Una pequeña proporción de ciudadanos venezolanos que reside en el país cuenta con un contrato formal de trabajo. Uno de los factores que explica esta situación son las dificultades para tramitar una visa de migrante, lo cual ha llevado a que los migrantes venezolanos trabajen en la informalidad para tener algún sustento económico, publica El Comercio.
Por Patricia González y María V. Espinosa
El pasado miércoles 12 de septiembre del 2018 se encontraban alrededor de ocho ciudadanos venezolanos –algunos en pareja– en un punto del parque El Ejido, en Quito. Vendían las famosas arepas venezolanas, cachapas (tortilla de maíz rellenas de queso), empanadas y tortas.
Entre los comerciantes estaban Omira Palacios y José Martínez, quienes decidieron emigrar al Ecuador por la devastadora crisis económica que azota al país caribeño. Ella es farmacéutica. En Venezuela, además de ejercer su profesión, tenía una guardería. Él es ingeniero industrial y fue trabajador de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) durante 13 años. El último sueldo que recibió como Planificador de Mantenimiento equivale hoy a USD 2,30 (al cambio en el mercado no oficial). “No me alcanzaba para nada”. Palacios emigró primero. Llegó al Ecuador hace seis meses, en un trayecto que incluyó un tramo en avión y cuatro días en autobús. Su esposo la secundó en mayo pasado.
Mientras esperan regularizar su condición de migrantes –tienen cita para la visa en diciembre– se dedican a vender arepas con café o jugo a USD 1. Al día hacen alrededor de USD 30. Viven en el sector de La Tola, donde comparten departamento con otras personas. En Venezuela dejaron tres hijos, de entre 12 y 22 años, a quienes envían dinero regularmente.
De acuerdo con datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el país se han establecido en los últimos tres años alrededor de 250 000 ciudadanos venezolanos. De esa cifra, entre 60 000 y 80 000 corresponden a niños y jóvenes. Pero solo 8.617 contaban con un contrato de trabajo en el sector privado, con corte al 7 de agosto pasado. Esto corresponde al 36% de los extranjeros con contrato laboral, de acuerdo con el Sistema Único de Trabajo, del Ministerio del Trabajo.
Los datos de trabajadores extranjeros en el sector público están en proceso de actualización, indicó la entidad. Un acuerdo ministerial, del pasado 20 de febrero, estipuló la obligatoriedad del registro de trabajadores extranjeros por parte de empleadores. Ese acuerdo estableció el instructivo para el control del ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores migrantes.
“Los inspectores del Trabajo han realizado 579 inspecciones aleatorias a escala nacional, para verificar que se cumpla con los derechos laborales de los migrantes, según lo establecido en el Acuerdo”, subrayó el Ministerio.
El ingreso de los venezolanos al mercado formal de trabajo se consigue con el tiempo y, posiblemente, luego de haber pasado por condiciones precarias de empleo.
Omira Palacios y José Martínez venden arepas en un parque mientras se regularizan. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO.
Eva Figueredo llegó a Santo Domingo de los Tsáchilas hace un año, tras un viaje en autobús desde Táchira, en su natal Venezuela. Desde hace cuatro meses trabaja como vendedora en un almacén de electrodomésticos y muebles, donde firmó un contrato por un año. “Me esfuerzo para obtener el primer lugar en ventas y así poder mantener mi empleo”. Su sueldo sobrepasa los USD 500. Pero no todos los trabajos fueron así. El primer trabajo que tuvo en Ecuador fue en un restaurante como asistente de cocina. No tenía horarios, ni estaba asegurada. Tampoco le hicieron firmar un contrato y le pagaban USD 6 la hora.
Una situación similar vivió Jean Carlos Martínez. Es residente en el país desde mayo del 2017. Su primer destino fue Quito, donde consiguió trabajo en una clínica dental como cirujano odontológico. Pero tras varios días de trabajar no le definían un contrato laboral; así que decidió renunciar. Luego se trasladó a Cuenca, donde tuvo un trabajo temporal impartiendo cursos de odontología. Desde hace nueve meses vive en Santo Domingo de los Tsáchilas, porque le ofrecieron trabajo en una red de servicios odontológicos. Le hicieron un contrato por un año y lo afiliaron al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). A la par, con sus ahorros instaló hace un mes un consultorio llamado Sonrisas Perfectas.
Para quienes tienen menos tiempo en el país, la situación es compleja. Ruth Flores, de 40 años, es médico cirujano con varias especialidades. Su esposo Diomar Solano, de 34 años, es técnico en Higiene y Seguridad Industrial y laboró en Venezuela para transnacionales de la industrial petrolera. Emigraron el 19 de mayo pasado en autobús, con USD 20 cada uno. Él es solicitante de refugio en Ecuador, tras haber sido víctima de la inseguridad en Venezuela y de donde decidió salir incluso sin poder tramitar el pasaporte. Al mes reúnen cerca de USD 300 vendiendo empanadas en El Ejido. Comenzaron con un ‘cooler’ y hoy cuentan con un carrito. En Venezuela tienen cinco hijos, a quienes les envían unos USD 40 a la semana. También tienen cita para la visa en diciembre.
Daniel Regalado, director institucional de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, explicó que las citas para la visas de migrantes demora entre 8 y 10 meses, por el congestionamiento que existe. “A muchos incluso se les vence el pasaporte esperando la visa”. Le preocupa la situación laboral de sus compatriotas en el país.
Al día recibe entre 15 y 20 llamadas por casos de personas a las que no se les reconoce el período de prueba y dejan de percibir entre 15 y 20 días de salario, o a quienes les pagan menos por el solo hecho de ser extranjeros. Otros empiezan a trabajar sin firmar ningún contrato o, en ocasiones, no son afiliados al IESS, señaló Regalado.