El gobierno venezolano no cesa en su empeño de impedir el acceso a la información de interés público. Luego de haber quebrado a muchos medios de comunicación tradicionales, ahora se propone controlar la circulación de informaciones y opiniones a través de internet. En verdad, nada nuevo, pues así lo han hecho otros regímenes totalitarios.
Cada vez es más difícil el acceso a los portales informativos de la Patilla, El Nacional, Tal Cual, El Pitazo y RunRunes, porque los sistemas de bloqueo y filtrado de contenidos en internet controlados por el gobierno cada vez son mayores.
En teoría, porque en Venezuela la practica es distinta, el acceso universal a internet requiere que el Estado garantice la calidad e integridad del servicio, protegiéndolo en todos los casos de bloqueos, interferencias o ralentizaciones arbitrarias. Los más comunes son: los ataque de denegación de servicio, los intentos de ingresos múltiples y los bloqueos de dominios.
Los esfuerzos restrictivos se han profundizado desde 2008, cuando Andrés Izarra, para la época ministro de Información y Comunicación, sentenció: “Nuestro socialismo necesita una hegemonía comunicacional y todas las comunicaciones tienen que depender del Estado como bien público”.
La interrupción del acceso a internet aplicada a poblaciones enteras o a segmentos de la población nunca estará justificada, ni siquiera por razones de seguridad nacional. Así fue reconocido el 1 de junio de 2011, en una declaración conjunta sobre libertad de expresión e internet por el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP).
Las medidas de filtrado o bloqueo deben diseñarse y aplicarse de modo tal que impacten, exclusivamente, el contenido reputado ilegítimo, sin afectar otros contenidos; de lo contrario, constituyen una restricción ilegitima a al libertad de expresión. Por eso la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que “en casos excepcionales, cuando se está frente a contenidos abiertamente ilícitos o a discursos no resguardados por el derecho a la libertad de expresión (como la propaganda de guerra y la apología del odio que constituya incitación a la violencia, la incitación directa y pública al genocidio, y la pornografía infantil) resulta admisible la adopción de medidas obligatorias de bloqueo y filtrado de contenidos específicos”.
El Estado venezolano es responsable de proteger y respetar el derecho a la libertad de opinión y expresión. Consecuentemente no debe requerir ni presionar a las entidades privadas para que violen los derechos humanos o interfieran en forma desproporcionada e innecesaria con el derecho a la libertad de expresión.
Las solicitudes que las autoridades gubernamentales hagan respecto del sector privado, sea de interceptación, bloqueo, remoción y monitoreo de contenidos deben cumplir con los requisitos establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos, particularmente la libertad de expresión. De lo contrario estarían cometiendo una violación a los derechos humanos y un delito.
El Estado no ha demostrado cumplir con la obligación de adoptar medidas tendientes a asegurar que las empresas y organismos privados involucrados en la gestión y administración de la red no pongan barreras desproporcionadas o arbitrarias a dicho acceso. Al contrario, el silencio de los prestadores de servicios de internet públicos y privados como: Cantv, Movilnet, Movistar y Digitel es escandaloso. No han tenido la capacidad, ni la intención de rendirle cuenta al usuario sobre las reglas y protocolos que utilizan para ejercer un control ciudadano de sus políticas de acceso. Esta practica los hace cómplices de las arbitrariedades del gobierno. Todo indica que contribuyen con el gobierno a bloquear el acceso a internet en Venezuela.