El presidente de Colombia, Iván Duque, radicó hoy un proyecto de ley contra la corrupción que incluye sanciones a empresas, no solo corporativas, sino también a gestores y propietarios.
EFE
En una declaración tras radicar el documento, aseguró que el proyecto de ley llega como “seguimiento” a su discurso del pasado domingo, cuando aseguró que el pueblo colombiano mostró su “hastío” con la corrupción.
El domingo se celebró un referendo anticorrupción en el que 11,6 millones de personas votaron, si bien no tuvo validez al no llegar al umbral de 12,1 millones de sufragios.
“Me complace estar acá con el procurador presentándole al país este proyecto tan importante en la lucha contra la corrupción y fomento de la probidad pública”, aseveró el mandatario.
El proyecto también incluye que se amplíe de cinco a veinte años el periodo para la acción disciplinaria y la sanción de conductas de los funcionarios de los servidores públicos.
También lo que consideró como un “elemento profundamente novedoso” como es “la acción penal para las personas jurídicas” que no solo supone “sanciones corporativas”, sino “una sanción a gestores y propietarios”.
El proyecto de ley, según detalló Duque, incluye “sanciones durísimas como la prohibición de la contratación con el Estado”, precisamente una de las siete preguntas que se hicieron a los colombianos en la consulta del pasado domingo.
Además, el mandatario agregó que el proyecto de ley “da vida a la extinción de dominio (expropiación) exprés” con el objetivo de “endurecer la sanción patrimonial a quienes atentan contra el patrimonio publico”.
“Otro elemento muy importante es que fortalece, motiva y patrocina la denuncia ciudadana brindando mecanismos de protección eficaces. Eso nos permitiría que más ciudadanos cooperen con las autoridades para denunciar a los corruptos”, subrayó.
Por su parte, el procurador general, Fernando Carrillo, aseveró que la presentación del proyecto de ley da “un paso más adelante respecto al mandato ciudadano del pasado domingo”.
En opinión de Carrillo, no sólo es necesario que prosperen este tipo de proyectos de ley, sino que haya “un cambio de comportamiento ciudadano” que es lo que considera que está incluido en el texto legislativo.
Asimismo, subrayó que “el sector privado debe comenzar a asumir grandes responsabilidades en la lucha contra la corrupción.
“Vamos a seguir a la vanguardia de esta lucha porque hemos recibido un espaldarazo de la ciudadanía”, concluyó Carrillo.