La Alianza Cívica de La Alianza Cívica de Nicaragua solicitó hoy a las Fuerzas Armadas del país que apoyen “una salida pacífica a la crisis”, que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega desde abril pasado.
“Al iniciar el mes de la patria (septiembre) hacemos un llamado al Ejército de Nicaragua para que actúe en estricto apego a la Constitución y las Leyes y escuche el clamor del pueblo, que reclama una salida pacífica a la crisis, para encauzar al país por la senda de la justicia y la democracia”, indicó la Alianza, en un comunicado.
Hasta ahora el Ejército de Nicaragua se ha mantenido al margen de la crisis.
La posición de las Fuerzas Armadas ante la crisis le ha supuesto diversas críticas de parte de los opositores de Ortega.
Entre las críticas fundamentales está el “permitir” la existencia de paramilitares, o incluso la presencia de armas de guerra contra los manifestantes ejecutados por policías y parapolicías, según organizaciones humanitarias.
El Ejército de Nicaragua ha sostenido que mantiene control, tanto de su personal como de sus armas, y que estos no han tomado parte en actos de violencia.
La Alianza, contraparte del Gobierno en el diálogo nacional, y que tiene como mediador al Episcopado, recordó a las Fuerzas Armadas nicaragüenses el mandato de ley cuando una autoridad “transgrede” las leyes del país.
“La remoción del jefe del Ejército de Nicaragua procede cuando con sus actuaciones transgrede la apoliticidad o apartidismo del ejército”, insistió la Alianza en el comunicado, firmado con fecha de ayer sábado.
En Nicaragua el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente, en este caso Ortega, quien reconoce 198 muertos a causa de la crisis, mientras organismos internacionales y no gubernamentales los cifran entre 322 y 448.
“Cualquier acto contrario a la Constitución Política cometido por autoridad, funcionario o empleado público, constituye un abuso de autoridad o de funciones”, remarcó la Alianza, compuesta por empresarios, estudiantes, campesinos y otros sectores de la sociedad civil.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de los años de 1980, también con Ortega en la Presidencia.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas reformas de la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años en el poder.EFE solicitó este domingo a las Fuerzas Armadas del país que apoyen “una salida pacífica a la crisis”, que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega desde abril pasado.
“Al iniciar el mes de la patria (septiembre) hacemos un llamado al Ejército de Nicaragua para que actúe en estricto apego a la Constitución y las Leyes y escuche el clamor del pueblo, que reclama una salida pacífica a la crisis, para encauzar al país por la senda de la justicia y la democracia”, indicó la Alianza, en un comunicado.
Hasta ahora el Ejército de Nicaragua se ha mantenido al margen de la crisis.
La posición de las Fuerzas Armadas ante la crisis le ha supuesto diversas críticas de parte de los opositores de Ortega.
Entre las críticas fundamentales está el “permitir” la existencia de paramilitares, o incluso la presencia de armas de guerra contra los manifestantes ejecutados por policías y parapolicías, según organizaciones humanitarias.
El Ejército de Nicaragua ha sostenido que mantiene control, tanto de su personal como de sus armas, y que estos no han tomado parte en actos de violencia.
La Alianza, contraparte del Gobierno en el diálogo nacional, y que tiene como mediador al Episcopado, recordó a las Fuerzas Armadas nicaragüenses el mandato de ley cuando una autoridad “transgrede” las leyes del país.
“La remoción del jefe del Ejército de Nicaragua procede cuando con sus actuaciones transgrede la apoliticidad o apartidismo del ejército”, insistió la Alianza en el comunicado, firmado con fecha de ayer sábado.
En Nicaragua el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente, en este caso Ortega, quien reconoce 198 muertos a causa de la crisis, mientras organismos internacionales y no gubernamentales los cifran entre 322 y 448.
“Cualquier acto contrario a la Constitución Política cometido por autoridad, funcionario o empleado público, constituye un abuso de autoridad o de funciones”, remarcó la Alianza, compuesta por empresarios, estudiantes, campesinos y otros sectores de la sociedad civil.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de los años de 1980, también con Ortega en la Presidencia.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas reformas de la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años en el poder.
EFE