La diáspora venezolana constituye un drama imposible de ocultar, pero paradójicamente también representa una oportunidad: la fuerza laboral calificada es un factor que está impulsando la producción y el consumo en los países receptores, publica El Nacional.
Por MARIELBA NÚÑEZ [email protected] | MARÍA ANDREÍNA PERNALETE [email protected]
“No estaba en mis planes irme”. Eso es lo primero que dice Ronald Villa cuando habla de la decisión de migrar a Panamá en 2013. “Cuando me fui ya se comenzaba a ver la escasez, y eso que no vi lo peor, que llegó después”. Había estudiado Diseño en el Iutirla, en Margarita, y un amigo le ofreció trabajo en el área en una cadena de hoteles del país centroamericano.
Entró allí como turista y comenzó a trabajar –de manera ilegal– a cambio de un pago mensual y una habitación. Debía salir cada seis meses para sellar su pasaporte y prolongar su permanencia. Sin embargo, poco después recortaron el personal de la empresa y se quedó en la calle, sin liquidación ni derecho a pataleo.
Desesperado, en un momento pensó en regresar, “pero no tenía ni para pagar un pasaje de vuelta”. Estuvo desempeñando algunos empleos a destajo hasta que aprovechó una medida de regularización migratoria del gobierno panameño que le permitió, con papeles en regla, postularse para un cargo formal en la empresa de marketing Idearemos, creada por venezolanos y panameños, donde actualmente es director creativo.
La historia de Villa podría reproducirse por miles al hablar de los obstáculos y oportunidades laborales que ha encontrado la diáspora venezolana, fenómeno que sin duda ha desafiado a la región, por la escala que alcanza y las necesidades humanitarias de buena parte de la población que la integra, aquejada de carencias de salud y nutrición, reconoce la politóloga venezolana Betilde Muñoz, directora de Inclusión de la Organización de Estados Americanos y quien coordina, junto con el ex alcalde de El Hatillo David Smolansky, ahora en el exilio, la comisión designada por el organismo internacional para monitorear las condiciones de los migrantes del país desperdigados en el continente.
Una de las interrogantes que intentan responder es el número real del éxodo, pues organismos internacionales como la Organización Internacional de Migraciones, lo sitúan en alrededor de 2,3 millones de personas, mientras encuestadoras locales como Consultores XXI aseguran que superó los 4 millones. “Estamos hablando, por ejemplo, de que en Colombia hay 935.000 venezolanos y en Perú cerca de medio millón”, señala. “Es todo un reto por los servicios que hay que proveer, pero también es indudable que, dado que no se vislumbra que la situación de Venezuela se revierta en el corto plazo, hay que pensar en estrategias de respuesta de mediano y corto plazo para garantizar la inclusión social y laboral de esta población”.
Cambio de papeles. Hasta hace muy poco, Venezuela seguía siendo considerada una nación receptora de migrantes. Todavía en mayo de 2017 el informe Coyuntura Laboral en América Latina, publicado por Naciones Unidas, la Cepal y la Organización Internacional del Trabajo, aunque alertaba sobre la contracción económica del país y la caída del empleo, aún lo situaba entre los de mayor cantidad de inmigrantes en la región: 1,1 millones, cerca de 4,2% de la población. Los datos, sin embargo, se referían a principios de la década, con base en el censo de 2011, que registraba 28.996.000 habitantes. Para esa época se calculaba que habían migrado 439.000 venezolanos.
Sin embargo, ya en 2015 las condiciones estaban cambiando aceleradamente y la salida masiva del país era un hecho, como venía constatando el investigador del Centro de Estudios del Desarrollo de la UCV Tomás Páez, fundador del Observatorio de la Voz dela Diáspora Venezolana, quien se ha interesado por el potencial en materia de talento de la migración. A partir de los datos obtenidos del análisis de 900 testimonios recabados en 41 naciones, comenzó a consolidar la idea de que el éxodo era un beneficio para los países que lo estaban recibiendo y una esperanza futura para Venezuela.
“Encontré que mucha gente estaba hallando en otras naciones la oportunidad de actualizarse en conocimientos y en tecnología para los que en Venezuela ya vamos para 20 años de atraso”, apunta.
El país de acogida, agrega, se beneficia de la migración incluso cuando esta pueda tener baja calificación. “Hay una dinamización del consumo de servicios y de bienes y un enriquecimiento cultural”. No es un fenómeno que solo pueda verse en el caso venezolano, destaca. “La emigración contribuye a reducir la pobreza global”.
Su punto de vista coincide con lo que ha sostenido el investigador del Centro de Estudios para los Refugiados de la Universidad de Oxford Alexander Betts, que a partir de estudios de campo desarrollados en asentamientos de refugiados comenzó a proponer nuevas aproximaciones a la percepción de esa población. Sus investigaciones en Uganda le permitieron desmontar varios mitos que en ese país persistían sobre los refugiados: que estaban aislados, que dependían de la ayuda humanitaria o que eran analfabetos tecnológicos. Por el contrario, encontró que tejían redes de comunicación, que encontraban pronto formas de producir y que tenían conocimientos tecnológicos. El potencial de desarrollo de los refugiados, sostiene, depende de las condiciones que encuentren en el país de acogida.
La especialista en derechos humanos Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz, recuerda que el fenómeno de la migración venezolana es mixto: hay quienes pueden considerarse emigrantes que se marchan en busca de una mejor calidad de vida, y hay refugiados que se ven obligados a huir y cuyas condiciones son de mayor vulnerabilidad. Ambos grupos, sin embargo, se ven arropados por las condiciones de una migración forzada, causada por una emergencia humanitaria compleja. “Por tanto, la demanda de protección internacional rige para ambos”.
Al hablar de soluciones duraderas para el caso de los refugiados, uno de los aspectos que debe garantizarse es precisamente el derecho al trabajo, añade, “que debe tomar en cuenta, por supuesto, el perfil del migrante”.
Acelerar oportunidades. En su carácter de enviada especial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la actriz Angelina Jolie atrajo las miradas del mundo hacia la emigración venezolana durante una visita a Lima. “No quieren caridad, quieren oportunidades para salir adelante”, dijo, luego de conversar con los migrantes.
Son las mismas expresiones que ha recogido Muñoz de sus visitas a refugios en Brasil, Colombia y recientemente en Chile. “Lo que tienen en común es que dicen que quieren permisos de trabajo porque aunque agradecen la ayuda desean sentirse miembros contribuyentes de la sociedad a la que están llegando, y por otra parte necesitan laborar para enviar dinero a sus familias en Venezuela”.
Sobre las leyes que asisten a los migrantes, Borges recuerda que hay un marco jurídico internacional que hace que los Estados garanticen los derechos de esa población, “y los obliga a desarrollar políticas para asistirlos”. Muñoz cita los convenios 97 y 143 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre los derechos laborales de quienes se desplazan a otros países y cómo prevenir la explotación y el tráfico de mano de obra.
La experta de la OEA destaca como positiva la solidaridad regional y las medidas de regularización, mediante la apelación a convenios internacionales, de Mercosur o Unasur, por ejemplo, o por la creación de permisos temporales, que han tomado naciones como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú.
“Hay que reconocer que ningún país estaba preparado para atender este flujo de población y han hecho un esfuerzo, pero si hay algo que deben mejorar es agilizar el tiempo que pasa entre la solicitud de regularización de venezolanos, bien sea en estatus de refugiado, solicitante de asilo o como migrante, y la entrega del permiso de trabajo; porque mientras más pronto puedan insertarse en el mercado laboral, más pronto van a recibir beneficios del Estado receptor y se pueden prevenir problemas como la xenofobia”, indica.
Hacer encuestas con el fin de determinar el perfil de preparación de quienes llegan es también un camino adecuado para ofrecer oportunidades. “En Chile, por ejemplo, saben que 80% de los venezolanos que han llegado son profesionales. Eso podría facilitar la toma de decisiones acerca de adónde dirigir a esa población”.
Mauro Zambrano, dirigente del Sindicato de Hospitales y Clínicas de Caracas, perteneciente a la Federación Venezolana de Salud, un área gravemente afectada por la diáspora, señala que afiliados que han migrado aseguran que aun en ilegalidad encuentran mejores condiciones que en el país.
Sobre eso, Muñoz agrega que también es recomendable hacer más expeditos los procesos de reconocimiento de títulos profesionales –trámite que se ha hecho difícil en Venezuela– y la certificación de conocimientos y de oficios. Borges añade que la capacitación de los jóvenes en áreas de interés para el país receptor es otra manera de integrar la diáspora.
Creadores de empleo. Corina Contreras es una contadora de origen tachirense que, huyendo de la delincuencia, decidió migrar a Chile, donde encontró trabajo en el área de auditoría de una empresa telefónica. Sin embargo, paralelamente ha ido trabajando en la consolidación de un negocio propio, una venta de postres que comenzó a promover inicialmente a través de redes sociales, llamada Un ratito dulce, que regenta junto con su esposo. Más que un pasatiempo, es un emprendimiento que va ganando terreno en su proyecto de vida.
El caso de Contreras ilustra la otra faceta de la migración laboral venezolana: 20% de la diáspora en 2015 había convertido sus empresas propias en su ocupación principal, señala Páez. “Hay una relación directa entre migración y emprendimiento, tiene que ver con que, cuando sales, tienes que reinventarte”, dice.
Capitales semilla que impulsen esas empresas nacientes son otro camino que puede seguir la ayuda humanitaria. “Quien decidió emigrar ya demostró que puede tomar un riesgo, algo que sin duda caracteriza a un emprendedor”, añade Muñoz.
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