vigilados por una misión de delegados del Parlamento Europeo y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que el lunes dará a conocer en Ankara los primeros resultados de su labor.