Egipto aprueba una ley que permite un mayor control de las redes sociales

El presidente egipcio, Abdel Fatah al-Sisi, ofrece discurso ante el Parlamento, 13 de febrero de 2016.

 

El presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, promulgó una ley para reglamentar la prensa y los medios, que permitirá vigilar estrechamente algunas cuentas de usuarios de redes sociales, informó el sábado el boletín oficial del Estado.

Según esa ley, aprobada por el Parlamento en julio, cualquier persona que tenga más de 5.000 seguidores en línea, ya sea en una web personal, un blog o en las redes sociales, podrá ser vigilada por las autoridades.





El Consejo Superior de Regulación de los Medios, famoso por sus diatribas contra los medios extranjeros, podrá autorizar la suspensión o el bloqueo de esos sitios web o cuentas si considera que “publican o difunden noticias falsas” o “incitan a violar la ley, o a la violencia o al odio”.

A mediados de agosto, el presidente ya había promulgado una controvertida ley de “lucha contra la cibercriminalidad”.

En virtud de ese texto, las autoridades pueden bloquear, mediante la intervención de un juez, cualquier web cuyo contenido suponga “una amenaza para la seguridad nacional” o para la “economía nacional”.

Más de 500 sitios web de noticias o de oenegés están bloqueados actualmente en Egipto, según la Asociación para la Libertad de Pensamiento y Expresión, con sede en El Cairo.

La nueva ley prevé también penas de cárcel de un año y multas de entre 50.000 y 100.000 libras egipcias (entre unos 2.800 y 5.600 dólares) para “cualquier persona que acceda de forma deliberada o por error, y sin motivo valable, a una web, una cuenta privada o un sistema informático cuyo acceso esté prohibido”.

Por su parte, “quienes creen, dirijan o usen una web o una cuenta privada con el fin de cometer o facilitar la comisión de crímenes castigados por la ley” se enfrentarán a condenas de al menos dos años de prisión y multas de 100.000 libras egipcias (5.600 dólares).

Las autoridades arrestaron en los últimos tiempos a internautas y blogueros, críticos con el Gobierno o famosos por sus comentarios o dibujos satíricos. El poder los acusa de pertenecer a “grupos prohibidos” y de difundir “noticias falsas”.

AFP