La justicia de EEUU tras los bolichicos, por Jesús Ollarves

Jesús Ollarves Irazábal

 

Las personas y organizaciones vinculadas al crimen organizado requieren que sus transacciones tengan apariencia de legalidad. Es por ello que el delito de legitimación de capitales (lavado o blanqueo) incluye una variada gama de artilugios para ocultar la procedencia ilícita del dinero, incorporarlo en el flujo legal de las economías y burlar los sistemas de control financiero nacionales e internacionales.

Para lograr sus objetivos, los lavadores de dinero utilizan la conversión y el movimiento. La conversión tiene lugar cuando los productos financieros cambian de una forma a otra; por ejemplo, cuando se compra un carro con ganancias ilícitas, en este caso el dinero originalmente ilícito cambia de forma, de dinero a carro. El movimiento ocurre cuando los mismos productos financieros cambian de localidades, como cuando los fondos son transferidos de un país a otro.

Para proteger sus sistemas financieros y luchar contra el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado, los Estados han adoptado leyes que establecen mecanismos de investigación, procedimientos de vigilancia y severas disposiciones contra el lavado de dinero. En paralelo, han ratificado tratados internacionales para fortalecer la cooperación internacional y combatir a la impunidad, a partir de la certeza de que, por lo general, se trata de un crimen internacional.

Estados Unidos adoptó la USA Patriot Act, o “International Money Laundering Abatement and Anti-Terrorist Financing Act of 2001”, o (Ley Patriota). Es una ley extraterritorial; es decir, sus efectos se pueden extender más allá del territorio estadounidense, de modo que es aplicable a cualquier persona u organización que utilice el sistema financiero estadounidense.

Se trata de una ley de aplicación obligada para quienes quieren hacer negocios con los Estados Unidos. Por eso ningún funcionario o empresario venezolano está exento de los mecanismos de control establecidos para transacciones comerciales y financieras.

Eso es lo que les espera a los llamados bolichicos, a esa casta de empresarios inescrupulosos que ha emergido y se han lucrado al amparo del régimen chavista-madurista. Confiados de la impunidad reinante en Venezuela, han creído que no les pasará nada en Estados Unidos o Europa. Sin embargo, la respuesta del sistema de justicia norteamericano fue contundente. El miércoles pasado, cuatro de estos personajes fueron acusados en una corte federal de Miami de formar parte de una gigantesca red de corrupción que lavó cerca de 1.200 millones dólares obtenidos fraudulentamente a través del régimen cambiario del país.

La nota oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos indica que Matthias Krull, de 44 años, ciudadano alemán y residente panameño, y Gustavo Adolfo Hernández Frieri, de 45 años, ciudadano colombiano y ciudadano estadounidense naturalizado, fueron acusados formalmente de una conspiración para cometer un delito de lavado de dinero. Ambos fueron detenidos en Miami el 24 y 25 de julio.

“La demanda también acusa a Francisco Convit Guruceaga, de 40 años; José Vincente Amparan Croquer, alias, “Chente”, 44; Carmelo Urdaneta Aqui, 44; y Abraham Eduardo Ortega, de 51 años, todos venezolanos; y Hugo Andre Ramalho Gois, de 39 años, ciudadano portugués, y Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, de nacionalidad uruguaya, de 40 años, por su presunta participación en el plan. Estos acusados siguen prófugos”, señala el reporte.

Las autoridades estadounidenses precisaron que “según la demanda penal, la conspiración en este caso supuestamente comenzó en diciembre de 2014 con un plan de cambio diseñado para malversar alrededor de $ 600 millones de PDVSA, obtenido a través de soborno y fraude, y los esfuerzos de los demandados para blanquear una parte de los ingresos de ese esquema. Para mayo de 2015, la conspiración presuntamente se había duplicado en $ 1.200 millones malversados por PDVSA. PDVSA es la principal fuente de ingresos y divisas de Venezuela (concretamente, dólares estadounidenses y euros)”.

En la jurisdicción interna de los Estados estas medidas son legítimas. Así como un Estado decide cuáles son los requisitos para el ingreso y permanencia de los extranjeros en su territorio, también tienen la potestad para evitar que los violadores de derechos humanos, corruptos y traficantes de drogas utilicen su territorio como refugio, centro de negocios o para disfrutar de las vacaciones familiares.

En el ámbito de sus respectivas competencias, los Estados deciden si amparan con su silencio la legitimación de capitales en otros Estados, o si, por el contrario, hacen lo que esté a su alcance para detener las actividades delictivas de los corruptos; por ejemplo, mediante la restricción de los permisos de migración (visas) y la congelación de activos, como cuentas bancarias, casas, carros, aviones, yates, y la cárcel.

El lavado de dinero y el aprovechamiento del diferencial cambiario es noticia en Venezuela, cada vez más frecuentemente. El presidente de la Subcomisión de Lucha Antidroga, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Asamblea Nacional, diputado José Luis Pirela, anunció el 17 de julio de 2018 la investigación de hechos de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada del Clan Nania conformado por: Jeanlu Nieto, Oswaldo Nania, Antonio Nania, y Alfredo Nania, quienes habrían utilizado el sistema financiero norteamericano para legitimar capitales.
Ante la impunidad en algunos países, otros, auténticamente preocupados y ocupados en preservar la seguridad jurídica, pueden imponer restricciones a los traficantes de drogas, corruptos y violadores de derechos humanos.

Para los criminales internacionales, no hay un lugar en el cual puedan viajar, trabajar, vacacionar, guardar el dinero o simplemente vivir sin el temor de ser apresados. Tampoco podrán solicitar asilo ni refugio, y siempre serán perseguidos y estigmatizados como delincuentes internacionales, porque la acción penal en contra de los crímenes que han cometido no prescribe.