La muerte trágica de Fernando Albán y aún no esclarecida por el gobierno tiene mucha tela que cortar. Hay interrogantes en torno a este acontecimiento que no han sido contestadas y que generan dudas, incredulidad y, sobre todo, la alerta de los ciudadanos que los responsables no gocen de impunidad como ha sucedido en miles de casos ocurridos en los últimos años en donde se ha vuelto práctica la violación de los derechos humanos.
Nota de Prensa
Esta vez correspondió a los gremios de profesionales y técnicos de las organizaciones políticas UNT y Voluntad Popular, representados por el ingeniero y abogado Alfonso Gutiérrez y el diputado Rafael Veloz, respectivamente, quienes, a través de un Pronunciamiento del Frente Amplio Profesional, le exigen al gobierno que cese la persecución sistemática a dirigentes políticos, a activistas, periodistas, madres y padres, estudiantes, diputados. El clamor es ¡BASTA! a la represión, a la intimidación, a la presión física y mental de millones de ciudadanos que no están de acuerdo con el sistema político actual.
Es oportuno recordar el artículo 343 de la Carta Magna “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentran privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, sometidas a su autoridad en cualquier otra forma.
Los voceros de la lectura del Manifiesto hicieron un llamado a los ciudadanos en defensa de las garantías y principios democráticos de la Nación como lo son el respeto al derecho consagrado en la Constitución Nacional a la vida y a la protesta.
“Hacemos un llamado a Nicolás Maduro y a quienes le acompañan en el poder que cese el radicalismo político y procedan a informar, en este caso en particular, el desarrollo del proceso fiscal y judicial sobre la muerte trágica de nuestro hermano Fernando Albán. Que los responsables de su muerte sean castigados y no quede impune este suceso plagado de opacidad, de desinformación y contradicciones entre los propios funcionarios”.
Por su parte, el parlamentario al PARLASUR Rafael Veloz solicitará en las próximas horas a ese Parlamento, su atención para la apertura de una investigación exhaustiva sobre la muerte de Albán. “Organismos internacionales han examinado minuciosamente las denuncias de las violaciones de los derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza por agentes de seguridad durante los últimos años. Esto está soportado con evidencias que no dejan dudas sobre el particular. Existe un patrón de esa práctica, en donde la desproporcionada e innecesaria fuerza ha ocasionado muertes. Los servicios de inteligencia han incrementado las detenciones arbitrarias e ilegales como una de sus herramientas para intimidar y reprimir a la oposición, compuesta por el 85% de la población que cada día demuestra con las protestas que en todo el país suceden por diferentes motivos pero que apuntan uno solo camino, el cambio político indetenible. Estas detenciones son selectivas y entre las personas arbitrariamente privadas de libertad figuran activistas políticos y sociales, entre ellos nuestro hermano Fernando Albán. También han sido blanco de la tiranía reinante en Venezuela estudiantes, defensores de los derechos humanos, militares, mujeres, adolescentes.
“Tenemos informaciones serias que cerca de 12.320 opositores políticos o personas consideradas como opositoras o amenazas para la tiranía, fueron detenidas arbitrariamente entre enero 2014 y abril 2018 y de esa fecha para acá se ha incrementado el número. De estas personas, más de 7.000 fueron liberadas con la condición de que acaten medidas que restringen sus libertades”
“En mi carácter de diputado al PARLASUR, responsabilidad que me honra, me adhiero a los colegas argentinos Alberto Asseff, Gabriel Fidel, Herman Olivero, Humberto Benedetto, Lilia Puig, María Luisa Storani, Norma Aguirre, Osvaldo Mercuri y Teresa González Fernández quienes con el Parlamentario uruguayo Pablo Iturralde, presentaron el 10/10 una Propuesta de Recomendación con el objetivo de declarar profundo pesar y solicitar una investigación exhaustiva por la muerte del Concejal de Caracas, Fernando Alberto Albán Salazar. Es pertinente que quienes suscriben la Propuesta se basan en que el Parlamento del MERCOSUR tiene la responsabilidad de velar, custodiar, proteger y salvaguardar los Derechos Humanos y el régimen democrático pleno en el amplio territorio del MERCOSUR”.
Por su parte, Gutiérrez, coordinador de profesionales y técnicos de UNT, dijo que “tomando en consideración la desinformación, contradicción y no esclarecidas condiciones de la muerte de Fernando, invocamos la aplicación del Protocolo de Minnesota (2016) de la organización de las Naciones Unidas, que establece una norma común de desempeño en la investigación y un conjunto común de principios y directrices para los Estados, instituciones y las personas que participen en la investigación, además solicitaremos la participación de expertos jurídicos y forenses internacionales que nos garanticen que las investigaciones se harán de forma imparcial, transparente, independientes de cualquier poder, con prontitud y efectividad”.
La lectura del Pronunciamiento del FAP forma parte del homenaje póstumo que hacen los profesionales y técnicos a quién se caracterizó por ser un luchador social incansable: Fernando Albán, cuya muerte no quedará impune.