El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) dijo este jueves que más de 3.000 personas que participaron en manifestaciones antigubernamentales en Nicaragua han sido detenidas desde abril pasado, cuando comenzó la crisis sociopolítica en el país, y que de ellas 459 continúan encarceladas.
De acuerdo con el Cenidh, los manifestantes han pasado por “El Chipote”, una prisión de la Policía Nacional que ha sido denunciada como centro de torturas, así como La Modelo, de máxima seguridad, y “cárceles clandestinas”.
El Cenidh califica a los detenidos de “víctimas” que han sido “secuestradas” puesto que son sacadas de sus viviendas o asaltadas en las calles por policías y civiles encapuchados, sin presentar orden de captura ni de allanamiento, y sin especificar de qué se les acusa ni el sitio donde pueden ser encontrados.
Asimismo considera a los reos como “presos políticos”, con el argumento de que todos han sido señalados de ser “terroristas”, formar parte de un supuesto “golpe de Estado”, y han mostrado su oposición al Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, además de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Organizaciones humanitarias locales cifran en hasta 512 personas muertas debido “a la represión”, mientras que el Gobierno de Ortega acepta solo 199 muertos y más de 200 detenidos, rechaza las denuncias de abusos, y sostiene que es víctima de un supuesto plan para derrocarlo por la fuerza.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario en medio de acusaciones de autoritarismo.
EFE