Medio centenar de ONG internacionales condenaron hoy de manera «enérgica» la decisión del Gobierno guatemalteco de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y dijeron que su salida del país propiciará «impunidad».
EFE
Las asociaciones aseguraron en un comunicado conjunto, difundido por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y firmado por organizaciones de México, Ecuador, Guatemala, Perú y Estados Unidos, entre otros países, que la medida adoptada por el presidente, Jimmy Morales, «constituye obstrucción de justicia y busca desestabilizar la institucionalidad» del país.
«La Cicig ha sido la piedra angular de la lucha contra la corrupción, y su disolución representa el más reciente esfuerzo por consolidar la impunidad frente a numerosos procesos de corrupción que están en curso», afirmaron.
El presidente Jimmy Morales anunció este viernes que no solicitará la renovación del mandato de este ente, que vence en septiembre de 2019.
La Cicig y la Fiscalía habían pedido desaforar al mandatario para que pudiera ser investigado por un posible delito de financiación electoral ilícita en la campaña electoral que lo llevó al poder en el año 2015.
«Con esta decisión, el mandatario -que enfrenta una solicitud de antejuicio por financiamiento ilícito de su campaña- antepone intereses particulares a los de la población y desconoce sus obligaciones internacionales y los convenios firmados con Naciones Unidas», sostuvieron las oenegés.
Las organizaciones también denunciaron que el mandatario Morales hizo el anuncio «en compañía de las fuerzas armadas» y que su discurso estuvo «cargado de una retórica violenta».
«Esta medida ha sido acompañada de acciones de acoso, intimidación y podría conllevar la criminalización de personas defensoras de derechos humanos en Guatemala, cuyo rol ha sido clave en el avance de la lucha contra la corrupción, la justicia y la democracia», advirtieron.
Entre las asociaciones firmantes se encuentran el propio Cejil, Oxfam, The Human Rights Defenders Project (HRDP), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (Cnddhh) o la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh).
Las investigaciones de la Cicig y de la Fiscalía han salpicado a miembros cercanos del actual presidente, a su partido durante las elecciones que lo llevaron al poder y a dos de sus familiares más cercanos, su hijo José Manuel y su hermano Sammy, quienes deben enfrentar un juicio por un caso de fraude al Estado en 2013.
Ya el año pasado Jimmy Morales intentó expulsar del país al jefe de la Cicig, el abogado colombiano Iván Velásquez, pero una decisión de la Corte de Constitucional frenó esta acción.