Con un reiterado llamado a las autoridades encargadas de la administración de justicia, familiares de Reggie Andrade y Fredd Maváres señalaron -en encuentro con los medios de comunicación este jueves- que este 8 de agosto ambos funcionarios de Polichacao llegarán a los 2 años con boletas de excarcelación incumplidas, lo que los convierte automáticamente en rehenes del Gobierno, ante la mirada indiferente de quienes se supone deben garantizar el cumplimiento del debido proceso y el estado de Derecho.
Nota de Prensa
“Estamos desconcertadas. Nos preguntamos todos los días del mundo hasta cuándo la injusticia con ellos y todos los familiares, pues no es lo mismo estar resignado con una condena de 20 años que tener una boleta de excarcelación y no saber cuándo te van a liberar. ¿Cómo les explicamos a nuestros hijos que sus padres son hombres libres pero que no los liberan? Es un maltrato físico y psicológico para ellos y para nosotros. ¿Cuándo se va acabar esta pesadilla?”, se preguntó Yamile Zorrilla de Maváres, quien hizo un emplazamiento público a la funcionaria encargada del caso.
El llamado lo hizo a la jueza Luisa Andreína Romero Campos. “Le hacemos un llamado como madre, como esposa, como familia. Nos dirigimos a usted, que es mujer, para que por favor emita la boleta de excarcelación al 26 de Julio, penal donde ya tienen 2 semanas recluidos luego de su traslado desde el Sebin El Helicoide. De este lugar tenían que haber salido libres y no a otra cárcel, porque ellos son inocentes. Tienen una orden de excarcelación que el Estado ha incumplido”, denunció Yamile Zorrilla.
A su lado Lismar Pernía, esposa de Reggie Andrade, quien con la voz ahogada en llanto clamó a las autoridades que respeten los derechos humanos de quienes hoy permanecen injustamente retenidos por razones políticas. “Con Reggie tengo 3 hijos. Mi bebé cumplió ayer 1 año y él no estuvo ahí. Mi hija se graduó para pasar a primer grado y él tampoco estuvo ahí. Le pedimos a Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios, para que tome cartas en el asunto y los libere. Estamos sufriendo. Esto es físicamente y psicológicamente una tortura”.
Por su parte Andrea Santa Cruz, abogada defensora de los 14 funcionarios de Polichacao aprehendidos en julio de 2016 por el homicidio del periodista Ricardo Durán, ofreció más detalle del caso. “El tribunal séptimo del control al momento decidió tener la medida privativa de libertad y establecer como lugar de reclusión El Helicoide. Este es un sitio donde todos ellos fueron torturados, sometidos a tratos inhumanos y degradantes, tal como fue denunciado ante la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, cuando era presidida por Tarek William Saab”, dijo Santa Cruz.
Agregó que el 8 de agosto de 2016, ante la falta de pruebas que los vinculara al caso, la misma Fiscalía pidió al tribunal que fueran liberados, y éste de manera eficiente ordenó la libertad plena de ellos, pero el Sebin se negó a liberarlos desde ese día hasta la fecha, trasladándolos después hasta el penal de 26 de Julio.
“El 23 de diciembre de 2017 fueron liberados 12 de los 14 apresados, sin que exista un argumento jurídico que permita fundamentar por qué el Sebin mantuviera privado de libertad a Fredd y Reggie hasta la fecha. Ellos son prisioneros del general González López. Él es su carcelero, el director general del Sebin, es el violador de derechos humanos de estos dos funcionarios. Por eso quiero recordar que los delitos en los que está incurso el general González López no prescriben. Aquí que son responsables los funcionarios actuantes del Sebin, pasando por la Vicepresidencia de la República, la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde reposa el sueño de los justos por un amparo que debe beneficiar a Fredd y Reggie en función de su libertad”, sentenció Santa Cruz.
Para la jurista es imperante que se ratifique la boleta de excarcelación y libertad plena de los funcionarios de Polichacao, cuyas vidas corren peligro por estar retenidos al lado de presos comunes.
“Ciudadana juez, habilite el tiempo para que esta grave situación termine. En sus manos está el cese de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Es decir, el derecho a la libertad, a la defensa, al debido proceso, a la comunicación e incluso a la integridad física y la vida, que puede constituir un delito de lesa humanidad”, insistió la abogada, quien concluyó informando que de no ratificarse la boleta de excarcelación por parte del Tribunal 16, evaluarán la posibilidad de solicitar un amparo constitucional.