La Procuraduría de ese país indicó que el empresario barranquillero apareció vinculado en una investigación por las irregularidades en la exportación de alimentos de baja calidad hacia Venezuela, en el marco de los contratos para el abastecimiento de los CLAP, reseñó El Espectador.
En una rueda de prensa este jueves 18 de octubre, la Procuraduría de México dio a conocer los resultados de una investigación en contra de personas que durante los últimos dos años se han dedicado a la venta de alimentos básicos y servicios de logística en Venezuela y habrían incurrido en operaciones inusuales. Según las autoridades mexicanas, se trata de la importación de alimentos de baja calidad para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), negocio en el que entre los principales proveedores aparece Alex Saab, el denominado contratista del chavismo.
Son las mismas irregularidades que desde marzo de 2017 ha denunciado el portal de noticias venezolano Armado Info, que en sus publicaciones ha hecho el seguimiento a cómo el empresario barranquillero Alex Saab y su socio, el colombiano Álvaro pulido -quien antes se llamaba Germán Rubio-, a través de la empresa Group Grand Limited han logrado contratos por más de US$200 millones. Asimismo, los periodistas venezolanos -hoy exiliados en Colombia- dieron a conocer que gran parte de los alimentos importados desde México para los CLAP son de baja calidad y no son suplementos nutricionales que ayuden a enfrentar la crisis humanitaria que se vive en el vecino país.
“Los hechos que hoy nos convocan derivan de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, quien inició una carpeta de investigación en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, en contra de diversas personas físicas y morales dedicadas a la venta de alimentos básicos y servicios de logística, al advertirse operaciones inusuales en su administración”, dijo Alonso Israel Salas, subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada.
El funcionario explicó que todo comenzó el 3 de abril de 2016, cuando Venezuela creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). “Con motivo de dicho programa, de acuerdo a las investigaciones ministeriales, una red de empresas y personas físicas, tanto nacionales como extranjeras, han obtenido recursos públicos venezolanos provenientes de un programa gubernamental de ayuda humanitaria, conocido en Venezuela como “Gran Misión de Abasto Soberano”, que tiene como propósito adquirir despensas alimenticias en diversos países, para posteriormente, exportarlas a Venezuela y distribuirlas entre la población a un precio menor al de su costo comercial y así atenuar la grave crisis de desabasto alimenticio”, señaló la Procuraduría de México.
Las autoridades mexicanas concluyeron que un grupo de empresas y personas ficticias obtuvieron millonarios recursos que no fueron utilizados con fines humanitarios, sino para provecho propio. Según la investigación, adquirieron alimentos de baja calidad para exportarlos a Venezuela y, a través de los CLAP, revenderlos a en un precio 112% mayor al real. Agregó el funcionario mexicano que se identificaron “diversos operadores, como el señor Alex “N”, aparentemente relacionado con autoridades del gobierno de aquel país, así como Álvaro “N”, Emmanuel “N”, Santiago “N” y Andrés “N”, quienes, con el propósito de obtener los productos alimenticios que deben suministrar al gobierno venezolano, acuden a diversos países para contactar con otras empresas”.
Esos nombres harían referencia a las personas vinculadas con la empresa Group Grand Limited en México. Se trataría del empresario Alex Saab, quien hoy es prófugo de las autoridades colombianas por un caso de lavado de activos; su socio Álvaro Pulido; Emmanuel Rubio, hijo de Pulido y uno de los apoderados de Group Grand Limited; Andrés Eduardo León Rodríguez, otro de los apoderados de la empresa; y el mexicano Santiago Uzcátegui, quien ejercía como administrador de la sociedad, que cerró puertas el 21 de marzo de 2017, cuando Armando Info empezó a hacer públicas las denuncias de corrupción en los CLAP.
En la rueda de prensa el subprocurador Alonso Israel Salas sostuvo que se logró un acuerdo reparatorio con diversas personas involucradas en la investigación, sin especificar quiénes. Los términos del acuerdo fueron dos. El primero es que los imputados se comprometieron a entregar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) US$3 millones para la atención de miles de refugiados venezolanos en América Latina. Y el segundo, que los implicados no podían efectuar ningún acto comercial con el gobierno de Venezuela o terceros que se encuentren relacionados con el “envío y comercialización de despensas, alimentos o medicinas en aquel país, con motivo del programa CLAPS de Venezuela”.
Finalmente, la Procuraduría mexicana manifestó que “los elementos aportados por esta investigación serán compartidos con las autoridades competentes a nivel internacional con objeto de continuar la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero y en particular, de este esquema fraudulento”. El cerco a nivel mundial contra el empresario Alex Saab y sus empresas empieza a cerrarse. Mientras en México ya empezaron a indagar por las irregularidades en los CLAP, en Colombia lo buscan, junto a varios de sus familiares, por supuestamente lavar $25.000 millones entre 2004 y 2011 a través de operaciones de comercio exterior ficticias que realizó con su empresa Shatex S.A.