Análisis: El atentado a Maduro, un escenario para desmembrar a otro partido opositor

Juan Guillermo y Rafaela Requesens esperan a las afueras de El Helicoide para saber del diputado Juan Requesens recluido en esa cárcel política REUTERS/Adriana Loureiro

 

 

El atentado que sufrió el pasado 4 de agosto el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se ha convertido en un escenario que puede llevar a que el partido opositor Primero Justicia (PJ) termine desmembrado, como sucedió con Voluntad Popular, y cuyos dirigentes aseguran sufrir una “persecución”.

En el PJ, creado hace 18 años poco tiempo después de haberse iniciado la llamada “revolución bolivariana”, militan los diputados Julio Borges y Juan Requesens, dos de los acusados del atentado que sufrió Maduro el 4 de agosto, cuando varios drones con cargas explosivas detonaron durante un acto que encabezaba el presidente.

Contra el primero, a quien Maduro venía amenazando con cárcel desde hace meses, pesa actualmente una orden de detención emitida por el Tribunal Supremo y, según el Gobierno, una solicitud de alerta roja en Interpol pues Borges se encuentra actualmente en Colombia.

El segundo fue detenido por las autoridades cuando el gobernante lo acusaba en televisión y fue despojado de su fuero en un proceso exprés por parte del chavismo.

Así como ellos, la mayoría de los miembros de este partido han sido señalados en múltiples ocasiones por los voceros del Gobierno de ser “violentos” y “terroristas”, palabras también usadas por el chavismo para referirse a los dirigentes de Voluntad Popular (VP), una organización liderada por el dirigente preso Leopoldo López.

VP, que denunció persecuciones durante los últimos cuatro años, tiene a sus principales líderes inhabilitados, como es el caso de López o de David Smolansky, quien salió del país luego de que se ordenara su arresto por no impedir protestas en el municipio que gobernaba.

Asimismo, el coordinador de VP Freddy Guevara se encuentra bajo protección en la Embajada de Chile.

Esta organización llegó a denunciar en un momento que 245 de sus militantes habían sido víctimas de persecución por parte del Gobierno, que este año otorgó libertad con restricciones a Gilber Caro, Alexander Tirado, Raúl Emilio Baduel y Daniel Ceballos, todos activos críticos contra Maduro antes de ser arrestados.

López, sin embargo, sigue preso en su domicilio y cumple una condena de casi 14 años por los hechos violentos que ocurrieron al final de una marcha convocada el 12 de febrero de 2014.

Desde ese año, VP, hoy con sus principales voces disgregadas o acalladas, comenzó a denunciar el hostigamiento en su contra.

En tanto que en 2016, luego de que el dos veces candidato a la Presidencia y militante de PJ Henrique Capriles promoviera el referendo revocatorio contra Maduro -mecanismo que fue impedido por órdenes de tribunales ante un supuesto fraude en la solicitud-, las denuncias de “amedrentamiento” por parte de este partido aumentaron.

Los señalamientos contra los líderes de PJ por parte del Gobierno de Maduro escalaron en 2017, cuando el diputado Borges presidió el Parlamento, de mayoría opositora, y tras las protestas antigubernamentales de ese año, por las que también denunciaron la detención de varios de sus concejales.

Maduro comenzó a referirse en ese año a Borges como el “jefe de la oposición” y no ahorró descalificativos y advertencias luego de que el diputado iniciara una gira internacional para “denunciar” la crisis política venezolana.

Entre esas denuncias figuró la situación del Parlamento, que fue despojado de sus funciones legislativas ante un “desacato” a las sentencias de la máxima corte -a la que la oposición acusa de actuar del lado del Gobierno- casi inmediatamente después de haberse instalado en 2016.

Aunque, en general, los dirigentes opositores aseguran que son seguidos en sus recorridos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, en los últimos meses Borges, y en especial el secretario general de este partido, Tomás Guanipa, han denunciado “amedrentamiento” por parte de este organismo.

El mes pasado el diputado y miembro de esta organización José Manuel Olivares, un médico activo que denuncia la escasez de medicinas y el deterioro de hospitales, abandonó el país ante una supuesta orden de captura de su esposa, a quien iban a acusar, supuestamente, de “un delito que no cometió”.

El año pasado, cuando se convocaron las elecciones regionales y Olivares aspiró a la gobernación del estado Vargas (centro-norte), el médico denunció la detención de su hermano como parte de una forma de presión para que abandonara su postulación.

Los mencionados anteriormente han recibido apoyo de la oposición, que en medio de la denuncia del atentado también han advertido sobre una nueva “ola represiva” y se han solidarizado con Borges y Requesens, un joven altamente crítico con el Ejecutivo.

En un video difundido el viernes por el Gobierno, Requesens afirmó haber tenido contacto con uno de los acusados de coordinar el ataque, lo que fue rechazado por sus familiares, que aseguran que el diputado declaró bajo “coacción”.

Con todo, el partido, cuyos principales dirigentes parecen tener un destino similar a los de VP, aseguró este lunes que seguirán “luchando para rescatar al país”.

Bárbara Agelvis/EFE