Las recientes amenazas proferidas por Nicolás Maduro, a propósito de su censo vehicular como condición para comprar gasolina subsidiada, recibieron una hábil y contundente respuesta de Delsa Solórzano. Sin estridencias, pero con firmeza, la diputada le respondió exigiéndole que desaloje el gobierno del que fue destituido a comienzos de 2017 por la Asamblea Nacional. El argumento de la destitución deja en evidencia su condición de usurpador en Miraflores y Fuerte Tiuna y lleva un claro mensaje al pueblo, al propio parlamento y a la FAN.
La respuesta de Delsa pone la pelota en el campo donde debe estar, en el de la lucha social. El planteamiento de la legisladora la pone públicamente al frente del llamado al pueblo a desobedecer la abusiva imposición. Le recuerda a Maduro que él no es nadie para imponer y mucho menos amenazar y que debe desalojar el gobierno, por haber sido destituido por el legislativo por abandono del cargo, en estricto apego a la constitución nacional. El argumento de la destitución es claro: toda actuación de Maduro en nombre del gobierno nacional es ilegal, es delictiva.
Al exigir el desalojo a Maduro, dada su condición de parlamentaria, es obvio que las palabras de Delsa también caen sobre el propio parlamento nacional. El legislativo no puede olvidar, como a veces se percibe de ciertas actuaciones, que está obligado a seguir insistiendo en el desalojo de Maduro. La clase política congregada en la Asamblea Nacional no puede pasar por alto, bajo ninguna circunstancia, que Maduro no tiene legitimidad alguna porque perdió el respaldo popular ni legalidad porque usurpa el más alto cargo ejecutivo de la república de Venezuela. A los diputados le sale recordárselo, tal cual lo hace Delsa, en todas y cada una de sus actuaciones y no dejarlo como un hecho más.
Al resucitar la destitución de Maduro como el argumento central para llamar a desconocer su nueva imposición y enfrentar sus amenazas, Delsa está llamando a respetar la constitución frente a esa nueva fuente de discriminación que es el censo vehicular. Ello comporta un emplazamiento al cuerpo armado de la república para que haga respetar los derechos humanos de los ciudadanos. La FAN también está obligada a hacer cumplir la constitución nacional y a poner en su sitio al usurpador. ¡Buena esa Delsa!