Las más recientes informaciones, ampliadas por las redes sociales, confirman las sospechas de la enorme lavadora de capitales que explica también al régimen y a sus agentes. Un señor de apellido Andrade ha reconocido sus culpas en suelo estadounidense, mientras que, sobre otro señor de apellido Gorrin, ya pesan graves señalamientos.
La Fracción Parlamentaria 16 de Julio, recientemente, ha pedido que la Asamblea Nacional debata el próximo martes sobre la materia. Es natural que lo haga, sobre todo por las dimensiones de los delitos que se asoman, aunque otras voces la cuestionan con rapidez, como si exigir una discusión de fondo fuese un crimen mayor a los que se ventilan más allá de las fronteras.
La principal herramienta de la instancia, no es otra que la polémica. No se entiende un cuerpo deliberante que no delibere, según el parlamento anómico de este siglo XXI que urge de ser, precisamente, parlamento.
Desde el inicio mismo del presente mandato constitucional, en 2016, Vente Venezuela y la dirigencia nacional que se apersonó en el Palacio Legislativo para exigirlo, junto a sus diputados, impulsó una iniciativa legislativa para afrontar el problema de los capitales de la corrupción y su devolución, explicada por una metodología de amplio reconocimiento internacional. Ambos, integrantes de la Fracción Parlamentaria 16 de Julio, el diputado José Luis Pirela ha aportado un proyecto afín y el diputado Omar González, interpretando el sentir ciudadano, públicamente pidió que la venidera sesión ordinaria se ocupe de un tema nada baladí.
Entendemos, la Comisión Permanente de Contraloría tiene importantes recaudos acumulados, pero es obvia la necesidad de actualizarlo a la luz de las más novedosas noticias que, de nuevo, colocan al país en un sitial nada envidiable del hampa que cruzó los linderos del descaro. Sobre todo, cuando el camino hacia la transición debe ser tranparente para que ella mismo lo sea.