Foto: REUTERS/Leah Millis
Mientras que el gobierno de los Estados Unidos se está moviendo hacia una política de cambio de régimen en Venezuela, sus acciones pueden simplemente conducir a un enfrentamiento prolongado. En el Senado de los EEUU, los legisladores están trabajando en un proyecto de ley que codifica en gran parte lo que ya existe en la política, pero la medida también podría conducir a una pérdida del poder político y económico para los gobernantes de Venezuela, así como a los procesos por crímenes de lesa humanidad.
Por: Agencia de inteligencia Stratfor / Traducción libre del inglés por lapatilla.com
Si bien la aprobación del proyecto de ley sería significativa, sus estipulaciones hacen que una solución negociada al estancamiento político de Venezuela sea altamente improbable. El gobierno actual no aceptará hablar bajo las condiciones del proyecto de ley y, en cambio, se aferrará cada vez más ferozmente al poder.
El panorama
La crisis de Venezuela se ha extendido más allá de sus fronteras. Con una economía que se está desmoronando rápidamente, decenas de miles de sus ciudadanos abandonan Venezuela cada mes. Por temor a ser encarcelados, las élites políticas de Venezuela han marginado a la oposición y han reprimido los signos de disidencia dentro de las Fuerzas Armadas. En Washington, el empeoramiento de las condiciones está elevando la prioridad de Venezuela en la lista de tareas pendientes de la administración Trump. Sin embargo, hay pocas opciones efectivas para que la administración presione a Venezuela por un cambio político, y la intervención militar sigue siendo muy poco probable.
Un enfoque
El proyecto de ley, patrocinado por 11 senadores, incluido el senador republicano Marco Rubio de Florida y el senador demócrata Robert Menéndez de Nueva Jersey, refleja la realidad política entre Venezuela y los Estados Unidos.
Las relaciones entre los dos países se han reducido hasta el punto de que la eliminación del gobierno de Venezuela ahora se discute abiertamente entre los responsables políticos de Washington.
El proyecto de ley pide a Venezuela que prosiga con negociaciones creíbles para un sistema político justo con elecciones libres, que ha sido la política de los EEUU desde que el gobierno del presidente Nicolas Maduro se negó a reconocer a la legislatura de la oposición electa en 2016. El proyecto de ley también exige que Estados Unidos se involucre en la reconstrucción económica de Venezuela, desde coordinar préstamos multilaterales hasta coordinar el alivio de la deuda junto con prestamistas importantes a Caracas, incluidas las instituciones financieras chinas.
Sin embargo, el proyecto de ley deja poco espacio para las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la Casa Blanca. Washington había tratado previamente de elaborar una transición política que permitiera a Maduro abandonar el poder, pero esas conversaciones fracasaron. Ese revés se debió en gran parte a la extensa red de intereses entre las figuras del gobierno venezolano que estaría en cualquier mesa de negociación.
Demasiadas figuras políticas temen lo que traería un cambio de gobierno, incluso uno cuidadosamente orquestado. Numerosos funcionarios son sospechosos de tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos graves, que podrían llevarlos a una prisión de Estados Unidos o Venezuela. Y otros probablemente temen que sean responsabilizados por el colapso económico y la crisis humanitaria que envuelve al país.
De mal en peor
El proyecto de ley, combinado con la creciente retórica de todo el gobierno de los Estados Unidos, es una clara señal de que la percepción de los Estados Unidos sobre Venezuela está evolucionando y que el país está cobrando cada vez más importancia en el radar de Washington.
Este cambio se debe principalmente a que la crisis ha empeorado y se ha expandido más allá de las fronteras de Venezuela durante los últimos tres años. Decenas de miles de personas huyen mensualmente a los países vecinos en busca de alivio a la hiperinflación y una calidad de vida en rápido deterioro.
Perú, Ecuador y Colombia han adoptado medidas más estrictas para limitar el flujo de migrantes, pero carecen de la capacidad para defender sus fronteras seriamente. Los pasaportes exigentes o el aumento de la seguridad fronteriza son soluciones parciales, en el mejor de los casos.
Dentro de Venezuela, la disminución se puede ver en el aumento de la desnutrición, la escasez de medicamentos y las violaciones de los derechos humanos. Este empeoramiento de las condiciones está generando preocupación entre los organismos regionales como la Organización de los Estados Americanos y los gobiernos vecinos que se oponen a la permanencia de Maduro, como Colombia bajo el presidente Ivan Duque.
Pero a medida que Venezuela se deteriora, las soluciones prácticas para los Estados Unidos siguen siendo difíciles de alcanzar.
El gobierno de EEUU, las empresas estadounidenses y otros tienen intereses en Venezuela, pero reunir esos intereses en una política coherente para abordar directamente la situación ha resultado difícil. Algunas agencias federales, como el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro, tienen inquietudes de seguridad nacional sobre Venezuela.
Las refinerías estadounidenses de la Costa del Golfo, que importan aproximadamente 575,000 barriles por día de petróleo crudo venezolano y exportan crudo ligero y combustible a Venezuela, definitivamente se preocupan por la disminución de la producción petrolera del país y sus inestables finanzas. Y las organizaciones de derechos humanos y una industria casera de grupos de presión en Washington observan de cerca la caída de Venezuela hacia la dictadura. Todas estas preocupaciones e intereses siguen atrayendo la atención de la Casa Blanca hacia Venezuela, pero es improbable que Estados Unidos vaya más allá de la legislación o de sanciones ejecutivas adicionales contra Caracas… por ahora.
Cocer a fuego lento, pero no hervir
Si bien el desastre económico en curso en Venezuela concierne a los Estados Unidos por varias razones, el país no es estratégicamente importante para Washington. Ninguna de las razones de su importancia para varias agencias federales e intereses privados exige la intervención directa de los EEUU. De hecho, la intervención militar de los Estados Unidos es inverosímil, excepto en ciertas situaciones. Por ejemplo, si un intento de golpe de estado provocó que las fuerzas militares rebeldes tomaran grandes franjas del país pero no eliminaran al gobierno, Estados Unidos podría verse obligado a decidir si respaldar a los insurgentes.
En esta situación, la inercia se está apoderando.
Los únicos eventos que pueden romper el impasse son un golpe de estado exitoso o alguna división dentro de la coalición gobernante. Lo primero es probable que lo lleven a cabo las unidades militares que intentan poner fin a las dificultades económicas, y lo último podría ocurrir si los funcionarios del partido gobernante creen que es mejor enfrentar a Maduro y otros en lugar de lidiar con los riesgos de derrocamiento, disturbios, alzamiento de Fuerzas Armadas o intervención.
Las negociaciones que involucren la amnistía o el paso seguro a un tercer país probablemente no estarán disponibles si los Estados Unidos aprueban una legislación que fomente los enjuiciamientos o la fuerte participación de los Estados Unidos en los asuntos económicos de Venezuela.
En esta etapa, parece que Washington está impulsando la relación entre EEUU y Venezuela hacia un enfrentamiento prolongado.
