El 28 de septiembre es el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. Según la UNESCO, el “acceso universal” es inescindible del derecho a obtener y recibir información, parte integral del derecho a la libertad de expresión.
En Venezuela, no habrá mucho que celebrar.
El gobierno de Nicolás Maduro minimiza la gravedad de los abusos aberrantes cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad y niega la crisis humanitaria que existe en el país y el éxodo de venezolanos. Tampoco brinda información de interés público, como estadísticas precisas sobre la crisis de salud en el país. Y se esmera en asegurarse de que otros tampoco lo hagan.
La ONG venezolana Espacio Público, que monitorea el estado de la libertad de expresión, presentó 31 pedidos de información al gobierno en 2017, amparándose en la Constitución del país, que consagra el derecho a la información, y en leyes reglamentarias. En los pedidos se solicita a las autoridades que brinden información sobre temas tan diversos como acceso al agua potable, el presupuesto policial o el impacto ambiental de derrames de petróleo por la empresa estatal. Ninguno ha sido respondido. Ha planteado otros 40 pedidos más este año, que tampoco recibieron respuesta.
Durante más de una década, el gobierno ha ampliado y ejercido en forma abusiva su facultad de regular los medios de comunicación, y ha actuado enérgicamente para reducir la cantidad de medios que expresan una posición crítica. La legislación vigente concede al gobierno la potestad de suspender o revocar licencias a medios privados cuando “lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación”, de permitir la clausura de sitios web en el supuesto de “incitación” —una infracción definida de manera muy poco precisa— y de penalizar las expresiones “ofensivas” sobre funcionarios públicos. Si bien algunos pocos periódicos, páginas web y estaciones de radio siguen expresando críticas al gobierno, la autocensura por temor a represalias gubernamentales es habitual.
Ante las dificultades cada vez mayores que enfrentan los medios de comunicación independientes, los venezolanos recurren a Internet para informarse. Sin embargo, en los últimos meses, la empresa estatal CANTV —el principal proveedor de Internet en Venezuela— ha bloqueado reiteradamente el acceso a medios claves de noticias como La Patilla, El Nacional y El Pitazo, según la ONG venezolana Redes Ayuda. Además, apenas la mitad de la población de Venezuela tiene acceso a Internet, afirma IPYS, otra organización que monitorea la libertad de expresión.
El control ejercido por el gobierno está obstaculizando que millones de personas que todavía están en Venezuela sepan qué sucede en su país. Tal vez esto no ocupe los titulares de los medios internacionales, pero es una de las principales causas que permitieron que la situación se deteriore de la manera en que lo hizo.