El pasado martes, el parlamento venezolano continuó saldando parte de la deuda que posee con la universidad venezolana: unánimemente votó el acuerdo conmemorativo y celebratorio por el día del estudiante (21 de noviembre) y por el día del profesor universitario (5 de diciembre). Quedan pendientes asuntos de una profundidad mucho mayor: la indispensable nueva ley de universidades y la ley de autonomía universitaria, que blinde a las máximas casas de estudio de los ataques desde el poder establecido, como ocurre ahora sin pudor alguno.
Allí estuvimos varios profesores de la Universidad Simón Bolívar respaldando no sólo este acuerdo sino propulsando la idea de garantizar legalmente la autonomía. La fracción 16 de julio, ahora dirigida por la diputada Dignora Hernández, fue la encargada de presentar el acuerdo a través de los planteamientos esgrimidos por el diputado Luis Barragán, firme adalid también de nuestras instituciones y sus derechos.
Ahora bien, el problema legendario de la autonomía universitaria, con sus altas y sus bajones históricos (como el presente), bastante bien esbozados por el escritor y profesor universitario Alexis Márquez Rodríguez en un texto justamente publicado por la Editorial Equinoccio de nuestra universidad, USB, titulado: Autonomía universitaria y revolución, nos encuentra en uno de sus peores momentos: universidades intervenidas directamente desde hace años, imposibilidades de hacer elecciones rectorales ni de representación en los consejos, autoridades designadas desde el poder (caso USB), saltándose decisiones de la comunidad académica en consulta, intervenciones en el presupuesto que llevan a que el régimen disponga a su querencia de los alimentos que se ingieren en los comedores, entrega directa de los uniformes de obreros o la más reciente “dotación” de los laboratorios (USB y ULA, por ejemplo); todo ello muestra, a la par de los continuos allanamientos e intervenciones en elecciones estudiantiles (como en la Universidad de Carabobo), un canallesco y grotesco interés de apoderarse como sea de las universidades. De arrebatar donde no se gana. Y esto debemos detenerlo de inmediato y de cara al futuro, legislando y haciendo cumplir la ley para la evitación de las lesiones personales e institucionales, como hemos visto estos años “revolucionarios”.
Así, se hace obvio lo planteado por Alexis Márquez Rodríguez: “Parece que ningún gobierno, cualquiera que sea su orientación ideológica, tolera que una institución como la universitaria, a la que, además, financia, sea incómodamente crítica frente a las políticas oficiales, sin darse cuenta de que tal comportamiento de las universidades, antes que dañar las funciones de gobierno, más bien busca corregirlas y mejorarlas cuando ello sea menester”. Insisto, hace falta legislar ya, para hoy colocar todas las cortapisas posibles al poder contra las universidades y para que el futuro las encuentre blindadas a los desmanes despóticos y las intolerancias.
Este 5 de diciembre volveremos a celebrar el inmediato decreto de Edgard Sanabria en 1958, conmemorando el día del profesor universitario, sus luchas y los alcances políticos y sociales de las mismas dentro y fuera de las instituciones que los albergan. Celebraremos con pena aquel famoso y trascendente decreto. Con la pena de reconocer los inmensos retrocesos en la autonomía, en la libertad de criterio y de expresión de pensamiento, en la libertad democrática. Aun así, nos afianzamos en la idea de que la autonomía es indispensable para la sobrevivencia institucional de la universidad venezolana. El parlamento venezolano debe cumplirle al país, generando la ley que establezca los límites para hacer cumplir lo más ampliamente posible la autonomía. Celebramos y demandamos del mundo político nacional un mayor interés por atender las necesidades de las universidades, por ellas mismas y sus miembros, por la libertad.