Justicia peruana manda a prisión a dos coacusados con Keiko Fujimori

Justicia peruana manda a prisión a dos coacusados con Keiko Fujimori

Keiko Fujimori, líder del principal partido opositor peruano, Fuerza Popular. | . EFE/Ernesto Arias

 

 

La justicia peruana envió este jueves a prisión preventiva por 36 meses a dos coausados con la líder opositora Keiko Fujimori, por supuestamente recibir y encubrir aportes ilegales de campaña dados por la constructora brasileña Odebrecht.





Por Roberto Cortijo / AFP

En el tramo final de una audiencia iniciada el 20 de octubre, el juez Richard Concepción Carhuancho acogió la solicitud de la fiscalía y mandó a la cárcel a Pier Figari y Ana Herz, dos asesores de Keiko, quien está a su vez en prisión por la misma causa desde hace 15 días.

“Se impone prisión preventiva a ambos imputados”, declaró el juez Carhuancho al anunciar su decisión en presencia de los acusados, que fueron inmediatamente detenidos. Además de Keiko, en prisión preventiva ya se encontraba otro coacusado, Vicente Silva Checa, desde hace cinco días, por integrar supuestamente una “organización criminal” que se enquistó en el partido fujimorista, que manejaba los fondos ilegales de Odebrecht.

El fiscal José Domingo Pérez había concluido el miércoles sus alegatos y en los próximos días el juez Carhuancho debe decidir la suerte de los otros siete coacusados, entre ellos Carmen Paucará, secretaria de Keiko.

Pérez sostuvo que “un testigo protegido la sindica (a Paucará) como la persona encargada de contactar al congresista fujimorista Rolando Reátegui para que busque a aportantes falsos y así ocultar entregas de dinero en efectivo”.

Reátegui se convirtió en un “testigo protegido” por la fiscalía y confesó detalles sobre donantes falsos en la región amazónica de San Martín para encubrir los fondos de Odebrecht.

El martes, el fiscal Pérez había revelado en la audiencia “un acuerdo de cooperación con Jorge Yoshiyama”, el primero de los 11 coacusados en admitir hechos ilícitos en el financiamiento de la campaña de Keiko de 2011.

“Nos están dando información que corrobora que Jaime Yoshiyama Tanaka captó el activo ilícito de Odebrecht con conocimiento de la ilicitud, buscó a (su sobrino) Jorge Yoshiyama Sasaki y le solicitó que ese dinero sea fraccionado, ingresado al sistema financiero a través de falsos o simulados aportes”, dijo el fiscal.

El exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, confesó a fiscales peruanos en Brasil en febrero que entregó un millón de dólares a dos asesores de Keiko, Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Bedoya, ambos coacusados con su líder.

Al desestimar este jueves los descargos de la defensa y la opción de prisión domiciliaria, el juez resaltó la importancia de ambos imputados en la organización criminal dentro del partido y expresó que Herz incluso “había dado órdenes para la compra de testigos”.

Marido de Keiko bajo la lupa

Al justificar la orden de prisión contra Keiko, hija mayor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), el juez Carhuancho dijo el 31 de octubre que era “alto el peligro de fuga de esta investigada”. La abogada de la líder opositora de ancestros japoneses, Giuliana Loza, presentó una apelación la semana pasada con el fin de conseguir que sea liberada.

El juez indicó que la evidencia sugiere que Keiko dirigía la “organización criminal de facto que se ha enquistado dentro del partido” fujimorista, que blanqueaba dinero de origen ilícito.

En tanto, Silva Checa, “un asesor en la sombra” de Keiko, según el juez, estaba encargado de la estrategia política y judicial del partido fujimorista en la campaña de 2011, que ganó Ollanta Humala. Además, el juez Carhuancho anunció que evaluará el 21 de noviembre un pedido de prohibición de salida del país por 36 meses para el marido de Keiko, el estadounidense Mark Vito Villanella, mientras es investigado por presunto lavado de activos.

La investigación contra Villanella fue abierta hace una semana por la compra de dos terrenos con fondos de origen presuntamente ilícito, en 2015 y 2016. Los terrenos, situados en el distrito de Chilca, al sur de Lima, costaron unos 183.000 dólares, que Villanella afirma que pagó con sus ahorros, criticando la decisión de la fiscalía.