Nicolás Maduro, la UE y la cuestión de país por cárcel, por @MichVielleville


Las relaciones internacionales representan una de las dimensiones de la política más significativas, que configuran una esfera específica de acción de los Estados, a través de las cuales es posible que cada sociedad se logre conectar hacia el exterior con otras sociedades. En términos generales, se constituyen en el espacio ideal para la proyección y la expresión de la naturaleza de las relaciones internas de los sistemas políticos.

De hecho, el reconocimiento internacional derivado de este tipo de relaciones extra-societales entre los distintos sistemas políticos es uno de los elementos fundamentales que hacen de un Estado una entidad real y con soberanía; entendiendo esta última como una de sus principales facultades, por medio de la cual el pueblo puede conceder y otorgarse a sí mismo su forma de gobernar, sobre la base de un ordenamiento constitucional definido democráticamente, y como expresión fehaciente de la voluntad de la mayoría.

En este marco, el poder estatal brota, se organiza y se fortalece no sólo como una consecuencia de los procesos dinámicos internos de la sociedad, sino también como resultado de la legitimidad internacional, esto es, de la aceptación de la estructura del Estado y de su cualidad institucionalizadora por otros Estados, que puede garantizar el orden, y la convivencia democrática como principio de la estabilidad y el equilibro. A partir de lo cual, se puede decir, en forma contraria, que sólo podrá hablarse de desequilibrio, cuando un país determinado no pueda asegurar un margen mínimo de aceptación en la comunidad de Estados a la cual pertenezca, lo que finalmente pudiese forzar un escenario de constantes divergencias, tensiones e inestabilidad, que puede desembocar en un mayor deterioro institucional.

El régimen de Nicolás Maduro se puede inscribir en esta última tendencia. Las recientes sanciones aplicadas por la Unión Europea contra 11 de sus principales funcionarios revela el nivel de desconocimiento internacional que tiene el gobierno en la comunidad de Estados; lo cual indica el grado de fragilidad y deslegitimación institucional, que confirma el rechazo generalizado hacia su administración y gestión, responsable de la crisis humanitaria y la debacle financiera más grande de la historia a la cual pudo ser sometida una sociedad que en su momento gozó de estabilidad.

Las medidas interpuestas a los funcionarios del gobierno venezolano establecen la prohibición de poder viajar a cualquier país de la UE, así como también la congelación de los activos que pudieran haber tenido en esas naciones. Las sanciones surgen como una respuesta del bloque internacional contra los funcionarios que estuvieron involucrados en el simulacro electoral del 20 de mayo, que no cumplieron con las garantías y estándares electorales internacionales mínimos requeridos, y fueron formuladas como mecanismos de castigo selectivo en respuesta a lo que el mundo ha calificado como un menoscabo a la institucionalidad democrática y al Estado de Derecho.

A pesar de la presión internacional, Nicolás Maduro no ha dado algún indicio de rectificación. Todo lo contrario. Optando por la alternativa de país por cárcel, se ha percatado que son de gran peso las denuncias internacionales que han formulado en su contra, y que asocian su gobierno a la violación de derechos humanos, a la manipulación de resultados electorales y al irrespeto al principio de separación de poderes; lo que pudiera significar su persecución de por vida por motivos de responsabilidad política.

Definitivamente, la arrogancia ha podido más que el sentido común, con la imposición del interés individual frente al interés público, relegando a cientos de miles de vidas al sufrimiento por la falta de medicamentos y alimentos; lo que fácilmente pudiera ser saldado con la autorización para la apertura de un canal humanitario; pero para lo cual todavía no existe la suficiente voluntad y madurez política.

Si bien, el régimen de Nicolás Maduro pretende condenarnos al aislamiento internacional. No obstante, las últimas declaraciones emitidas por el vicepresidente de EE.UU. Mike Pence, nos brindan luces favorables con relación a las presiones que se siguen aplicando hacia el gobierno, para forzar cambios sistémicos positivos. La cantidad de esfuerzos y de expresiones de solidaridad que se están promoviendo desde los distintos gobiernos de la región y algunos foros internacionales, se transforman en gestos completamente loables, como muestras de un importante compromiso de la comunidad política a favor de una verdadera restauración democrática; lo que representa el principal objetivo y la verdadera piedra angular de nuestra lucha política.