Nicaragua deambula en la incertidumbre tras recrudecimiento de la represión

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“Le troncharon sus sueños, no era para que terminara de esta manera”. Gerald Vázquez quería graduarse en la universidad y seguir zapateando El solar de Monimbó, su canción preferida para bailar. Hace tres meses aparcó sus planes para unirse a las protestas estudiantiles contra Daniel Ortega. El fin de semana pasado, durante el asedio a la Universidad Nacional Autónoma de Managua (UNAN), el último bastión de resistencia de los jóvenes, una bomba estalló cerca de él. Le dejó grogui. Fue la primera vez que le vieron refugiarse en la parroquia aledaña al campus la madrugada del sábado al domingo. La segunda, tenía un disparo en la cabeza. Los sueños de Vázquez, de 23 años, yacían este lunes en un ataúd, vestido con una guayabera blanca y un sombrero de palma. Envuelto en una bandera de Nicaragua manchada de sangre.

Las hermanas de Vázquez lloran descompuestas, primero sobre el féretro, luego durante el camino hacia el cementerio, una travesía que el padre hace con la mirada perdida, desnortado. Es la madre, Susana, quien no cesa un segundo de recordar a su hijo, El Chino, como lo conocían. Su entereza sobrecoge. Una y otra vez, grita desencajada:

-¡Gerald Vázquez!

-¡Presente!

-¡El Chino!

-¡Presente!

Familiares rezan a la entrada de El Chipote, el centro donde son trasladados los detenidos.

Muchos de los jóvenes que han acudido al velorio y que se turnan para cargar a hombros el féretro durante los cerca de 10 kilómetros que separan la casa de la familia del cementerio, lo han hecho a escondidas. Han llegado a cuentagotas desde las casas de seguridad donde se refugian por miedo a ser detenidos. El sandinismo ha tratado de frenar las protestas, con la policía, primero; los paramilitares, después. Ahora, amedrenta con las leyes. A esa hora, la Asamblea Nacional, con mayoría sandinista, aprobó una norma que castiga con entre 15 y 20 años de cárcel a quien financia el “terrorismo”. Asociaciones nicaragüenses y la ONU han criticado esta ley al considerar que lo que realmente busca el Gobierno de Ortega es criminalizar la protesta pacífica. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) las protestas, que se han cobrado casi 400 vidas y cerca de 2.000 heridos, han dejado ya 226 presos políticos. La mayoría permanecen en El Chipote, la prisión donde son trasladados los detenidos y, según las denuncias, torturados. El lugar a cuyas puertas, estoicas, aún aguardan las madres de los detenidos a la espera de cualquier información.

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