La familia del concejal venezolano Fernando Albán, quien falleció hace un mes cuando estaba bajo custodia del Estado, pidió hoy a las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Parlamento de su país que ayuden a lograr una investigación independiente sobre su muerte.
“Exigimos que se practique una investigación independiente con participación de expertos designados por los familiares a los fines de establecer si estamos en presencia de una ejecución extrajudicial”, según un comunicado de la familia de Albán, quien se “suicidó”, según dijo el pasado 8 de octubre la Fiscalía.
En el texto, que es el primer pronunciamiento que realiza la familia y que fue difundido por el partido en el que militaba el concejal, Primero Justicia (PJ), se señala que en Venezuela no hay un sistema que pueda garantizar que se haga justicia en este caso.
“Fernando murió ‘bajo la custodia del Estado’, era conocido opositor del gobierno y su supuesto ‘suicidio’ se verificó en ‘circunstancias inexplicadas’ todo lo cual encuadra en los específicos supuestos de ‘muerte potencialmente ilícita'”, indica el comunicado difundido por PJ, del que también formar parte el opositor Henrique Capriles.
El pasado 8 de octubre, el fiscal general, Tarek Saab, informó sobre el suicidio de Albán tras arrojarse al vacío desde el piso 10 de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde se encontraba detenido por supuestamente estar implicado en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro.
Según dijo Saab, el concejal solicitó ir al baño, “y estando allí se lanzó”.
Ese mismo lunes, el Ministerio del Interior señaló que Albán se encontraba “en la sala de espera” del edificio policial y “se lanzó por una ventana de las instalaciones cayendo al vacío”.
La oposición venezolana inmediatamente rechazó esta versión y aseguró que se trató de un asesinato, al tiempo que denunció que durante su detención fue torturado.
En el comunicado que hace la familia hoy se asegura además que fue, junto al concejal, “víctima de una cruel persecución desde el año 2016” y que tal situación obligó “a su esposa e hijos a exiliarse a otro país”.
Asimismo, cuestionan que el fiscal haya hablado de “suicidio” inmediatamente luego de que ocurriera la muerte sin “haber realizado una investigación previa y que su declaración sea “contradictoria” con la del Ministerio de Interior.
“¿Por qué el señor Saab mintió diciendo en rueda de prensa que ha entregado a los familiares la autopsia? cuando eso es radicalmente falso. ¿Por qué no se conoce con certeza quién realizó la autopsia ni sus credenciales profesionales? si supuestamente existe una investigación sobre la muerte”, continúa la familia en el texto.
También se preguntan: “¿por qué el mismo señor Saab en vez de verificar una investigación transparente, amenaza a quienes señalen que se cometió un homicidio?”.
Por lo anterior los parientes del concejal solicitan a la ONU, la OEA, el Parlamento y al partido PJ “que intervengan y ayuden” a lograr una investigación independiente para esclarecer su muerte.
“Exigimos justicia para Fernando Albán”, culminan en el documento.
EFE