En 1936, el Secretario General del PDN, Jóvito Villalba, luego de la ilegal decisión del entonces gobernador del Distrito Federal relativa al no -reconocimiento de aquella organización política, presenta sus alegatos ante la corte de apelaciones. La transcripción de esos alegatos fue publicado en la prensa “El Popular” en diciembre de ese año.
En ese texto se puede leer una pregunta que, aunque pronto cumplirá 100 años, cobra una inusitada vigencia vista la deriva autoritaria de Nicolás Maduro y el régimen militar que representa: “¿Se permite o no en Venezuela la existencia de organizaciones de oposición? ¿Hemos logrado ya la implantación de un régimen tal de libertades públicas que admita la oposición política dentro de la ley y bajo un programa igualmente lícito?” en 1936, obviamente, la respuesta era no. Pero amigo lector, hoy en Venezuela, en 2018, ¿podemos considerar que es diferente?
De hecho, en 1936 la ilegalización de partidos era particularmente amparada por la proscripción del pensamiento y propaganda comunista. Hoy en día, es contra prácticamente todo el espectro político, fíjense, se ilegalizan partidos minoritarios como Vente Venezuela (Derecha Liberal), Bandera Roja (Marxista), Partido Liberal (Centro Derecha), Primero Justicia (Centro Humanismo), Voluntad Popular (Izquierda Socialdemócrata), UNT (Izquierda Socialdemócrata), PROVE (Centro Derecha), Causa R (Izquierda Sindicalista), Cuentas Claras (Partido localista) y, más recientemente, tras haber logrado en dos oportunidades y contra todo pronóstico validarse, Acción Democrática (Izquierda Socialdemócrata) partido que, con 77 años, es ilegalizado por segunda vez, la primera con Pérez Jiménez y ahora con Nicolás Maduro.
La lista de partidos ilegalizados es más grande aún, incluía también al Partido Comunista de Venezuela (Marxista) pero su alianza tipo “aguanta callao” con el régimen le permitió sortear el escollo a costa de respaldar candidaturas oficialistas. ¿Qué ocurre en un país que ilegaliza la disidencia? Obviamente, se derogan derechos civiles y políticos suscritos por la república en innumerables tratados internacionales y previstos en la legislación nacional vigente, pero, además, también crea efectos perniciosos en el corto, mediano y largo plazo, a saber:
1) Las elecciones pierden su significado competitivo y terminan siendo un “Yo con Yo”, peor, en el caso de Venezuela, coincide la ilegalización de la oposición con la enfermiza permisividad constitucional de la reelección indefinida. Es decir, es un “Yo con Yo” que aspira a la eternidad.
2) Al perder significado la realización de elecciones, se fomenta la abstención electoral, el primer síntoma de ese mal se observó dramáticamente en los fraudulentos comicios del 20M, en un país con 30 millones de habitantes, los escuetos resultados dados a conocer no superaban los 5 millones de electores.
3) La voluntad popular deja de ser el mecanismo para acceder o mantener el poder, por tanto, se legitiman otros mecanismos de lucha política que, por su naturaleza, contrarían los más elementales modos civilizados, entre ellos: El atentado, el golpe militar, la rebelión, la guerra civil, etc.
4) Las decisiones políticas dejan de fundamentarse en el peso de la opinión pública, ahora, sin el tamiz de las elecciones universales, secretas y directas, el régimen responde solo a los interés de quienes le sostienen fácticamente, entre ellos: intereses económicos exclusivistas, el corporativismo militar y potencias extranjeras con la vocación de captar un país satélite “anclado” a sus intereses (Rusia y China).
El régimen, y sus lugartenientes que laboran en el CNE, ilegalizó a los partidos y con ellos el derecho al pataleo. El ciudadano quedó despojado de hacer oír su voz a través del voto, la pregunta de las mil lochas es: ¿el régimen pensará que el descontento popular dejará de manifestarse? ¿De verdad creen que pueden engordar y bailar salsa impunemente en medio de un país entero muriendo de hambre? #ElInviernoSeAcerca
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