Desde que fueron electos los integrantes de la Asamblea Nacional por 14 millones de votos, esa legítima representación ha sufrido el ataque permanente del terrorismo de Estado.
Siendo el Poder Legislativo el más representativo de la soberanía popular, ha sido sometido de manera sistemática a todo tipo de agresiones para anular sus competencias legislativas y de control.
La falsa asamblea constituyente y el fraudulento Tribunal Supremo de Justicia han sido las armas utilizadas por el autócrata Maduro para intentar anular al verdadero poder popular, la Asamblea Nacional. Se viola la inmunidad parlamentaria, consagrada en la Constitución. Se les arrebata a los diputados su documento de identidad (pasaporte), se les eliminan sueldos y dietas para obstaculizar su labor, se desconocen sus decisiones e incluso, un indigno oficial de la Guardia Nacional Bolivariana es ascendido como premio después de agredir al presidente de la Asamblea Nacional y de apoyar el ingreso al palacio legislativo de colectivos oficialistas violentos y armados que atacaron a los parlamentarios poniendo en riesgo sus vidas, como fue el caso de los diputados Américo de Grazia (CausaR), Nora Bracho (UNT) y Armando Armas (VP), entre otros, y también la de varios empleados del parlamento.
Se persigue y encarcela ilegalmente a los representantes del pueblo, como ocurrió con los diputados Gilber Caro (VP), Renzo Prieto (VP), Lester Toledo (VP) y Wilmer Azuaje (PJ). Más recientemente, Ismael García (VP), José Manuel Olivares (PJ) y el propio Julio Borges (PJ) recibieron amenazas que incluían a sus familias por lo que se vieron obligados a exiliarse.
También han sido perseguidos e inhabilitados políticamente los líderes Antonio Ledezma, María Corina Machado, Henrique Capriles y Leopoldo López que ya lleva más de cuatro años preso. La lista se alarga con los nombres de diputados regionales, concejales y alcaldes. Por mencionar solo algunos: Daniel Ceballos (VP), Alfredo Ramos (CR), David Smolansky (VP).
A esto hay que añadir la ilegalización de los principales partidos políticos de la oposición, así como la persecución de los dirigentes sindicales y gremiales, los activistas locales y regionales de Voluntad Popular y Primero Justicia.
El terrorismo de Estado ha sido la característica del régimen para acosar y anular a la disidencia, utilizando la siembra de pruebas falsas y la manipulación de expedientes usando a jueces como sicarios judiciales para encarcelar y torturar a los opositores.
Como hemos dicho, condenamos la violencia venga de donde venga pero, indudablemente, quienes exhiben de manera grotesca la hegemonía del poder en Venezuela, son los que tienen la mayor responsabilidad a la hora de garantizar la plena vigencia de la Constitución.
Atrincherarnos en posiciones extremas y antagónicas, en las que una parte del país quiere aplastar a la otra, nos aleja aún más de la salida lo menos traumática posible que la mayoría desea.
Maduro convierte una chapuza terrorista, que rechazamos, en una nueva excusa para reprimir y encarcelar a sus opositores. Los objetivos, por ahora, son los diputados Juan Requesens y Julio Borges, sometidos a una cruel represión.
Las acusaciones de un régimen mentiroso no tienen credibilidad. Como ha dicho Luis Almagro, secretario general de la OEA, hace falta una investigación seria e independiente, ajena a las manipulaciones del autócrata Maduro.
Entre los peores remedios frente al terrorismo de Estado se encuentran el aventurerismo y la violencia política, cuyas consecuencias pueden ser la materia prima de escenarios aún más indeseables.
Debemos aumentar la presión de la comunidad internacional como se ha hecho hasta ahora. Al mismo tiempo, tenemos que impulsar la acción política y social interna, con iniciativas como el paro nacional propuesto por Andrés Velásquez, midiendo bien nuestras fortalezas y sin crear falsas expectativas. Hay que avanzar con una conducción opositora unida, cuyo objetivo sea la salida urgente de Maduro como principal responsable de la tragedia que vivimos.
Finalmente, repudiamos el denigrante espectáculo de terror promovido por los esbirros del régimen en contra del diputado Juan Requesens. Somos solidarios con él y su familia.
Michell Bachelet, ex Presidenta de Chile y actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, debería intervenir para el cese inmediato de las torturas y la liberación de los más de 250 presos políticos de la dictadura del hambre y la corrupción de Nicolás Maduro.
@TablanteOficial