Si bien el poder político en Miraflores logró neutralizar a la oposición representada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por diversas vías —entre ellas la elección de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la persecución a funcionarios, la eliminación de los principales partidos políticos, la simulación de un diálogo y la realización de elecciones plagadas de irregularidades, con la complicidad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral (CNE), permanece vigilante y arremete con fuerza apenas se alza una voz o algún dirigente partidista que destaque por su protagonismo en cualquier escenario, incluida la protesta social, sobre todo si se trata de un diputado de oposición.
Los meses de mayo, junio y julio se han caracterizado por el aumento de las protestas por reclamos laborales (pasaron 233 en mayo a 741 en junio, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social). Las del sector salud, con manifestaciones de calle de médicos y enfermeras, han sido las más numerosas. En ellas fue común observar al diputado opositor de la Asamblea Nacional (AN) José Manuel Olivares, quien también es médico y preside la Comisión para el Desarrollo Social del Parlamento, acompañando al personal y realizando denuncias sobre el mal estado de los hospitales y los bajos sueldos.
El 29 de junio, Olivares anunció la creación de un Comité Contra el Hambre y por la Vida, para unificar la lucha reivindicativa de todo el personal de salud en el sector público, sociedades médicas, colegios y sindicatos que agrupan a quienes prestan sus servicios profesionales y como obreros en hospitales de Caracas, con el apoyo de la Academia Nacional de Medicina y la AN.
La reacción del Gobierno no se hizo esperar. El 23 de julio, el partido Primero Justicia, al cual pertenece el parlamentario, confirmó que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) tenía orden de captura contra la esposa de Olivares, Jofreny González, por la presunta realización de trámites para la adquisición de vehículos de procedencia ilegal. El legislador denunció que el Gobierno de Nicolás Maduro ya no se limitaba a perseguir a los líderes políticos sino también a sus familias, por lo que tomó la decisión de sacar del país a su compañera, a su hijo pequeño y su hermano, y luego irse él también.
El acoso (allanamientos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas) a los familiares de quienes son víctimas de persecución se ha vuelto una práctica frecuente del Gobierno a través de los organismos de inteligencia, que los toman como una especie de rehenes para amedrentar al objetivo real, tomar represalias o para que aparezca si está en fuga.
Esta forma de amedrentamiento se une con otra relativamente más reciente, que es la del extrañamiento de un venezolano del territorio. En este sentido, el otrora líder estudiantil merideño Villca Fernández fue expulsado del territorio nacional en junio de este año con destino a Perú, cuya nacionalidad también posee, como condición para ser excarcelado de la sede del Sebin en el Helicoide.
Recordemos que Fernández fue detenido en 2016 tras un tuit escrito a Diosdado Cabello en el que le decía que tenía los días contados y cuentas pendientes con la justicia, luego de que el hoy presidente de la Constituyente lo amenazara con meterlo preso.
Al respecto debemos recordar que el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado“; y el artículo 50 de la Constitución Bolivariana que “ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas”.
Derecho penal del enemigo
La exdiputada María Corina Machado es otro ejemplo. Tiene prohibición de salida de Venezuela desde junio de 2014 (fue destituida de la AN en marzo de ese año y luego inhabilitada para ejercer cargos públicos), por orden del Tribunal 16 de Control del Área Metropolitana de Caracas, dado que se le abrió una investigación por un presunto plan de magnicidio contra Nicolás Maduro.
La líder de Vente Venezuela denunció en ese momento que no había recibido notificación formal de la medida y que se enteró a través de los medios de comunicación. Desde entonces ha reiterado que no piensa irse del país, aunque le gustaría visitar a sus hijos que viven en el exterior. El último incidente fue a principios de julio, cuando el vehículo en el que viajaba era seguido de cerca y grabado por los efectivos a quienes confrontó y también los capturó en un video que difundió en sus redes sociales.
Recordemos que el también parlamentario Freddy Guevara está en calidad de huésped en la embajada de Chile desde noviembre de 2017, cuando el TSJ le pidió a la ANC despojarlo de su inmunidad, acusándolo de los delitos de asociación, instigación pública continuada y uso de adolescente para delinquir. La Cámara de Diputados de Chile pidió en el mes de marzo al Ejecutivo venezolano que cesaran las acciones contra Guevara y se respetara la prerrogativa de la cual goza según la Carta Magna.
Otro diputado amenazado constantemente por el Gobierno Nacional ha sido el expresidente de la AN, Julio Borges. El 21 de julio de 2018, Maduro aseguró en un acto oficial que el diputado era un “prófugo de la justicia” pese a que no existe anuncio formal de una orden de captura. El fiscal impuesto por la ANC, Tarek William Saab, rubricó las palabras del presidente pero no informó sobre investigación alguna contra el también dirigente de Primero Justicia. Borges respondió que el Ejecutivo intenta tomar represalias porque se negó a firmar un acuerdo fraudulento entre Gobierno y oposición en República Dominicana para avalar las presidenciales del 20 de mayo, en el último intento de diálogo entre ambas partes.
Acoso permanente del Sebin también ha sufrido el diputado Tomás Guanipa, ya sea en su residencia o en las visitas que realiza a cualquier parte del país. “En los últimos días se ha intensificado la persecución del Sebin, hoy desde las 8:45 am patrullas del Sebin han rodeado mi domicilio sin explicación alguna”, escribió el dirigente aurinegro en su cuenta de Twitter (@TomasGuanipa) el pasado 17 de julio. Advertía que estaba en compañía de su esposa e hijo.
Los casos descritos demuestran que la aplicación del derecho penal del enemigo por parte del poder político contra la disidencia no ha cesado sino que tiende a aumentar. Recordemos que este convierte a los adversarios en ciudadanos sin derechos y limita su vida civil. De acuerdo con el abogado Fernando Fernández, se aplica a un sistema penal donde no existen garantías penales, procesales, ni la protección de los derechos fundamentales para quién está siendo investigado o enjuiciado, ya que es considerado como un enemigo hostil. El objetivo del régimen de Maduro no es conseguir la muerte física (aunque el expolicía Óscar Pérez y su grupo no la contaron) del enemigo, es decir, lograr acabar, destruir o exterminar con su vida, sino más bien producir con su aplicación una muerte civil o moral.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Si a los funcionarios como los diputados, quienes gozan de inmunidad parlamentaria según la Constitución, no les respetan sus derechos ¿qué queda para los ciudadanos comunes? Cualquiera puede ser objeto de atropellos sólo por ser familiar o estar ligado a algún dirigente político o militar en la mira del Gobierno y sin la posibilidad de ser defendido por nadie (salvo por su abogado) y sin que las garantías constitucionales apliquen, pues estamos en dictadura y todo el sistema de administración de justicia está al servicio del poder en Miraflores.