El caos económico, político y social en Venezuela ha obligado a más de tres millones de personas a huir del país en años recientes. Y aunque ya hay migrantes venezolanos en casi todos los países latinoamericanos y caribeños, están descubriendo que no hay dos situaciones que sean iguales. Así lo reseña El Nuevo Herald
Aunque a veces les ofrecen permiso temporal de trabajo en Colombia, Perú y Chile, algunos países y territorios pequeños en el Caribe han sido mucho menos receptivos.
En la isla holandesa de Curazao, las autoridades tomaron el control de la inscripción de refugiados y solicitantes de asilo en el julio del 2017. Desde entonces, un informe de Amnistía Internacional concluyó que el gobierno sencillamente no ha aprobado más solicitudes de asilo y ha aumentado las deportaciones. En el 2017, el gobierno de Curazao repatrió a 1,203 venezolanos, y otros 386 fueron deportados durante los primeros cuatro meses del 2018, muchas veces sin el derecho a solicitar protección. La Casa Blanca también ha hablado de la idea de negar asilo a los que entran ilegalmente a Estados Unidos.
La reacción ocurre en momentos que algunas islas caribeñas pequeñas temen quedar inundadas de venezolanos. En Curazao, el 16 por ciento de la población es venezolana. En Aruba, otra isla caribeña, los venezolanos son el 15 por ciento de la población, y en Trinidad y Tobago representan el 3 por ciento, según las cifras más recientes de la ONU.
Pero Rodney Charles, legislador de la oposición, dio que el gobierno tiene un profundo conflicto. Trinidad está a menos de 15 millas de Venezuela y tiene fuertes lazos económicos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Charles dijo que hay temores de que si Trinidad reconoce abiertamente los casos de asilo y refugio, “va a alienar al gobierno de Maduro”.
Pero también existe el temor real de que la isla “sea abrumada por los inmigrantes venezolanos”, dijo.
“No tenemos una política exterior bien pensada, nuestra políticas de inmigración no refleja nuestras circunstancias actuales”, afirmó Charles. “El enfoque del gobierno es meter la cabeza en la arena y esperar que las cosas pasen”.
Mientras tanto, los venezolanos que viven en Trinidad y Tobago dicen que se sienten atrapados en un lugar donde quizás tengan el derecho a existir, pero no a vivir plenamente. Y temen que los arresten o los deporten cada vez que salen de su casa.
Andrea, de 27 años y madre de dos hijos, de Valencia, Venezuela, dijo que supo que tenía que huir de su país cuando su cheque quincenal de un empleo en una tienda de víveres la alcanzaba solamente para comprar alimentos para dos días, en medio de la hiperinflación desenfrenada. Como los otros inmigrantes, se subió a una embarcación sobrecargada y llegó al extremo sur de Trinidad.
Estuvo dos meses trabajando ilegalmente en una finca por unos $20 al día, antes que uno de los obreros la denunció a la Policía. Aunque había solicitado asilo, dice que la enviaron al Centro de Detención de Inmigración, y entonces estuvo tres meses presa por cargos de entrar al país ilegalmente.
En la cárcel, dice que la albergaron con asesinos y traficantes de drogas. “Es un lugar brutal y desagradable donde no debe estar ningún ser humano”, dijo. Al final la trasladaron de regreso al centro de detención, donde estuvo otros dos meses, y ahora enfrenta la deportación, pero esa decisión está suspendida temporalmente debido a su estatus de solicitante de asilo.
En abril, cuando Trinidad y Tobago deportó a 82 venezolanos, entre ellos algunos que habían solicitado asilo, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calificó la situación de una “preocupación grave” y pidió al país que “respetara sus obligaciones internacionales”. Desde entonces, dicen los defensores, Trinidad y Tobago no ha deportado en masa a solicitantes de asilo, aunque a muchos le preocupa que sea una posibilidad real.
Enfrentados a esta situación, muchos de los venezolanos culpan a la ACNUR y a otras organizaciones sin fines de lucro por procesar sus solicitudes de asilo pero no ayudar a garantizar sus derechos. Pero las otras agencias señalan que dependen completamente del gobierno de Trinidad y Tobago.
“El hecho que una persona o familia se vea obligada a huir de su país y estén en otra nación —no por decisión propia sino para poder seguir vivos— no debe ser algo que les impida tomar el control de su vida y tener un mínimo de dignidad”, dijo Chris Boian, portavoz de la ACNUR. “De esto es de lo que nuestra organización habla a diario con gobiernos de todo el mundo”.
Dadas las restricciones en Trinidad and Tobago, a muchos les gustaría irse a vivir a otros países donde puedan trabajar legalmente. Pero la realidad es que menos de 1 por ciento de los refugiados y solicitantes de asilo cumplen los requisitos de reasentamiento debido a la cantidad que aceptan los países receptores.
“La dicotomía es cómo ayudar a personas que han sido desplazadas forzosamente y están en otros países, encontrar soluciones aceptables para ellos y, sobre todo, para los países que reciben a los refugiados”, dijo Boian. “Y no hay dos situaciones que sean iguales”.
Mario, uno de los solicitantes de asilo, dijo que, de muchas maneras, la vida que lleva en Trinidad es muy parecida a la que dejó atrás.
“En Venezuela siempre estaba preocupado de que el SEBIN [la policía política] me arrestara, y aquí me preocupa que me arreste la Policía”, dijo. “La diferencia aquí es que si trabajas puedes ganar lo suficiente para comer, y eso no es posible en Venezuela”.
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