A medida que la crisis humanitaria sin precedentes de Venezuela continúa profundizándose, el régimen de Nicolás Maduro se ha aprovechado descaradamente de las dificultades de la población para fortalecer su control político.
Por Moisés Rendón y Jacob Rendales en el Center for Strategic and International Studies | Traducción libre del inglés por lapatilla.com
La iteración más reciente del régimen de Maduro de esta táctica hace especial hincapié en distorsionar los programas de suministro de alimentos, utilizando de manera efectiva los alimentos como una herramienta política para manipular y controlar a la población venezolana.
La colapsada economía de Venezuela, con una disminución del PIB de alrededor del 45 por ciento en los últimos cuatro años y una inflación anual que alcanza más del 40,000 por ciento , ha creado una población venezolana cada vez más vulnerable. A pesar de la crisis económica y humanitaria sin precedentes, el régimen continúa rechazando la ayuda del exterior e impone políticas malintencionadas que solo deterioran aún más la economía. Como parte del libro de jugadas del ex presidente Hugo Chávez, Maduro está fortaleciendo un sistema subsidiado de distribución de alimentos motivado políticamente llamado Comités Locales de Suministro y Producción., o CLAP en español. La ayuda alimentaria proporcionada a través de los CLAP es una respuesta desesperada y estratégica a la escasez desenfrenada de alimentos y la pobreza en Venezuela. El país ha visto su índice de pobreza explotar desde el 55 por ciento en 1998, cuando Chávez llegó al poder, hasta casi el 90 por ciento en la actualidad.
Siguiendo el legado de Chávez, el régimen de Maduro ha seguido implementando políticas altamente ideológicas que socavan la producción agrícola, sucumbiendo a una consecuencia conocida como la enfermedad holandesa. La producción de petróleo puede desplazar a otros sectores, lo que, en una economía no diversificada, da como resultado una dependencia excesiva de importaciones más baratas en lugar de productos nacionales. Además, el gobierno impone estrictos controles de precios, lo que perjudica aún más a los productores y conduce a una escasez extrema. El régimen no ha podido controlar la inflación, que ha desintegrado la economía de Venezuela. Como resultado, muchos venezolanos pobres ahora dependen de las entregas CLAP para poner comida en la mesa. Estas entregas, que están compuestas casi en su totalidad de productos importados, generalmente consisten en los alimentos más básicos, principalmente harina, arroz, aceite y azúcar. Casi la mitad de la población dijo que el CLAP se ha convertido en una parte “esencial” de su dieta. Sin embargo, esta estadística oculta patrones problemáticos cuando se desglosa por partido político. Mientras 83 por ciento de los votantes pro Maduro dicen que CLAP es su principal fuente de alimentos, solo el 14 por ciento de los independientes dicen lo mismo. En consecuencia, mientras que el 73 por ciento de los votantes pro Maduro tienen acceso a tres comidas al día, solo el 54 por ciento de los independientes pueden decir lo mismo.
El vínculo entre la comida y la política se basa en la introducción de un Carnet de la Patria por parte del régimen (Tarjeta de identificación nacional), una tarjeta de alta tecnología emitida a nivel nacional que se ha vuelto cada vez más necesaria para acceder no solo a los beneficios de los CLAP, sino también a la atención médica, universidades, empleos gubernamentales e incluso a los subsidios del gobierno dotados a discreción personal de Maduro. Esta estrategia permite que el régimen de Maduro brinde una mayor asistencia a sus propios seguidores y apunte a otros que están lo suficientemente desesperados como para cambiar su voto a fin de recibir ayuda alimentaria. El uso del carnet de la patria se ha expandido recientemente principalmente en los centros urbanos y barrios pobres, a pesar de que el apoyo de la oposición ha aumentado en esas áreas. Se está volviendo evidente que el régimen de Maduro está armando su programa de red de seguridad durante tiempos de crisis con el fin de priorizar, amplificar y concentrar el poder político.
El programa CLAP está sosteniendo al régimen de Maduro no solo a través de la manipulación política, sino también financieramente. El gobierno, los oficiales militares y una red de personal de operaciones utilizan el programa CLAP para beneficiarse personalmente, dirigiendo decenas de millones de dólares de los ciudadanos venezolanos a sus propios bolsillos. Aquellos que supervisan el programa pueden obtener casi un 200 por ciento de ganancia en la venta de cada caja de CLAP. El precio de los bienes dentro de cada caja de CLAP es de aproximadamente USD $ 12, pero los facilitadores del programa le cobran al gobierno venezolano USD $ 35 por caja, según lo aprobado por el Centro Nacional de Comercio Exterior ( CENCOEX)) De manera similar, la corrupción se extiende a través de los canales de distribución, ya que los oficiales militares que abusan de los derechos humanos y los vecindarios controlados por el régimen facilitan la asignación de CLAP para beneficio personal. La cantidad no es trivial; en un envío reciente de cajas CLAP, Venezuela pagó USD $ 29 millones, mientras que el costo del alimento en sí no fue más de USD $ 7 millones. Por la cantidad de dinero pagado por estas cajas, Venezuela podría haber comprado tres veces más alimentos del extranjero que las cajas de CLAP.
Si bien el objetivo del régimen es “reducir gradualmente la dependencia [de Venezuela] de la comida extranjera”, en realidad, el 90 por ciento de las cajas CLAP son importadas de México y otro 4 por ciento de la vecina Colombia. Además, los CLAP traen riesgos de seguridad sanitaria para los más vulnerables. La comida distribuida a menudo no cumple con los estándares básicos de calidad de la salud, con deterioro y condiciones insalubres que causan reacciones alérgicas, diarrea y exacerbando los problemas de nutrición de salud infantil a causa de la actual crisis humanitaria. Compuesto por un sistema de salud deteriorado que está fallando las necesidades básicas de su población, como era de esperar, las tasas de mortalidad infantil y infantil son las más altas que han sido en el último medio siglo.
Puntos de acción
La militarización del CLAP es un síntoma de un régimen desesperado determinado sobre todo a mantener el poder. Una respuesta efectiva requerirá un esfuerzo concertado de los actores internacionales para ejercer la presión suficiente para lograr un cambio político. Si bien las sanciones internacionales existentes han tenido éxito en afectar algunos aspectos del régimen, estos esfuerzos se han visto socavados por el debilitamiento y el desmantelamiento simultáneos de las fuerzas democráticas dentro de Venezuela. Se necesitan con urgencia formas de presión internas y externas coordinadas.
Dado que la gran mayoría de los productos de CLAP se originan en el extranjero, específicamente en México, esto proporciona a México un punto de influencia estratégica adicional para ayudar a Venezuela. Antes de la próxima transición de la administración en diciembre, el gobierno mexicano actual debería considerar ayudar a sacar a la luz la naturaleza criminal de las operaciones de CLAP y apuntar sanciones a los responsables del programa. Sobre todo, es esencial que la comunidad internacional mantenga una estrategia que vincule la presión externa y la renovada oposición política interna para lograr una transición democrática.
Moises Rendon es director asociado del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington, DC Jacob Mendales es pasante en el Programa de las Américas de CSIS.