¿Nueva política cambiaria? Otra gran mentira Por Rosana Sosa García

No hay libre convertibilidad. Sufrimos un cambio en caída libre. Financiamiento monetario del déficit genera inestabilidad. Medidas anunciadas son inflacionarias. La crisis se inicia a partir de 2013. Caída de precios y volúmenes de producción se suman al manejo financiero caótico de PDVSA.

La publicación del convenio cambiario Nro 1 con el anuncio de una supuesta libre convertibilidad es otro intento fallido del gobierno. Persigue la repatriación de divisas por parte de los privados a través de una “legalización” del mercado paralelo en un escenario de acentuada escasez de divisas reflejado en la caída más abrupta de las importaciones en los últimos 20 años.

Más allá de que algunos agentes económicos puedan acudir a éste mercado para evitar el colapso de sus empresas, la medida en sí misma carece de funcionalidad desde el punto de vista de la eficiencia de la política cambiaria como herramienta de estabilización económica.

Cambio en caída libre

En Venezuela actualmente se experimenta un tipo de cambio en caída libre (free falling exchange rate).

En esta coyuntura es imposible rescatar un objetivo definido para el tipo de cambio, la correlación positiva del espiral inflación/devaluación en Venezuela hace que la hiperinflación actual promueva una acelerada depreciación exponencial de la tasa de cambio nominal progresivamente.

Las distorsiones cambiarias y las restricciones en la oferta de bienes y servicios propician el incremento de precios (y su volatilidad), lo que convierte la coyuntura en un mercado cambiario disfuncional al que jamás se le puede definir actualmente como un régimen cambiario de flotación.

Para tener bases sólidas de una adecuada gestión cambiaria es indispensable articular las variables monetarias y fiscales dentro del ejercicio de políticas macroeconómicas, a fin de armonizar los distintos objetivos de políticas públicas.

Financiamiento monetario del déficit

Mientras se sostenga el financiamiento monetario del déficit, y la pérdida de reservas internacionales (que se encuentran por debajo de los 900 millones de dólares), la tendencia de las variables nominales no puede ser gestionada con los instrumentos usuales de política a disposición del Banco Central, ni existe ningún incentivo ni garantía que pueda conducir a la estabilización del tipo de cambio.

Esta es precisamente la situación de la economía venezolana donde se observa la perdida absoluta de la estabilidad del régimen cambiario, y en la actual situación ninguna introducción de medidas podrá revertir el deterioro progresivo de la tasa de cambio.

Al contrario, el conjunto de medidas anunciadas, con el incremento de los gastos fiscales por el aumento de los sueldos y salarios en la administración pública, propiciará aún más el acelerado crecimiento de los agregados monetarios y la financiación monetaria del déficit frente a la brutal caída de los ingresos de origen petrolero.

¿Cuándo se acentúa la crisis del sector externo de la economía?

Este proceso se acentúa a partir del año 2013. Las reservas disminuyeron un 30% y el peso de la deuda pública externa, con respecto a las reservas internacionales, avizoraba la crisis del sector externo; la sola deuda contraída con China representó cerca del 70% de las reservas internacionales y el 20% de las exportaciones totales, unos 17.000 millones de dólares.

La cesta petrolera venezolana pasó de promediar 101 dólares por barril en 2013 a 35 dólares en 2016 y la reducción de los ingresos fiscales de origen petrolero era inminente, este hecho aunado a que ya la producción petrolera era 42% menor a la de 1998 recrudeció el panorama.

La mezcla del desplome de precios y volúmenes de producción fue equivalente a perder dos tercios de los ingresos corrientes en divisas, ello aunado al cierre del financiamiento externo hizo que, ya para el 2013, el país entrara en recesión.

A mediados del 2014, el país no pudo pedir prestado para evitar un colapso de las importaciones.

El cierre del financiamiento propiciaba un programa de ajustes que corrigiera los desequilibrios macroeconómicos para poder reestructurar la deuda externa y evitar recortar drásticamente las importaciones.

No se hizo y ello explica el default en el pago de la deuda externa y la caída histórica en las importaciones de bienes y servicios en el 2017 con una disminución de 80% .

La coyuntura actual es una consecuencia de malas políticas públicas, corrupción y sobre todo el saqueo a las arcas públicas con énfasis en PDVSA.

Es necesario que se comprenda que la situación padecida por Venezuela actualmente es el producto de los errores del pasado.

En la era chavista se emitió un total de 31 bonos de deuda externa (91,3% colocados en la era de Chávez). De los cuales destacan el PDVSA 2016 cupón 5,125% por $434,8 millones, el PDVSA 2017 cupón 5,25% por $3.000 millones, el Global 2020 por $1.500 millones y el Global 2027 por $3.000 millones.

Para mediados de 2017 el sector público venezolano había acumulado una deuda externa aproximada de 178 millardos de dólares.

Se indicaba que las colocaciones eran para incrementar la producción petrolera pero eso nunca sucedió. Dichos compromisos fueron adquiridos para financiar unos planes de expansión que, según el Plan de la Patria, permitirían aumentar la capacidad de producción petrolera a 4 millones de barriles diarios (4,00 mb/d) en 2014 y 6,00 mb/d en 2019.

La producción nacional actual apenas llega a los 1,2 mb/d, según fuentes OPEP.

Una muestra del descalabro financiero en la gestión de PDVSA:

Entre los años 2003 y 2009 PDVSA efectuó un conjunto de operaciones de emisiones de deuda que alcanzaron un monto nominal de USD 25.841.857.000.

La mayoría, sino todas, esas emisiones eran pagadas por los tenedores en moneda local.

Sin embargo, la totalidad de la deuda está denominada en divisas y su repago ha sido y debe efectuarse en dólares.

Al observar la emisión de mas representativa, podemos tener un claro ejemplo de la verdadera relación costo/beneficio de este endeudamiento.

El 12 de Abril de 2,007 PDVSA emite 7.500.000.000 en tres emisiones de obligaciones a vencer en 2017, 2027 y 2037. Con cupones del 5.25 % 5.375 % y 5.5 % respectivamente. Dichas emisiones son pagadas en moneda local a prima, con precio de salida del 105%.

Para ese momento el tipo de cambio oficial era de Bs. 2.15 por USD y el tipo de cambio paralelo alcanzaba los Bs. 3.75 por USD (expresado en bolívares fuertes).

De ahí se deriva que en realidad los bonos fueron vendidos a descuento que resulta de determinar la verdadera cantidad de dólares que obtuvo la empresa de parte de los inversionistas.

Esto indica que los bonos fueron vendidos en realidad a descuento, a un precio de 60,5.

La venta de los bonos PDVSA con un descuento tan significativo, causó una pérdida financiera inmediata a PDVSA por casi 3 mil millones de dólares.

Por otra parte, la obligación del servicio total de la deuda alcanza un impacto patrimonial en costo de servicio de deuda de USD 17.513.500.000, que proviene de sumar el principal y los cupones de las emisiones y restarle a ese monto, el saldo pagado por los tenedores.

El impacto financiero inmediato supone pérdidas que superan en más de 6 mil millones de dólares al comparar las condiciones del endeudamiento con una emisión de letras del tesoro descontando el riesgo soberano (la que podría haber obtenido una empresa de bajo riesgo como debería ser PDVSA).

En palabras sencillas, PDVSA destruye capital en forma inmediata con este tipo de emisiones, al pagar primas por riesgo en exceso elevadas.

Resulta evidente que extrapolando este tipo de gestión financiera del Estado, todas las pérdidas patrimoniales de las empresas públicas no financieras forman parte del déficit cuasi fiscal monetizado que explica la hiperinflación actual y el deterioro en las condiciones de vida de la población.

Pretender solventar estas secuelas del saqueo desproporcionado de las finanzas públicas con un decreto que promueve la repatriación de divisas, no solo es una ilusión sino que refleja una vez más el profundo desconocimiento en el manejo de las finanzas públicas de Venezuela.


Rosana Sosa García es economista PhD