Víctimas de falsos positivos entregan informe a la Justicia de Paz colombiana

Jacqueline Castillo, representante legal de Mafapo. Foto: Natalia Márquez.

 

La fundación Madres Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo) entregó hoy un primer informe a la sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que recopila datos sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas en 2008 y conocidas como “falsos positivos”.

EFE

“La importancia para nosotros en la entrega de este informe es que ellos (JEP) puedan escuchar desde las voces de las víctimas realmente lo que sucedió y quiénes fueron nuestros muchachos”, dijo a Efe Jacqueline Castillo, representante legal de Mafapo.

El informe, realizado en conjunto por 14 madres, reúne información sobre 19 víctimas que residían en el municipio de Soacha, aledaño a Bogotá, y que aparecieron sin vida meses después en municipios de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

En Colombia se conoce como “falsos positivos” el asesinato de civiles a manos de militares que los presentaban como guerrilleros muertos en combate para así obtener beneficios o ascensos, y en la mayoría de los casos se afectaron a hombres jóvenes de bajos recursos que eran reclutados bajo la promesa de un empleo.

Los documentos fueron recibidos por los magistrados de la JEP Óscar Parra, Catalina Díaz y Nadiezhda Natazha Henríquez.

Sobre esta entrega, Díaz manifestó que se trata del “primer paso” para que las víctimas puedan comenzar su “participación activa” en la sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, en lo que respecta al Caso 003, que trata sobre las “muertes presentadas ilegítimamente como bajas en combate”.

Asimismo, el magistrado Parra comentó a Efe que la JEP tiene planeado realizar una audiencia con más de 2.000 víctimas, pero que aún falta por definir la “metodología” del proceso.

Por otro lado, los magistrados se refirieron a un informe entregado por la Fiscalía General que detalla que entre 1998 a 2014 se contabilizaron 2.248 ejecuciones extrajudiciales y que este “fenómeno” aumentó de forma “sustancial” en 2002, presentando su etapa más “crítica” entre 2006 y 2008.

El Consejo de Estado calificó esta práctica como “sistemática y generalizada en materia de violaciones graves a derechos humanos”.

El 48 % de los ejecutados eran hombres entre los 18 y 30 años, el 45 % de las víctimas eran campesinos y el 30 % se dedicaba a actividades productivas en las ciudades, detalló la magistrada Díaz.

Añadió que, según la Fiscalía, durante la primera etapa de este fenómeno se vieron afectados pobladores de zonas rurales juzgados por supuestas relaciones con la guerrilla, y en la segunda fueron asesinados en su mayoría los habitantes de los cascos urbanos en condición de vulnerabilidad.

Entre los afectados hay defensores de derechos humanos, sindicalistas, miembros de la comunidad LGBTI y personas con discapacidad física, además de miembros de comunidades indígenas, entre otros.