La reciente sanción de Estados Unidos al vicepresidente de Alba de Nicaragua, SA (Albanisa), Francisco López, aunque son a carácter individual, podrían repercutir en la agilización de una investigación en aquel país a este consorcio, que tiene conexiones con Venezuela y El Salvador.
Alba de Nicaragua, S.A. (Albanisa) es una empresa mixta propiedad de la petrolera estatal venezolana PDVSA (51%) y su par nicaragüense Petronic (49%). Se constituyó en 2007 como parte de la entrada de Nicaragua a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba). Su objetivo inicial era importar, distribuir y refinar el petróleo recibido de Venezuela con condiciones favorables de pago, utilizando el crédito para generar ingresos a través de iniciativas empresariales para pagar la deuda pendiente
Por Judith Flores en el diario La Prensa (Nicaragua)
El investigador estadounidense Douglas Farah dijo que, tras las sanciones impuestas por medio de la Ley Global Magnitsky Act, a López , está seguro de que se “van a ampliar y agilizar las investigaciones a Albanisa”.
López es señalado de ser uno de los testaferros del designado presidente Daniel Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo.
Pero además a López se le vincula con negocios que desarrolló al amparo de la cooperación venezolana.
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Para el ex vicegerente de Albanisa, Rodrigo Obregón, quien dejó la empresa en 2013, estos negocios privados del tesorero del partido de gobierno habrían llegado a su fin con la sanción y afectaría directamente a los familiares del funcionario, porque la Ley Magnitsky alcanza a los testaferros de los castigados.
El jueves pasado, el Departamento del Tesoro sancionó también al consuegro de la pareja presidencial y jefe de facto de la Policía Nacional, Francisco Díaz; y al secretario político del Frente Sandinista en Managua, Fidel Moreno, quien funge también como secretario de la Alcaldía de Managua.
Todos ellos fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EEUU.
“Es obvio que Chico López tiene relación con Albanisa, que es de sumo interés para Estados Unidos. Cuando se fundó Albanisa, se hizo como subsidiaria de PDVSA (la estatal Petróleos de Venezuela SA), que es dueña del 51 por ciento, y Albanisa del 49 por ciento”, añadió Farah.
Directrices de Ortega
La influencia de Ortega en las operaciones de la empresa es evidente. “No es ningún secreto que el Estado de Nicaragua es manejado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, si uno va tras las piezas clave de esa estructura, pues se va a dar cuenta que lo que hace Francisco López, no lo hace sin la autorización expresa de Ortega y Murillo”, explicó el investigador.
El experto piensa también en El Salvador, con el que Albanisa ha estado relacionado en algunos negocios.
“Va camino a destapar la capacidad de maniobra de Albanisa”, apuntó Farah, que, en septiembre del 2017, testificó ante el comité para el Control Internacional de Narcóticos en el Senado, que Albanisa estaría involucrada “en una red de aliados” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Esa red de las FARC sería en Centroamérica para ejecutar acciones de lavado de dinero.
Vínculo con El Salvador
La conexión con El Salvador es un punto a destacar. “Diría que va a repercutir en El Salvador, dentro la relación con José Luis Merino, (viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, a cargo de Alba Petróleos, otra subsidiaria de PDVSA en Centroamérica) que es muy fuerte. Son estructuras paralelas, con mucha actividad confusa Alba Petróleos y Albanisa. Francisco López juega el mismo papel que Merino, en favor de manejar ese imperio económico que llegó de Venezuela, eso explica que (la sanción) va a salpicar a Venezuela (y a El Salvador)”, reiteró el experto.
En junio del 2017, un grupo bipartidista de congresistas solicitaron al Departamento del Tesoro que se investigara las actividades de Merino, uno de los máximos dirigentes del FMLN, el partido gobernante salvadoreño.
En otras investigaciones federales, Merino ha sido señalado de ser socio de Tareck El Aissami, alto funcionario del régimen de Venezuela, sancionado por el Departamento del Tesoro, por sus vínculos con el narcotráfico y el terrorismo.
“El informe publicado por Freedom House, que revela cómo se maneja las estructuras, ayudó a aclarar mucho de lo que hace Albanisa, que es por lo menos inexplicable de manera legal. Eso es de alto interés (para Estados Unidos), pero no sé si ha llegado a una investigación criminal”, afirmó el investigador.
Farah se refiere a la investigación de Freedom House, publicada en abril pasado, que concluye que durante 11 años el gobierno de Ortega administró de manera discrecional 3,743 millones de dólares provenientes del acuerdo petrolero.
Allegados al poder se lucraron
A juicio de los analistas, el manejo de esos fondos es una de las razones por las que el gobierno de Daniel Ortega, considerado autoritario, se mantiene en el poder. “Esta discrecionalidad tuvo como consecuencia directa una privatización de los fondos a ser utilizados tanto en negocios particulares de la Presidencia y de sus allegados, quienes se han lucrado directamente”, afirmó categóricamente el informe de Freedom House.
La investigación aseguró que “existen pruebas concretas del manejo inadecuado de los fondos para empresas privadas directamente ligadas a la Presidencia de Nicaragua. La falta de Estado de Derecho y la partidización total de las instituciones dedicadas a administrar justicia y supervisar a los funcionarios ha habilitado a personas y empresas a operar con protección del Estado”, apunta.
El informe expuso el uso de testaferros para el blanqueo de capitales, algo que sugiere debe ser sujeto de investigación.
“La acumulación de riqueza a través de testaferros y terceras personas allegadas al Gobierno de Nicaragua debe ser investigada en detalle, puesto que, considerando el esquema triangulatorio de funcionamiento, podrían encubrir actividades de legitimación de capitales”