El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) condenó hoy las detenciones arbitrarias así como la criminalización y exigió justicia independiente en Nicaragua.
EFE
“Son los jueces, juezas y fiscales que están llevando a cabo estos procesos y quienes están comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado, al no realizar investigaciones diligentes, ni tampoco juzgar con independencia e imparcialidad”, destacó el Cejil en un comunicado de prensa.
Estas declaraciones se dan luego de que este miércoles el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) presentara un informe que reconoce que al menos 300 individuos estarían siendo procesados por su implicación en las protestas, incluyendo al menos 9 mujeres y 10 menores de edad.
Para Cejil, este caso es “particularmente grave y emblemático, porque ilustra la tercera fase de la represión estatal, que consiste en el abuso del derecho penal para fabricar causas penales y así intimidar a quienes han participado en actos de resistencia cívica y pacífica”.
Además, el fin de semana pasado la policía detuvo a varios estudiantes, entre estos a Byron José Corea, Christopher Nairobi Olivas, Luis Arnulfo Hernández, Juan Pablo Alvarado, Yaritza Yudith Rostrán, Víctor Manuel Obando y Levis Josué Artola, a quienes se les está imputando cargos como terrorismo y homicidio.
El Centro instó a la comunidad internacional a continuar realizando acciones para que se restablezca la democracia y pidió interceder por la liberación de las personas injustamente acusadas de crímenes penales.
También exigió a los operadores de justicia que “cumplan con sus obligaciones de garantizar el acceso a la justicia de manera imparcial, independiente y libre de presiones indebidas”.
El Cejil recordó el caso de los jóvenes Brandon Lovo y Glen Slate, quienes fueron declarados culpables del asesinato del periodista Ángel Gahona, pese a la existencia de prueba que demuestra su inocencia.
“Actuaciones de este tipo ilustran las vulneraciones graves al derecho a defensa y debido proceso en Nicaragua. Esta condena ocurrió en un juicio sin observación internacional, a puertas cerradas, y en donde la abogada defensora denunció haber sido objeto de amenazas mientras la familia del comunicador debió huir del país para evitar represalias en su contra”, cita el texto.
Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que ha dejado entre 322 y 448 muertos, de acuerdo con entes humanitarios internacionales y locales, mientras el Gobierno cifra en 198 los fallecidos y denuncia un intento de golpe de Estado.
Las protestas contra el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.