Henrique Capriles,  quien no la debe nada teme, por Rafael Rodríguez Mudarra

Henrique Capriles,  quien no la debe nada teme, por Rafael Rodríguez Mudarra

La Constitución aprobada por el pueblo de Venezuela – mediante referéndum constituyente  – a los quince días del mes de diciembre  de mil novecientos  noventa y nueve , constituida  en forma plural por un conjunto de venezolanos, no todos  alineados  con Hugo Chávez,  presidida por Luis Miquilena, hubo de asentar en su contenido como principio cardinal que el pueblo depositario del   Poder Constituyente rechaza  cualquier acto de autoridad que contraríe las garantías  democráticas o menoscabe los derechos humanos,  por ser ineficaz como acto de fuerza, a la vez que le reconoce al ciudadano el deber de colaborar  en el restablecimiento  de su efectiva vigencia.

La Constitución vigente llenó  vacíos no previstos en la Carta Magna  promulgada el 23 de enero de  1961,  a la vez que  nos da por  sabido   que la soberanía  no se ejerce a través de los partidos conceptuando que el pueblo la ejerce directamente,  lo que nos fuerza a  la consideración que los partidos constituyen una limitación para la voluntad popular , por lo que siendo el pueblo soberano la ejerce no solamente  a través del sufragio, sino en forma más directa como poseedor  del poder constituyente originario.

El triunfo revolucionario del 23 de enero de 1958, qué da al traste con la perversa y sanguinaria dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez   nos llevó a definir  las relaciones entre lo que anteriormente  constituía  el sistema bicameral   del Congreso, las cuales no eran otras  que  la confusión  de las funciones legislativas  y ejecutivas, que hizo imposible la  INCOMPATIBILIDAD de los órganos del Poder Nacional.  Tal confusión,  negación de la división de los poderes públicos  ha permitido la subordinación de estos  al gobernante  de turno, contrapuesto  al principio  que reina en todas las democracias del mundo,  como lo es:   la instauración de un  gobierno RESPONSABLE con predominación  de la libertad, la igualdad , la solidaridad  y en general , la preeminencia de los Derechos Humanos .





El estado  “RESPONSABLE” a juicio  de JÓVITO VILLALBA   “significa en la vida constitucional la realidad más hermosa de la República, la única verdad que hace efectiva la  moral política, la pureza fiscal, y en general todas las realizaciones  del progreso en el orden social, en el orden político, en el orden económico,  en el orden cultural. Se pregunta el  constitucionalista  y  gran tribuno de América  ¿Cuáles  son señores, las bases  doctrinarias del principio de la incompatibilidad? Son estas: el gobierno democrático, como lo establecen la letra de la Constitución y la doctrina política constitucional de los mejores autores, es fundamentalmente  un gobierno que está obligado a rendir cuentas de sus actos  ante el poder soberano que representa la opinión y voluntad del pueblo. Ese poder señores, ese poder representativo de la opinión y la voluntad del pueblo es el Poder Legislativo, como juez, como  examinador de los actos del gobierno, tiene que ser un poder independiente  de los cuadros de la administración  pública” fin de la cita. (Maduro no es más que la expresión continuada  del  irrespeto al Estado responsable).

Como acotación de  lo  precedente, el constituyente de 1989 no se queda  en el pasado feudal. Hace de la incompatibilidad   de los  órganos de poder Nacional un principio irreductible.  Consagra que la soberanía se  ejerce mediante el sufragio por los órganos  que ejercen el Poder Público. El Poder Público Nacional se divide  en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral; pero, hoy todo  este avance institucional  que conforma el Estado de Derecho  es letra muerta.   Se pisotea la Constitución. El presidente, sus ministros, los militares activos  en funciones de gobiernos monopolizan  la facultad de hablarle  a la nación  cuando a bien lo tenga. El presidente usa la radio como líder político a la vez que ordena   abrir procedimientos judiciales  contra todo aquel que ejerza su derecho a disentir;  priva al parlamento del ejercicio de sus atribuciones; es decir el  Presidente se ha convertido  en un reo confeso  de la violación de la Constitución: ha dejado de ser  imparcial, repite una conducta  fascista y decimonónica   llevando a la práctica  la subordinación  de los poderes públicos , los  que con exiguas excepciones  han dejado de ser independientes para  constituirse  en órganos  serviles   a los caprichos   autoritarios de Nicolás Maduro.

El no cumplimiento  de los principios rectores de la Constitución  ha convertido a Venezuela en un pueblo tarado  por el autoritarismo político, federado  al régimen cubano, con dominio de  grupos familiares en su dirección. Ha dejado de ser la nación  insigne de la región.  Dejó de ser, lo que fue en el pasado Siglo, un país  no homologable  al que todo occidente  hubo  de concederle credibilidad institucional dado el funcionamiento pleno del  Estado de Derecho. No obstante,   lo dicho, el pueblo  mediante elecciones libres  le dio a los sectores  opositores  toda su confianza de poder originario  para el ejercicio de las funciones legislativa, constituyó  a este órgano del Poder Público Nacional  en   no subordinado a las ocurrencias  autoritarias del actual régimen fascista.

La Asamblea Nacional, no sumisa al ejecutivo  hizo posible  la instalación de un TSJ nombrado en conformidad a la Constitución, así como  la ratificación de Luisa Ortega Díaz para actuar “en representación del interés general y responsable del respeto a las garantías constitucionales” los  que a la luz del mundo  se entiende  legítimo, y  que por razones obvias funciona en el exilio.

El TSJ    el día 15 de agosto cumplidas las formalidades de ley profirió sentencia  mediante la cual  fue condenado a 18 años  y tres meses de prisión  el ciudadano Nicolás Maduro. También obligado a resarcir  al Estado  35 millones de dólares, declarándolo  inhabilitado  para ejercer cargos públicos. La sentencia  fue proferida  desde el Congreso de Colombia  en Bogotá, se dio en el marco de  la corrupción de la constructora  Odebrecht. Para los juristas entendidos  como para otros  preocupados por el interés nacional, la sentencia es un ejemplo  de que si se puede condenar a los corruptos  y recibir el patrimonio que ha desaparecido de las  Arcas  públicas. Pero no es todo, posterior a este  caso con antecedente en nuestra justicia, no excepcional;  el  órgano tenido como rector del Poder Judicial pidió  investigar  a Henrique Capriles,  ex candidato presidencial, ex gobernador del estado Miranda e igual que  a Elías Jaua  y  Jorge Rodríguez, señalados todos ellos  como sospechosos  de haber perpetuado  delitos de corrupción propio y legitimación de capitales. Se le pidió a la  fiscal del Ministerio Público abrir la averiguación pertinente.

Con toda honradez no se puede ser crítico a una disposición  de un órgano tenido como legítimo, por el hecho de hacer  lo que no se ha atrevido   el gobierno que nos rige: la de  ordenar investigar en este caso a Henrique Capriles   pertenecientes a  las filas de la oposición. Creemos que es de su deber; y seguro estamos que de llevarse a cabo la  investigación, no será rehuida por él investigado, por cuanto  estamos seguro que  se  cumplirán   todas las garantías del debido proceso que le  fueren concedidas al sentenciado  Nicolás Maduro.

Henrique Capriles   goza de mi estima como  funcionario probo de un gran talante democrático y con una hoja  de servicio de exhibición sin macula. En diferentes oportunidades  he escrito sobre el particular. Tengo entendido  que en sus 19 años  de servicio en la administración no se  le ha comprobado  alguna irregularidad  o acto de corrupción; y que  frente a la investigación que se le ha ordenado estará   dispuesto a enfrentarla sin condicionar la legalidad de los que ordenaron  su investigación. Ha dicho “que se investigue lo que  tenga que investigarse;  eso sí, sin falsedades  y sin objetivos pocos transparente” “El que no la debe  nada  teme”, adelante  Henrique; seguro estamos de que tu honradez te absolverá  ¡ Colonia no. Patria sí ¡

RAFAEL RODRÍGUEZ NUDARRA, abogado, político. Presidente de URD