Cuestionable el comienzo de la Alta Comisionada de los DDHH en la ONU, por Robert Carmona-Borjas

Robert Carmona-Borjas / Archivo

Hace unas semanas el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, socialista portugués, designó como Alta Comisionada para los Derechos Humanos a la también socialista, Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile, en sustitución de Zeid Ra’Ad Al Hussein de Jordania, quien durante sus años al frente de esa Oficina estructuró una posición valiente y cónsona con la realidad, condenando no solo en Venezuela sino en todas partes, los regímenes totalitarios, las violaciones de derechos humanos.

En el caso de Venezuela, así como Almagro en el ámbito regional, el ex Alto Comisionado preparó Informes muy serios y bien sustentados sobre la realidad venezolana y la realización de crímenes internacionales que más adelante, sin duda, serán conocidos por la Corte Penal Internacional, más cuando desde ahora parece lograrse un consenso entre varios gobiernos de la región para presentar la denuncia ante la Fiscalía, de manera que se inicie la investigación formal de la situación en Venezuela y se establezcan las responsabilidades penales que hasta ahora la Fiscal Fatou Bensouda se ha negado a considerar.

Lo cierto es que la nueva Alta Comisionada tiene una enorme responsabilidad. Ella deberá enfrentar la realidad de algunos países, sin sesgos ideológicos. Aunque haya estado cerca, muy carca, de Chávez y de Maduro, de Castro, de Ortega y Morales, debemos esperar de la nueva Alta Comisionada su apoyo a la lucha por la libertad y la democracia, por los derechos humanos de todos y en todas partes.

Es tiempo de reflexión y de avance, tiempo de mirar hacia adelante y de abrir el camino a las nuevas generaciones y la lucha contra la impunidad y en favor de la promoción y el respeto pleno de los derechos humanos en el mundo.

Las cosas en Venezuela se han agravado, como nunca antes. Más detenciones arbitrarias, más torturas, acoso, terrorismo de Estado en su mejor expresión. Los órganos regionales y muchos han exigido a la dictadura el respeto de los derechos de Juan Requesens, político y parlamentario secuestrado en los sótanos del SEBIN en Caracas, pero la Señora Bachelet aún no ha dicho nada, lo que no muestra nada bueno en la labor que apenas comienza. Tampoco sobre los derechos humanos de los millones de venezolanos que huyen del terror, ni sobre la xenofobia creciente en algunos países, postura que debe ser condenada sin tapujo, con claridad.

La comunidad internacional necesita una Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y un Alto Comisionado comprometidos con esta lucha y con la capacidad de hacerlo, con la voluntad de batallar ante las adversidades, para imponer las reglas y los principios.

@CarmonaBorjas