Gehard Cartay Ramírez: La Constitución y los militares

 

 

La Constitución Nacional es la Carta Fundamental de la República y, con tal carácter, establece los derechos y deberes de sus ciudadanos y precisa el modelo político, económico y social del Estado venezolano.

Por tanto, su contenido nos obliga a todos sin excepción, y entre ellos están incluidos los miembros de la Fuerza Armada Nacional. Por lo tanto, cuando se le exige que cumplan sus deberes constitucionales nadie los insta a alzarse, sino todo lo contrario: a ser garantes de las normas constitucionales.

Y esa es, sin duda alguna, una alta exigencia nacional a estas alturas: que garanticen el cumplimiento de la Constitución, violada todos los días por el régimen castrochavomadurista. Pero cuando se le exige a la Fuerza Armada Nacional (FAN) que garantice la vigencia de la Carta Magna, ella misma debe comenzar cumpliendo con el artículo 328, que la regula como institución castrense, y cuya cúpula viola a cada rato. La Constitución le ordena ser “una institución esencialmente profesional, sin militancia política”, que “en el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”. Más claro no canta un gallo. Entonces, sobra eso de “Chávez vive” o lo de “patria socialista”. Comiencen, pues, por cumplir el artículo 328.

Desde luego que, basada en estas mismas razones -por estar “al servicio exclusivo de la Nación”-, la FAN debería exigirle al régimen que cumpla también con la Constitución y las leyes, respete el Estado de Derecho, garantice la comida así como la seguridad y los bienes de los venezolanos, deje de violar los derechos humanos, libere a los presos políticos y acceda a la celebración de elecciones limpias y transparentes.

¿Será mucho pedir? Por supuesto que no: todo eso está en las normas constitucionales, especialmente en el artículo 2 que define a Venezuela “como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”, lo que ahora obviamente no es.

Hay que recordarle a la cúpula militar de hoy que desde 1958 hasta 1998 las FAN fueron -por expreso mandato de la Constitución de 1961- “apolíticas, no deliberantes y sometidas al poder civil”. Se les inculcó entonces una profunda raigambre constitucional y se las mantuvo alejadas del debate político-partidista. Se respetó -en lo posible- la meritocracia en materia de ascensos, revisados por el Senado, antes de ser aprobados por el Presidente de la República. Y se actualizó entonces a la alta oficialidad en temas de interés nacional, a través del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional durante el primer gobierno del presidente Rafael Caldera.

Entre 1958 y 1999 las FAN como institución tuvieron un comportamiento institucional, con apego a las normas constitucionales. En su momento, respaldaron la democracia republicana frente la subversión guerrillera de la extrema izquierda, patrocinada por el dictador cubano Fidel Castro, y la derrotaron militarmente.

La llegada al poder del actual régimen en 1999 cambió intempestivamente el papel de las FAN. No hay que olvidar, por cierto, que luego de la derrota de las guerrillas en los años sesenta, continuó la infiltración marxista de los cuadros medios de la institución armada (Véase mi libro Los orígenes ocultos del chavismo, Editorial Libros Marcados, 2006). Después siguieron la preparación sigilosa de una logia militar conspiradora y las intentonas golpistas de febrero y noviembre de 1992.

Estos lamentables hechos y la gigantesca crisis nacional creada por el actual desgobierno convierten a la institución militar en un factor decisivo en el desenlace de la actual situación. De allí que los venezolanos le reclamen a la Fuerza Armada Nacional que actúe en función de los principios constitucionales y sea garante efectivo de la institucionalidad democrática, y no el soporte armado de un proyecto político que ha destruido las instituciones, dividido al país y sembrado el odio, aparte de conducirnos a la más severa crisis económica que este país haya podido sufrir nunca antes.

La resolución de la presente crisis de gobernabilidad sólo es posible mediante el cumplimiento efectivo e inmediato de los principios del sistema democrático y del Estado de Derecho que consagra la actual Constitución de la República y, por tanto, la Fuerza Armada Nacional tiene que ser su garante, pues ella ejerce la custodia de las armas propiedad del pueblo venezolano y ejerce el monopolio de la violencia.

@gehardcartay