Optimismo por desregulación cambiaria contrasta con injerencia financiera. Decreto ley no deja claro papel del Gobierno frente a banca privada. Anuncios oficiales no lucen razonables. Despenalización de compra venta de divisas admite reducción severa de ingresos. Medida apunta a favorecer repago flexible a chinos. Desregulación cambiaría debe acompañarse de programa de crecimiento económico.
La pregunta que titula este artículo se deriva de los recientes anuncios oficiales promoviendo una presunta desregularización del mercado cambiario en el país eliminando las penalizaciones inherentes a la compra / venta de divisas.
Injerencia financiera
El optimismo oficial de los anuncios contrasta con la evidente injerencia financiera del régimen, cuyo más reciente ejemplo es la extensión por 90 días de la intervención administrativa de Banesco, un proceso que se había iniciado el pasado 3 de mayo, cuando los cuerpos policiales ejecutaron la cuarta fase de la llamada “Operación Manos de Papel” y detuvieron al presidente ejecutivo, cinco vicepresidentes y cinco funcionarios de alto rango del banco, la principal entidad financiera privada del país. “Según la propia imputación, el caso radica en la participación de terceros en actividades cambiarias en el mercado alternativo de divisas y en la comercialización de efectivo.”
En el decreto ley “para hacer más transparente el mercado cambiario” no queda claro la coherencia en la actuación del gobierno frente al papel que mantendrán los bancos y el sector financiero en general. La continuidad de los factores de injerencia en todos los sectores de la vida nacional arrojan serias dudas sobre la viabilidad de la propuesta de recurrir a un mercado cambiario desregulado.
En tales circunstancias afirmar que estaremos frente a una verdadera apertura del sector privado y de los agentes económicos para recurrir a un mercado de libre juego de oferta y demanda de divisas luce poco razonable.
Reconocimiento explícito de la escasez de divisas
La medida del gobierno representa la aceptación de que la reducción de los ingresos fiscales, especialmente de origen petrolero, acentuada por la merma en la producción y escasez de divisas, ha conducido que el sector privado financie en más del 90% actualmente las importaciones en Venezuela lo cual no es nada plausible.
La decisión no busca reducir los desequilibrios macroeconómicos del país ni las expectativas devaluacionistas, pues no representa per se un agregado de oferta de divisas.
Repago flexible a los chinos
Pareciera que más bien se acerca a la posibilidad de garantizarle a los chinos un repago más flexible que podría enmarcarse en el financiamiento de 5.000 millones de dólares para proyectos de inversión directa en la producción de petróleo anunciado recientemente. No es la primera vez que el régimen de Maduro logra este tipo de acuerdos con China.
En noviembre de 2016 se conoció que Maduro firmó otro acuerdo con China para aumentar las exportaciones de crudo. El Gobierno de Venezuela y la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) acordaron un plan de inversión por USD $2.200 millones, que, supuestamente, permitirían elevar la producción petrolera en 277.000 barriles más por día.
Es obvio que los objetivos enmarcados en estos acuerdos no se cumplen desde el punto de vista de mejorar la capacidad de producción petrolera, sino más bien de ofrecer un petróleo barato con un descuento elevado en su venta asumiendo costos y gastos desfavorables para la nación, que a la postre contribuyen a la merma constante del flujo de caja de PDVSA y del Estado, reduciendo la capacidad de atender las graves necesidades de la población.
De hecho, los acuerdos bilaterales, deben o están obligados a realizar aportes importantes al Producto Interno Bruto (PIB) de los estados involucrados, no se establecen relaciones con la finalidad de generar beneficio en una sola parte, sino en ambas.
Venezuela es el único reflejo de que esto no es así. Observando a China como un gran socio comercial a lo largo de estos años estableció un vínculo comercial desfavorable a los intereses de la nación, ha permitido inyectar desde hace más de diez años 20.000 millones de dólares al desarrollo de 790 proyectos en el Fondo Chino-Venezolano, y 42.000 millones del Fondo Pesado y a Largo Plazo, iniciado en el año 2010, cifras representativas de un fracaso contundente evidenciado en los resultados generados hasta ahora.
El connotado Fondo Chino es un Fondo de Cooperación Binacional para el financiamiento de proyectos en Venezuela y está formado por aportes del Banco de Desarrollo Chino (CDB) y del FONDEN. Se estableció desde el año 2007 a través del Fondo Pesado I, luego para el 2009 el Fondo Pesado II, y para el 2010 el fondo de gran volumen que culmina en el año 2030.
Entre los acuerdos firmados con China destacan: La creación de un comité mixto de energía (1999), la comisión mixta de Alto Nivel (2001), Empresa de capital mixto venezolana de Industria Tecnológica (VIT), que ensambla y distribuye computadoras con mano de obra Venezolana (2004), cooperación chino-venezolana en materia de viviendas (2005), Fondo Mixto Chino-Venezolano (2007), Satélite Simón Bolívar (2008), Explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco (2010), Satélite Miranda (2013), Nuevo satélite y Agroquímicos (2014), Desarrollo del sector aurífero (2015).
En febrero de 2017 China firmó 22 acuerdos petroleros con Vzla y Maduro dijo “Todo el petróleo que necesita China está en territorio venezolano”. Seria deseable una auditoría exhaustiva y la determinación real de los resultados tangibles del endeudamiento de Vzla con China al recibir más de US $ 65.000 millones en todos esto años con la mayor caída del PIB de su historia contemporánea.
Los resultados hablan por si solos, para finales de año el país habrá perdido cerca del 50 por ciento de su producto interno bruto en cinco años. “Esta caída se encuentra entre las catástrofes económicas más grandes de los últimos sesenta años, por encima de Zimbabue entre 2002 y 2008, y comparable solo con la de países que fueron soviéticos luego de la transición del comunismo. O a la de conflictos bélicos como los de Irak, Liberia, Libia y Sudán del Sur en las últimas tres décadas”.
Desregulación cambiaría y programa económico
La debacle de nuestro país no solo obedece a los excesos en la corrupción avasallante sino también al mal manejo de nuestros recursos naturales en un flagrante propósito de traición a los habitantes de la patria con el único objetivo de preservar el poder.
Reducir las barreras legales en el mercado cambiario sin un programa económico de crecimiento a corto y mediano plazo representa solo una medida de protección de los intereses foráneos que no desvinculará en absoluto los resultados de la devaluación exponencial generada por la hiperinflación.
El futuro y los venezolanos demandarán una clara convicción de la defensa de los intereses nacionales apenas comience la nueva etapa de reconstrucción.
Rosana Sosa García es economista PhD