Fiscal investiga al expresidente Pedro Pablo Kuczynski y a la actual vicepresidenta de Perú

Fiscal investiga al expresidente Pedro Pablo Kuczynski y a la actual vicepresidenta de Perú

Pedro Pablo Kuczynski. REUTERS/Guadalupe Pardo

 

El fiscal general de Perú, Pedro Chávarry, abrió una investigación preliminar contra el expresidente Pedro Pablo Kuzcynski y la actual vicepresidenta Mercedes Aráoz, por una presunta compra de votos para evitar la destitución del exmandatario, informó hoy el Ministerio Público.

El organismo señaló, en un comunicado publicado en Twitter, que la investigación fue abierta por Chávarry este viernes y también comprende a los congresistas Carlos Bruce, Marvin Palma, Maritza García y Lucio Ávila.

Señaló que se da por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado.

Agregó que, por este mismo caso, se amplió la investigación preliminar contra el exministro de Agricultura José Arista, por la presunta comisión del delito de cohecho activo genérico.

También contra los legisladores Marvin Palma, Clayton Galván, Maritza García, Estelita Bustos, Marita Herrera, Lizbeth Robles y Sonia Echevarría por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

La investigación preliminar se basa en videos y audios grabados por el congresista Moisés Mamani, del partido fujimorista Fuerza Popular, que presuntamente mostraron los intentos de comprar votos de legisladores opositores para evitar la vacancia (destitución) de Kuczynski en diciembre pasado.

Fuerza Popular anunció en diciembre su intención de destituir a Kuczynski en el Congreso por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, aunque en la votación decisiva un grupo de legisladores disidentes de ese partido, encabezados por Kenji Fujimori, evitó ese extremo al abstenerse de votar.

Días después, Kuczynski indultó al expresidente Alberto Fujimori, el padre de Kenji, quien cumplía una condena a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, en lo que fue interpretado como un acuerdo político por haber sido salvado de la destitución.

El fujimorismo planteó un segundo intento de vacancia en marzo pasado y fue cuando Mamani mostró las grabaciones con presuntos intentos de comprar los votos de legisladores para que voten contra la destitución, lo que llevó a la renuncia de Kuczynski, quien fue reemplazado por Martín Vizcarra, quien era su vicepresidente.

Los integrantes del gobierno de Kuczyski así como miembros del partido oficialista Peruanos por el Kambio (PPK) aseguran que fueron víctimas de una celada tendida por el fujimorismo y exigen que en las investigaciones también se comprenda a Mamani.

El presidente Vizcarra ha cuestionado la permanencia de Chávarry como Fiscal de la Nación (general) ante las investigaciones periodísticas y del propio Ministerio Público que lo vinculan con una red de corrupción en las altas esferas en la Judicatura.

Esta semana, un informe presentado por el congresista oficialista Juan Sheput propuso que Chávarry, quien declara ser víctima de una campaña en su contra, sea destituido e inhabilitado durante 10 años para ejercer cualquier cargo público por ser autor “de graves infracciones”.

Este informe deberá ser debatido en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y, de ser aprobado, pasará a manos de la Comisión Permanente del Congreso, que decidirá si llega al pleno para su votación final.

EFE

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