En los países con economías estables la remuneración del trabajo, depende del aumento de la productividad que genere más producción en el sector privado y como un estímulo a la eficiencia en el sector público, por distintas razones ninguna de las dos cosas existe hoy en Venezuela. Por lo tanto por más que el régimen intente con un aumento salarial acercar el poder adquisitivo de la población a la desbocada hiperinflación será imposible, porque ellos van en contravía de lo que debe hacerse para corregir las distorsiones que han creado a nuestra economía.
Ni siquiera un aumento de 3.364% podríamos considerarlo como una indexación salarial, ya que este no cubre los 295.821.795 bolívares fuertes que fue el valor de la canasta alimentaria de julio ni la inflación acumulada entre diciembre de 2017 a julio de 2018 que fue de 10.664%, ni mucho menos la anualizada (entre julio de 2017 y julio de 2018) que fue de 82.766%. Con esto no estamos diciendo que el aumento salarial ha debido ser mayor. Reafirmamos que un aumento salarial debe hacerse cuando exista, por lo menos, una relación armónica entre la oferta y la demanda de bienes y servicios, disciplina fiscal y una política cambiaria eficiente y ese no es nuestro caso, por lo tanto cualquier aumento salarial en estas condiciones se convierte en “sal y agua”.
Ninguna de las medidas anunciadas junto con el aumento de salario va a tener éxito, porque el principal problema del régimen es el no reconocer que existe una grave crisis económica, social e institucional que ellos han creado y que ya están incapacitados para solucionarla. Además, el gobierno no dispone de los recursos económicos ni tienen la disciplina necesaria para corregir los desequilibrios macroeconómicos y han perdido la confianza de nuestra población y de la comunidad internacional. Por lo tanto, todas las decisiones que anuncien en materia económica serán inútiles y solo agravarán más nuestra situación.
Cuando el régimen anunció el aumento salarial se compraba un dólar americano con seis millones de bolívares fuertes y un salario mínimo mensual equivaldría a treinta dólares, hoy sin haber recibido la población laboral el anunciado aumento, un dólar cuesta nueve millones de bolívares fuertes ya el salario se ha reducido el equivalente de veinte dólares, una reducción de un 33% en quince días.
Hoy la demanda de los 25 artículos “convenido” con los productores (antes del anuncio del aumento salarial) ha aumentado y la oferta de estos sigue igual, lo que ha traído como consecuencia un aumento de precio superior a su regulación en el “mercado negro” donde se ofertan y una inflación que estiman los expertos ya se ha duplicado en relación al mes de julio. La respuesta del régimen a este comportamiento de la oferta y la demanda ha sido lo que anunció Maduro como el plan B para hacer “efectivos” sus anuncios económicos: más controles y más represión contra los productores y los consumidores.
Pongamos como ejemplo la oferta y la demanda de la carne y sus derivados. En 1998 existía en nuestro país un rebaño de catorce millones de unidades animales de ganado vacuno (“cabezas de ganado”) y 250 mil unidades de cerdo hembras (“madres”), para una población de aproximadamente veinte millones de habitantes. Pero la inseguridad personal y jurídica, el irrespeto a la propiedad y los mecanismos de control gubernamental a la actividad productiva fueron diezmando nuestra ganadería.
Nuevamente y de forma sorprendente, el gobierno vuelve a aplicar la fracasada fórmula: regulación, control y represión. Esto es evidentemente inviable
Hoy para una población aproximada de 31 millones de habitantes, nos quedan siete millones de cabezas de ganado bovino y 45 mil unidades de cerdos madres. Lógicamente, la caída de la oferta de productos cárnicos ha generado la escasez y la carestía de esta importante fuente de proteína para la demandante población, la cual está imposibilitada de adquirirla. Por esta razón el consumo ha disminuido de veintitrés kilos por persona al año, a seis kilos que es lo que se come actualmente. No hay carne pa’ tanta gente.
La solución a esta crisis institucional, humanitaria y económica es que podamos tener un Estado merecedor de la confianza de nuestra población y de la comunidad internacional. Con la ayuda de las instituciones financieras internacionales y nuestra capacidad productiva vamos a corregir los desequilibrios macroeconómicos, aumentar nuestra producción y ayudar a nuestra población más vulnerable a superar los niveles de pobreza y de desnutrición generados por la corrupción, la indolencia y la incapacidad de este régimen. Los pesimistas dicen que se necesitará mucho tiempo para poner en marcha al país. Eso no es cierto. Cuando se reestablezca la Democracia, podremos trabajar con apoyos internacionales, recursos propios y talento nacional con la capacidad para recuperar a Venezuela, mucho más pronto de lo que se imaginan.