Informes presentados por uno de los escritorios jurídicos que defiende al Estado venezolano en E.E. U.U. tanto en la época de Hugo Chávez con en la de su sucesor Nicolás Maduro, y —entre cuyos casos destaca el de Efraín Antonio Campo Flores, sobrino de la pareja presidencial convicto por delitos de narcotráfico en Nueva York— demuestran que tanto las autoridades de Petróleos de Venezuela como el alto gobierno estaban al tanto de las irregularidades que cometían varios empleados con la entrega de contratos a cambio del pago de sobornos. A pesar de ellos, los dueños de las contratistas siguieron disfrutando de jugosos negocios, e inclusive, recibieron el privilegio de ganar asociaciones estratégicas en empresas mixtas petroleras.
Por: Maibort Petit / Venezuela Al Día
Una de las firmas jurídicas estadounidenses preferidas por el gobierno de Venezuela, Squire Patton Boggs advirtió a Petróleos de Venezuela S.A, sus sospechas de que algunos empleados podrían haber estado involucrados en posibles actos irregulares relacionados con procesos de procura de bienes y servicios celebrados con otros proveedores de PDVSA y/o Bariven, incluyendo, entre otros, a Derwick Associates.
Las comunicaciones remitidas entre Squire Patton Boggs y PDVSA cuando era su presidente Eulogio Del Pino, dan cuenta de las recomendaciones formuladas por el bufete estadounidense a la estatal petrolera acerca de los procedimientos a seguir para tratar de recuperar parte del dinero que los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera obtuvieron a través de negociaciones irregulares y la corrupción con la corporación venezolana.
En una de las piezas analizadas, Squire Patton Boggs informa a la petrolera sobre una la investigación que el Departamento de Justicia estadounidense estaba llevando a cabo respecto a ciertas procuras realizadas por Derwick Associates.
A objeto del trabajo realizado era ayudar a PDVSA a recuperar parte de lo esquilmado a su patrimonio por los manejos y negocios irregulares llevados a cabo por Rincón y Shiera y conocer manera de proceder ante las autoridades de los Estados Unidos para resarcir los daños sufridos en su carácter de víctima de las operaciones fraudulentas de los hoy convictos de la justicia estadounidense.
En 2017, Squire Patton Boggs hizo las diligencias pertinentes y solicitó formalmente a la corte del Distrito Sur de Texas en Houston ser considerada “víctima” en el caso alegado donde las autoridades acusaban a varios empleados y contratistas de delitos de corrupción y de haber violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y que conllevó a un desfalco al país de al menos 1000 millones de dólares. Ese recurso fue negado por el juez.
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